Número 94

Número 94

EDITORIAL

Por las verdaderas democracias y contra el imperio.

 

En nuestro anterior número ya habíamos vaticinado que  “…venezolanos, nicaragüenses, bolivianos y cubanos no pueden esperar tranquilidad ni paz creadora en este 2019”; el primer mes del año confirmó plenamente esa apreciación.

 

En lo que a Cuba respecta, primero se supo que un “programa” de robo de cerebros que puso en práctica el entonces presidente George Bush, en 2006, y que derogó en 2017  como “regalo” de despedida Barack Obama, ahora trata de rehabilitarse para promover la deserción del personal médico cubano que presta sus servicios en países del tercer mundo, al concederle visas de entrada a los Estados Unidos y promesa de trabajo en ese país.

 

Días después, el Departamento de Estado de los Estados Unidos lanzó contra Cuba y el resto del mundo la amenaza de fortalecer el bloqueo económico, comercial y financiero al dar a conocer que estudia la aplicación del Título III de la extraterritorial Ley Helms-Burton, lo que conllevaría a que cualquier ciudadano estadounidense pueda reclamar ante las cortes de ese país propiedades confiscadas, con posterioridad al 1 de Enero de 1959, a cualquier ciudadano natural o jurídico sin distinción de nacionalidad, incluyendo los propios cubanos que residan en la Isla; ese derecho de reclamación incluiría a los  que después de esa fecha, Triunfo de la Revolución, abandonaron su país y se hicieron ciudadanos norteamericanos.

 

Cabe aclarar que todas las personas extranjeras, naturales y jurídicas, recibieron indemnización por sus propiedades nacionalizadas en Cuba, menos los estadounidenses pues los gobiernos de ese país, con la soberbia que los ha caracterizado, se han negado a entablar negociaciones al respecto.

 

Un gobierno fiel aliado al estadounidense, el colombiano, al igual que contra Venezuela, también se mostró cómplice de la administración de Donald Trump contra Cuba, pese a todo lo que ha hecho la Isla en pro de la paz en este país, lo que ha sido reconocido por muchos organismos internacionales, incluyendo la ONU.

 

El hecho de que tras la ruptura de las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por parte del presidente colombiano, Iván Duque, éste exigiera a Cuba la entrega de los dirigentes guerrilleros que allí se encuentran, como parte de la delegación negociadora, ha dado pie, en contubernio con Estados Unidos, a una campaña de descrédito encaminada a intentar mostrar a Cuba como aliada de agrupaciones terroristas, en referencia al atentado llevado a cabo por el ELN contra la Escuela de Cadetes de la Policía, que dejó sin vida a 21 uniformados.

 

Al respecto el gobierno cubano ha dejado clara su posición en el sentido de que se ceñirá a los protocolos de la negociación suscritos entre el  ELN y el Estado de ese país, que prevén un retorno seguro de los negociadores a territorio colombiano en caso de ruptura de las conversaciones, posición que también comparte Noruega, ambos países garantes de esos intentos de búsqueda de la paz.

 

Claramente se puede observar que Iván Duque proporcionó el pretexto para que inmediatamente la administración de Donald Trump “comience a evaluar” la inclusión de Cuba en su lista de países patrocinadores del terrorismo -malintencionado listado de que fue excluida en la anterior administración de Barack Obama-, alegando dicho atentado y un supuesto apoyo logístico a la Revolución Bolivariana que ha impedido su derrocamiento.

 

Por su parte, en consonancia con el papel de incondicionalidad a Washington que viene jugando el gobierno canadiense, la administración de Justen Trudeau decidió reducir en un cincuenta por ciento su personal diplomático en La Habana, alegando un nuevo caso de “misteriosas” lesiones cerebrales entre sus diplomáticos, para un total de 14 entre estos y sus familiares. Debemos recordar que el gobierno de Donald Trump también alegó tales lesiones entre sus diplomáticos en La Habana, provocadas por posibles ataques sónicos (de no tratarse de algo tan serio, movería a risa), para reducir al mínimo su misión diplomática.

 

En lo que a Bolivia respecta, el apoyo brindado por Evo Morales al gobierno venezolano, al que claramente identifica como “democrático, legítimo y constitucionalmente elegido” ha sido aprovechado por la ultraderecha para atacarlo. Siguiendo el guión venezolano, la “gran prensa” se hace eco de cuanta voz  oposicionista declare que ese apoyo “no representa el sentimiento mayoritario de Bolivia”.

También han sido tomada como pretexto para los ataques, las primeras elecciones primarias efectuadas en la historia de ese país, encaminadas a la democratización de los partidos y movimientos políticos, que a partir de ahora no designarán a sus candidatos desde sus cúpulas y si desde el voto de sus militantes. Al decir del presidente Evo Morales: “Con las elecciones primarias, la designación de candidatos vuelve a las manos del pueblo organizado en militancia de organizaciones políticas, que decide libremente quiénes serán sus representantes en las justas electorales. Ahora se elige postulantes con voto y no con plata”.

Aunque ocho aspirantes –seis de ellos opositores- fueron inscritos por sus agrupaciones políticas como candidatos a las elecciones presidenciales, que se efectuarán el próximo mes de octubre, y todos fueron confirmados en sus candidaturas para el período 2020-2025, la realidad es que los partidos opositores hicieron un llamado a la abstención y sólo acudieron a las urnas a fin de ser confirmados, pues los votos de sus militantes sumaron un cinco por ciento en todo el país, contra un treinta y cinco de los del Movimiento al Socialismo (MAS), del presidente Evo Morales.

 

Desde ya se observa en Bolivia la réplica del guión utilizado por el imperialismo y las ultraderechas latinoamericanas: ante la imposibilidad de ganar en elecciones llaman a la abstención, para luego gritar que los comicios fueron fraudulentos.

 

En Nicaragua, tras el fallido golpe de Estado contra el presidente Daniel Ortega, con un saldo de cientos de muertos y heridos, y la aprobación del  Congreso de los Estados Unidos y la rúbrica por parte Donald Trump de la Ley de Condicionalidad de la Inversión Nicaragüense (Nica Act), para intentar ahogar económicamente a ese país, han continuado los intentos a través de la desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA) de aplicarle al gobierno sandinista la llamada Carta Democrática Interamericana. (Ver La Nica Act. Un nuevo capítulo de la Doctrina Monroe. De Nuestra América. No.82/ 2017-10-15)

 

El escudero imperial, Luis Almagro, al igual que en el caso venezolano, ha acudido a todos los subterfugios para lograr una condena en la Organización de Estados Americanos (OEA) que aísle a ese país centroamericano, pero en ambos casos, pese a las enormes presiones estadounidenses, no ha conseguido lograr una mayoría lacayuna que permita una condena. El desprestigio de este personaje ha llegado a tal extremo que el Frente Amplio de Uruguay, partido de gobierno que lo candidateó para ese cargo, tomando en consideración que había fungido como ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Pepe Mujica, lo expulsó de sus filas, producto de su conducta manifiestamente antidemocrática.

 

Hemos dejado como último caso, entre los insumisos, la valoración del tema venezolano, país que resiste todo tipo de agresiones y que incluso se encuentra amenazado de una agresión militar por el propio presidente estadounidense.

 

Desesperado el imperio al no conseguir quebrar la lealtad de las Fuerzas Armadas Bolivarianas hacia la Constitución y al presidente legalmente electo, Nicolás Maduro, decidió llevar hasta el final el plan que se había trazado desde que en mayo del pasado año el Frente Amplio de la Patria, con Maduro como candidato, alcanzara la victoria en los comicios presidenciales, con un “…68 por ciento de los votos, bien distante de los contendientes oposicionistas de derecha Henri Falcón con el 21 por ciento (Avanzada Progresista, Movimiento al Socialismo y Copei); Javier Bertucci, 11 por ciento (Esperanza Por El Cambio)  y Reinaldo Quijada 0,4 por ciento (Unidad Política Popular 89)”.(Ver Ganó Maduro ¿Algo cambia?. De Nuestra América. No. 89/  2018-06-02).

 

Por cierto, tras efectuarse los comicios, ninguno de los candidatos oposicionistas participantes impugnó los resultados.

 

Como es lógico, el sector golpista de la oposición, en alianza con el imperialismo y sus secuaces (Grupo de Lacayos de Lima y Unión Europea) se negó a participar en esos comicios, pues conocían de antemano que sus acciones desestabilizadoras -que llevaron a la pérdida de alrededor de 120 vidas, la inmensa mayoría como consecuencia de asesinatos de los grupos paramilitares ultraderechistas, incluyendo a 9 fallecidos al ser quemados vivos-, eran ampliamente rechazadas por el pueblo, ante el que habían quedado desacreditados. (Ver En la Venezuela de hoy se decide el futuro de Nuestra América. (I y II partes). Números 80 y 81; 2017-07-15 y 2017-08-25, respectivamente).

 

Tras el aplastante triunfo electoral del chavismo en esas elecciones, la administración estadounidense y la ultraderecha nacional intensificaron aún más sus labores contrarrevolucionarias encaminadas a destruir a la Revolución Bolivariana, o por lo menos lograr que en enero del presente año, en los días de la toma de posesión de Nicolás Maduro para su segundo mandato, el país estuviese sumido en el caos. Todo ha sido ensayado para lograr ese objetivo, desde el intento de magnicidio contra el Presidente, pasando por todo tipo de agresiones económicas, sabotajes, compra de conciencias, traiciones de todo tipo, guerras mediáticas…

 

Ante el fracaso de la escalada, el imperialismo y la ultraderecha del Continente han decidido jugarse todas las cartas para destruir a la Revolución Bolivariana. Al decir del propio Donald Trump, todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo la militar.

 

Para lograr sus fines –bien claros desde que  el expresidente Barack Obama declaró que Venezuela constituía “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de EE.UU.”-, y ante la falta de apoyo internacional, pues ni en el seno de la OEA han logrado una mayoría de países que apruebe una declaración intervencionistas, los gobernantes norteamericanos acudieron a la creación del llamado grupo de Lima (por algunos llamado Cártel de Lima, en alusión a los gobernantes mafiosos que lo integran), en el que se nuclean las autoridades derechistas del Continente, para intentar dar algún viso de “legalidad” y “apoyo” al intervencionismo.

 

Así, ante la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro para el período 2019-2025, optaron por crear un artificial gobierno paralelo que fuese reconocido por ese Cártel de Lima y sus dependientes socios de la Unión Europea, la misma que lo apoyó en las invasiones a Afganistán, Irak, Libia y ahora la agresión contra Siria.

 

El personaje escogido para esta aventura fue Juan Guaidó, diputado opositor por el ultraderechista Partido Voluntad Popular -uno de los organizadores de los actos terroristas que han causado la muerte a cientos de venezolanos-, quien se autojuramentó como “presidente encargado” ante algunas decenas de sus seguidores.

 

Todo lo coordinó minuciosamente el gobierno estadounidense. Minutos después Guaidó fue reconocido por el gobierno de Donald Trump y acto seguido el Cártel de Lima hizo otro tanto (excepto México), así como por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en contra del criterio de la mayoría de los miembros de esa organización. La Unión Europea, como si estuviésemos en tiempos en que gobernaban sus imperios, envió un ultimátum a Venezuela para que su gobierno “convocara” a elecciones generales.

 

Las imágenes de ese show “democrático” son repetidas por “la gran prensa” y las “redes antisociales”, en la que el imperialismo invierte millones para confundir y crear estados de opinión.

Como es lógico, para nada se dice que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no existe el cargo de “presidente encargado” y que en su Artículo 233 se expresa muy claramente que: “Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato”.

Claramente se puede apreciar que ninguna de las anteriores causales se encuentra presente en Venezuela, pues el presidente Nicolás Maduro está vivo, no ha renunciado, ni ha sido destituido.

Por esta vía, cualquier ciudadano de cualquier lugar del mundo, puede autoproclamarse ante un grupo de amigos como presidente de su país y ser reconocido como tal siempre que Estados Unidos, acompañado de sus acólitos, así lo reconozca.

Amparado en el desconocimiento del gobierno legítimo en Venezuela, las autoridades estadounidenses han sustraído activos y fondos de la empresa petrolera venezolana Pdvsa por valor de 23.000 millones de dólares, a fin de asfixiar económicamente al país bolivariano. A la vez, el mercenario Guaidó le pide apoyo al imperio para derrocar al gobierno legalmente constituido.

Al margen de que desgraciadamente tengamos que volver sobre el tema de la agresión contra el pueblo venezolano, queremos dejar aclarada a nuestros lectores la posición de que no caben términos medios y mucho menos condicionamientos; es ahora que Venezuela precisa del apoyo incondicional de todos los hombres y mujeres de buena voluntad.

 

Nunca en la historia de las relaciones con Latinoamérica, los gobiernos estadounidenses han apoyado a los gobiernos progresistas. Por el contrario, sus amigos y aliados han sido los Somoza, Fulgencio Batista, Rafael Leónidas Trujillo, Alfredo Stroessner, Augusto Pinochet, Rafael Videla…, por citar sólo a los más connotados sátrapas.

 

El imperio lo que busca es el petróleo y todas las enormes riquezas que atesora el territorio venezolano; es por eso que combate a la Revolución Bolivariana. Si en Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela gobernaran sangrientas tiranías, éstas fueran aliadas de los gobiernos estadounidenses, demócratas o republicanos por igual. Nadie puede dejarse confundir.

 

En los casos específicos de los gobiernos de España y Portugal, por la proximidad histórico-cultural con nuestra área, se les debe hacer saber que con su apoyo a la política imperialista estadounidense contra Latinoamérica y el Caribe cavarán  un nuevo profundo foso que siempre será recordado como paradigma de la ignominia. De ocurrir una invasión estadounidense, la agresión de un país vecino para justificar esa invasión o una guerra civil instigada desde el exterior, la sangre de los caídos salpicará a los cómplices mandatarios europeos.

 

Ni siquiera el dictador Francisco Franco, en su época, actuó contra Cuba, a pedido de Washington, de la forma en que hoy lo hace contra Venezuela el “socialista” Pedro Sánchez que ya, en estos momentos, empequeñece a José María Aznar en el papel de lacayo.

 

Eddy E. Jiménez

TITULARES

– Título III de la ley helms-burton: Ilegalidad y consecuencias. Por Rodolfo Sávalos Fernández

Uso de (falsos) datos migratorios como propaganda pro-intervención

¿Crisis migratoria de venezolanos?  Por Itzamná Ollantay

– El antídoto contra la manipulación de los medios concentrados. Por Javier Tolcachier

Título III de la ley helms-burton: Ilegalidad y consecuencias

Por Rodolfo Sávalos Fernández

 

Como todo ese engendro mal llamado Ley (y nada más y nada menos que «Para la Libertad»), el Título III de la Helms-Burton es absolutamente ilegal, no solo en atención al Derecho internacional, sino también en materia constitucional, procesal y de competencia judicial internacional.

 

Permite a los ciudadanos estadounidenses que fueron objeto de nacionalizaciones o expropiaciones por las leyes cubanas a partir de enero de 1959, de bienes por un valor superior a 50 000 dólares, presentar reclamación ante las cortes de ee. uu., contra aquellas personas que «trafiquen» con sus antiguas propiedades, sin tener en cuenta razones y fundamentos básicos en materia de nacionalizaciones, entre otros la competencia exclusiva para conocer y resolver sobre ellas de los tribunales del Estado expropiante, como establece la Resolución 1803 (xvii) aprobada por la Asamblea General de la onu, el 14 de diciembre de 1962, titulada Soberanía permanente sobre los recursos naturales, que dispuso: «En cualquier caso en que la cuestión de la indemnización dé origen a un litigio, debe agotarse la jurisdicción nacional del

Estado que adopte esas medidas. No obstante, por acuerdo entre Estados soberanos y otras partes interesadas, el litigio podrá dirimirse por arbitraje o arreglo judicial internacional».

 

Sin atender al Derecho internacional ni a las más elementales reglas de competencia judicial internacional, a las cortes de ee. uu. se les endosa una competencia que no tienen. Es cierto que  la función jurisdiccional es un atributo de la soberanía y que se ejerce exclusivamente por los tribunales de un Estado determinado dentro de su territorio. Pero es cierto también que su ejercicio extraterritorial solo puede llevarse a cabo cuando se halle expresamente consentido por el Estado extranjero afectado, o establecido por Convenios internacionales.

 

Hasta aquí se aprecian las violaciones siguientes:

÷÷ Los tribunales nacionales de un Estado no constituyen foro competente para conocer y pronunciarse de reclamaciones de Estado a Estado.

÷÷ Ningún Estado tiene derecho de atribuir responsabilidad a nacionales de terceros Estados por la utilización de bienes expropiados situados en el territorio del Estado expropiante, cuando tal utilización cumpla con las leyes de este último.

÷÷ Igualmente, no tiene derecho de atribuir una responsabilidad a terceros no involucrados en una nacionalización, creando en su detrimento motivos de responsabilidad no vinculados a la nacionalización, o no reconocidos por el Derecho internacional sobre esta materia, modificando así las bases jurídicas de la responsabilidad.

 

Mención para dos de los soportes fácticos y «legales» de la absurda regulación: concepto de nacional estadounidense y el de traffik.

 

Por nacional estadounidense, o sea, persona con derecho a reclamar, se amplía el concepto y la atribución de la nacionalidad más allá de los límites legales establecidos para las demás personas en ee. uu., incluyendo a los propios cubano-americanos en otras relaciones jurídicas, de manera que los afectados disfrutan de protección estatal como estadounidenses al momento de la nacionalización. Es una violación flagrante de cualquier sistema utilizado para la consideración de la nacionalidad de un Estado determinado, al tomar como nacional, a los efectos de la protección que concede la Ley, a quienes en realidad no lo son, sino simplemente se encuentran en territorio de ee. uu., y, por el contrario, al momento de las nacionalizaciones residían en Cuba. Para que una demanda pueda ser admitida por un Estado y proceda en la esfera internacional, se requiere necesariamente que el demandante posea, efectivamente, la nacionalidad del Estado reclamante, desde la fecha en que se cometió el presunto hecho ilícito, hasta el momento –por lo menos– de la presentación de la demanda por el Estado interesado frente al órgano competente para conocer del mismo. Esta condición del vínculo y continuidad de la nacionalidad, no es en modo alguno una condición de procedimiento para el ejercicio de la protección diplomática por el Estado, sino una condición de fondo, un requisito substancial para poder ejercer dicha protección.

 

Por traffiking se entiende no solamente la venta, transferencia, compra o alquiler de la propiedad en cuestión, sino también se aplica a cualquiera que se involucre en una actividad comercial o de inversiones, que de alguna manera incluya o derive en un producto o se beneficie de cualquier forma de alguna propiedad nacionalizada. Se pide responsabilidad a quienes no tienen nada que ver con el supuesto hecho ilícito, y surgen otras violaciones:

÷÷ Ningún Estado tiene derecho de arrogarse reclamaciones de personas que no eran sus nacionales en el momento de ocurrir el supuesto daño o perjuicio.

÷÷ Ningún Estado tiene el derecho de atribuir responsabilidad a nacionales de terceros Estados por la utilización en el territorio de terceros Estados, de productos o de bienes intangibles que no constituyen exactamente el mismo bien expropiado.

 

En el campo procesal se crea una situación de indefensión de los terceros afectados y se originan arbitrariedades no contempladas en ninguna regulación legal sobre la materia, que incorporan las siguientes violaciones:

÷÷ Ningún Estado tiene el derecho de imponer compensación por cualquier monto que exceda el daño efectivo, incluso intereses, que resulte de una presunta acción ilícita del Estado expropiante.

÷÷ Ningún Estado puede privar a un nacional extranjero del derecho de defensa efectiva, de acuerdo al debido proceso legal, en contra del fundamento y el monto de reclamaciones que puedan afectar a dicho extranjero y a su propiedad.

 

Lo anterior configura un hecho ilícito internacional, por el cual el Gobierno de ee. uu. incurre en responsabilidad internacional:

÷÷ La ejecución efectiva de una reclamación contra los bienes de un nacional de un tercer país, en contravención de los principios y normas

del Derecho internacional, constituirá, en sí misma, una medida con efectos equivalentes a una expropiación y daría lugar a la responsabilidad del Estado actuante.

 

El Derecho internacional, como basamento de las relaciones de los Estados en la Comunidad Jurídica Internacional y garante de la paz mundial, no puede legitimar tales actos de arbitrariedad, que esconden bajo un enunciado normativo las medidas políticas de coerción económica, contra un Estado soberano.

 

Consecuencias

 

La aplicación del Título III sería como abrir la Caja de Pandora. Algo así como un efecto bumerán, al provocar reacciones en contra del propio Gobierno de ee. uu. por parte de otros Estados. Téngase en cuenta que ya varios Estados rechazaron, casi inmediatamente a la promulgación de la Ley Helms-Burton, la intromisión de las normas imperativas extraterritoriales que pretendieran aplicarse en sus respectivos territorios, de manera que el rechazo a la Ley no se hizo esperar en la esfera internacional, y aparecieron varias leyes y reglamentaciones «antídotos», como la Ley canadiense del 22 de octubre de 1996, la Ley mexicana del 23 de octubre de 1996; el Reglamento (ce) No. 2271/96 del Consejo de la Unión Europea, y la Ley 27 del 13 de julio de 1998 de España. Amén del rechazo universal de la Comunidad Internacional en la onu, que en el último periodo de sesiones alcanzó 189 votos a favor con la oposición de ee. uu. y su escolta, Israel.

 

Es tan así que el 3 de mayo de 1996, la Unión Europea presentó una solicitud de consulta a la omc y, posteriormente, el 3 de octubre del mismo año, el Consejo de Ministros de Exteriores de la ue decidió interponer un recurso ante la omc contra la Ley Helms-Burton. El Órgano de Solución de Controversias decidió el 20 de noviembre, en aplicación del Reglamento de la organización, la constitución de un panel para que en el plazo de seis meses emitiera un dictamen. Apenas rebasado el primer aniversario de la Ley, se produjo el anuncio de un compromiso entre la Unión Europea y ee. uu. para poner fin a los enfrentamientos en la víspera de que comenzaran las acciones en el marco de la omc, y el 11 de abril de 1997, un día antes de cumplirse 13 meses de la aprobación de la Ley, la Unión Europea anunciaba «un acuerdo de principio» con ee. uu. que conduciría el 25 de abril al archivo del proceso planteado. A ello en gran medida se debe la suspensión reiterada de la aplicación del Título III, el más extraterritorial de ese engendro mal llamado Ley.

 

Reacciones como esta pueden repetirse, y también activarse la aplicación de las Leyes antídotos. Los Estados soberanos no han de estar dispuestos a que un Estado extranjero les arranque en jirones la soberanía.

 

¿Y qué decir de la avalancha de reclamaciones que pueden esperarse? Algunos las cifran en 200 000, otros en 400 000; deben traducirse en prolongados procesos ante las cortes que ocasionarán embotellamiento judicial, costos y gastos para los reclamantes y todo con dudosas probabilidades de éxito.

 

Al transferir las llamadas claims a los particulares interesados, para que reclamen ante las cortes, sustrayéndola de la acción diplomática y negociaciones a nivel del Gobierno, este pierde una parte importante de los aspectos político-económicos incluidos por el propio Gobierno de ee. uu. como de posible negociación de Estado a Estado en la Agenda anunciada desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas.

 

Pero el bumerán alcanzaría también a los empresarios estadounidenses que tienen relaciones comerciales con Cuba, por lo que sus propios nacionales se verían afectados. Y también los turistas que se interesan en conocer Cuba originando otra vez la violación constitucional de limitación de la libertad de viajar.

 

Accionar el Título III, además de riesgos y adversidades, conlleva la manifestación expresa de la burla total al rechazo de la comunidad internacional al bloqueo, y al Derecho internacional. Cuba, por su parte, como reiteró la Cancillería, promulgó desde el 24 de diciembre de 1996 la Ley No. 80, Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubana, que declaró la Ley Helms-Burton ilícita, inaplicable y sin efecto legal alguno.

 

Fuente: Periódico Granma

 

Uso de (falsos) datos migratorios como propaganda pro-intervención

El medio de investigación misionverdad.com destapó las cifras manipuladas sobre la migración venezolana y su uso mediático para propiciar la intervención.

El fenómeno migratorio en Venezuela, que ha crecido exponencialmente durante los últimos dos años, no ha sido abordado con rigurosidad, por el contrario, se toman los números al azar para instalar la matriz del “éxodo de venezolanos” con el inconveniente de dejar cabos sueltos entre los informes presentados.

Manipuladas, las cifras hacen considerar a cualquiera que consuma incrédulamente las cápsulas informativas de la mediática internacional sobre las condiciones de estabilidad en el país. Las estimaciones van desde cientos de miles hasta 4 millones, comparándolo con conflictos bélicos como el de Siria, que ha desplazado a más de 5 millones de personas durante los siete años de guerra.

Las organizaciones internacionales y empresas privadas que ejercen el control sobre los datos migratorios, presentan cifras en crudo sin un análisis circunstancial y sirven de fuente fidedigna para las notas alarmistas de los medios que le añaden contexto e interpretación interesadas según las intenciones del momento.

En el caso venezolano, las cifras han marcado una inconsistencia entre lo que arrojan instituciones y lo que manifiestan figuras mediáticas. De hecho, pareciera que las primeras estuvieran proyectando a los resultados futuros de las segundas. Si nos trasladamos tres años atrás, en 2015, los medios decían que 1 millón y medio de personas se habían marchado en los últimos 15 años, tomando como fuente a instituciones nacionales especializadas en las tendencias migratorias como el Laboratorio Internacional de Migraciones de la Universidad Simón Bolívar y el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Sin embargo, los datos arrojados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para ese año indicaban que 606 mil 281 venezolanos vivían fuera del país.

En su intento de presionar los tiempos para avanzar en la agenda exterior de EE.UU. contra Venezuela, Almagro publicó en septiembre de 2017 un desgastado informe donde sostenía, con fuentes dudosas, que había más de 2 millones de “desplazados”. Este calificativo no es gratuito, pues viene a abonar en la construcción de una percepción internacional de Venezuela como un “Estado fallido”.

Inducir la cifra que necesitan para hacer del caso venezolano digno de opacar la realidad mundial de desplazamientos por conflictos desatados bajo la firma de los países del llamado Primer Mundo, ha costado años de ataques al sistema económico nacional y propaganda mediática del terror. Es solo en este año cuando la OIM reconoce la cifra de 1 millón 642 mil 442 de venezolanos en el exterior, que según la organización ACNUR de la ONU no clasifica dentro de la categoría de “refugiados”.

Cuando en mayo el presidente Juan Manuel Santos declaró ante Bloomberg TV que existía más de 1 millón de venezolanos dentro de la nación colombiana, tuvo que explicar el gerente para la frontera de ese país, Felipe Muñoz, que la cantidad hacía referencia a “la cifra sumada de toda la población venezolana que puede estar en Colombia. Más de 320 mil venezolanos regulares, otro grupo que tiene visa, otro con permiso especial de permanencia, o pasaporte. Y además de eso hay un grupo que hace tránsito en el país, no necesariamente todos se quedan”.

Entre los que hacen tránsito en el país vecino, existe un grupo categorizado como “migración pendular” que se instala en las regiones fronterizas por un periodo corto de tiempo para hacer actividades económicas puntuales para luego regresarse a Venezuela, lo que explica que haya días donde el movimiento migratorio ascienda por encima de los 45 mil.

Por otro lado, la OIM, en su informe de abril sobre Tendencias Migratorias en las Américas y en un proyecto en conjunto con Migración Colombia para conocer el perfil de nacionalidad que componen el flujo migratorio entre Venezuela y Colombia, muestra que de los 600 mil venezolanos migrantes registrados por el organismo, 40% está constituido por colombo-venezolanos, es decir, personas que poseen tanto la nacionalidad colombiana como la venezolana.

¿Por qué enfatizar el hecho de que buena parte de la población que migra hacia Colombia es nacida en ese país o tiene orígenes de allá? Primero porque el Estado colombiano ignora a propósito la realidad migratoria de la población en su territorio producto de la violencia paramilitar y el narcotráfico, que lidera los números de desplazados internos en Latinoamérica, con 7.7 millones de personas. Solo en Venezuela existen 5 millones de refugiados colombianos.

Y segundo, porque así se recuerda que el país fronterizo era hasta hace poco uno de los sitios de menor interés para cualquier migrante. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística colombiano, entre 1985 y 2005, Colombia tuvo saldos netos migratorios negativos.

Eso significa que fueron más personas las que emigraron del país vecino que las que entraron. Que ahora se anuncie como sitio principal de destino para los venezolanos exiliados, cae muy bien a las intensiones de captar los recursos donados por los patrocinadores del “canal humanitario” en Venezuela. Pero lavarle la cara al Estado narcotraficante es un ejercicio mediático de gran aliento.

El caso colombiano de manipulación e inconsistencia demuestra que los estudios van a engrosar los números para hacerlos atractivos a la causa extranjera. Si aún le diéramos el beneficio de la duda a las cifras, desmontarlas radicaría en caracterizar el perfil, los detonantes y el punto álgido de la migración.

Un ejercicio sencillo de contextualización: de ser cierto que 1 millón y medio de venezolanos se ha desplazado, 900 mil de ellos lo habrían hecho en 2017, año en el que la asfixia financiera, bloqueo de alimentos e insumos médicos y sanciones emitidas por el propio presidente de Estados Unidos alteraron considerablemente la estabilidad económica del país.

Desde el punto de vista político, en ese mismo lapso, el sector opositor recibió un racha de derrotas en el plano electoral luego de mitigados los esfuerzos por violentar la gobernabilidad de la dirección chavista (revolución de colores de 2017), lo que trajo suficiente depresión colectiva a una porción del país para movilizarse a las metrópolis que le garanticen los estándares de clase media que disfrutaban en Venezuela, aún a costa de lavar autos y atender puestos de comida rápida.

Los organismos multilaterales se han encargado por años de contabilizar el perjuicio causado en los territorios donde el aparato capitalista deja su huella asentada. Los desplazamientos, como otra de sus consecuencias, pasan desapercibidos ante la mirada pasiva del mundo occidental. La hora estelar que recibe Venezuela en estos momentos arroja candela a la narrativa injerencista y justifica la activación de la destructiva “ayuda humanitaria”.

Fuente: http://misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/uso-y-abuso-de-los-datos-migratorios-como-herramienta-mediatica-de-la

 

¿Crisis migratoria de venezolanos?

Por Itzamná Ollantay

La prensa internacional, como BBC Mundo, en estos últimos días, coloca en primera plana imágenes de carreteras y puentes repletas de miles de “venezolanos” huyendo de la dictadura de Maduro, hacia países fronterizos [1]. El objetivo siempre es el mismo, mostrar a Venezuela como un país quebrado, en cruenta crisis “migratoria” y “humanitaria”, y así justificar una latente intervención militar norteamericana, ahora, con la OTAN en Colombia.

Pero, de lo que estos agentes del circo mediático no se dan cuenta es: ¿Por qué Venezuela continúa poblada, si según estos medios ya desde haces meses atrás decenas de miles de venezolanos huyen diariamente hacia el exterior? Venezuela no tiene más de 32 millones de habitantes

Y, lo más grotesco, muestran carreteras repletas de supuestos migrantes, pero dicen: “desde 2017, 2.3 millones de venezolanos abandonaron su país”. ¡Esta cifra no representa ni al 8% de la población total!

Sin embargo, países como Colombia o Perú tienen más del 10% de su población, expulsada por el sistema neoliberal, en tierras extranjeras, sobreviviendo humillados en situación de semiesclavitud.

Para el 2010, Guyana tenía el 49.2% de su población viviendo en el extranjero. Jamaica, 29.4%. El Salvador, el 23%.[2] En estos casos la prensa canalla nacional e internacional jamás hablaron, ni hablan, de crisis migratoria.

Quieren instalar en nuestro cerebro la imagen de una “Venezuela quebrada”, para así contar con nuestro silencio cómplice o aplausos irreflexivos para cuando invadan a Venezuela, mediante el Caín de América Latina (gobierno de Colombia), anfitrión de la OTAN (Organización Terrorista de América del Norte). Pero, esto difícil que lo permitan los cerca de 10 millones de valerosos venezolanos organizados.

La prensa canalla nacional e internacional, viene ensayando performances mediáticos de “crisis política”, “crisis económica”, “crisis humanitaria”, ahora, “crisis migratoria”. Pero, en todas fracasó.

Venezuela y su Gobierno derrotaron, una tras otra, todas las “justificaciones” para la intervención militar. Ni los gringos, ni su Grupo de Lima, se atreven a ejecutar el macabro plan anunciado. ¡Temen salir trasquilados como de Vietnam (1975), o como de Playa Girón (Cuba, 1961)!

Estos medios de desinformación quieren hacernos creer que en Venezuela cunde la miseria. Pero, incluso el Banco Mundial, en sus informes, sostiene que en este país la pobreza alcanza al 33%, y la pobreza extrema al 9.2% (2015).[3]

En países neoliberales (maden in USA), como Guatemala u Honduras, la pobreza carcome casi al 70% de sus poblaciones. En estos países prohijados por los EEUU, 8 de cada 10 niños, menores de 5 años, padecen desnutrición. ¡Eso es crisis humanitaria! ¡Cada hora se asesina a una persona!

Hace exactamente 64 años atrás, el Gobierno norteamericano, con la complicidad criminal de Honduras y El Salvador, invadieron militarmente a Guatemala. Expulsaron a su digno gobierno democrático, Jacobo Árbenz, por el “delito” de haber nacionalizado las tierras usurpadas por las bananeras norteamericanas. El argumento fue: “amenaza de crisis humanitaria ocasionada por el comunismo latente”.

Claro, la Revolución Nacional de Guatemala, de aquel entonces, no había logrado organizar al pueblo. En consecuencia un centenar de militares (armados por los gringos) fue suficiente para derrotar al proyecto de Jacobo Árbenz, casi solitario. Pero, Venezuela Bolivariana, ahora, no es la Guatemala del 54.

Otra ridiculez en esta supuesta crisis migratoria venezolana es la vocación servil de los gobiernos de Perú, Colombia, Brasil, Chile… (los corruptos del denominado Grupo de Lima), quienes obedientes al Gobierno norteamericano abrieron sus fronteras para el ingreso libre de venezolanos “hambrientos”. ¡Perú, no sólo no exige ni pasaporte a venezolanos, sino además concede UN AÑO de permanencia legal SIN VISA![4]

Estos gobiernos serviles creyeron que la supuesta “crisis humanitaria-migratoria” derrumbaría rápido al Gobierno de Venezuela. Pero, ahora, quienes tienen problemas por la presencia descontrolada de venezolanos en sus territorios son estos países.

El Gobierno norteamericano, quien aplicó y asumió el costo de su política de “pies secos, pies mojados” con la migración cubana para tumbar a Fidel Castro, ahora, dejó la carga de la migración venezolana, para tumbar a Maduro, sobre los pueblos de la región.

[1] Véase, https://www.bbc.com/mundo/resources/idt-sh/venezuela_bridge_mundo?ocid=socialflow_facebook

[2] Véase, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14821436

[3] Véase, https://datos.bancomundial.org/pais/venezuela?view=chart

[4] Véase, https://www.gob.pe/634-sacar-permiso-temporal-de-permanencia-ptp-para-venezolanos

Fuente: TeleSur

 

El antídoto contra la manipulación de los medios concentrados

Por Javier Tolcachier

 

A nadie escapa que los monopolios mediáticos son sicarios de la desigualdad y de un modo de vida depredador y consumista al servicio de las minorías. No hay dudas que la propaganda de estos medios está logrando tergiversar los escenarios, apropiándose de significados como libertad o derechos humanos, precisamente para recortarlos, actuando en contra del bienestar social…

Vuelvo sobre este primer párrafo, para constatar de modo autocrítico, cuánto de “posverdad progresista” contiene.

En una suerte de fe de erratas anticipada o derecho a la autoréplica, este párrafo inaugural debería comenzar así: “A una enorme porción de la sociedad escapa que los monopolios mediáticos son sicarios de la desigualdad y de un modo de vida depredador y consumista al servicio de las minorías.”

Pero como esta nota no será leída por esa enorme porción de la sociedad, sino por lectores relativamente esclarecidos, la errónea apreciación del comienzo hubiera pasado quizás inadvertida. Y allí reside uno de los núcleos del problema.

Señalar los nombres propios de la oligopolia mediática en cada país, aunque esclarecedor, no hará que baje el precio de las acciones de esas empresas productoras de esquizofrenia social avanzada. Decir que Magnetto, Azcárraga, Zucolillo, Angulo Sarmiento, Ardila Lülle, Santo Domingo, Luksic, Marinho, Cisneros o González manipulan la opinión pública para beneficio propio y perjuicio mayoritario, no evitará que continúen con su trama infame.

Comprobar con cifras el dominio de mercado abusivo de grupos de medios como Globo, Televisa, Clarín o Prisa probablemente no menguará sus audiencias.

Destacar la intencionalidad política de medios privados incidentes en públicos locales como Ecuavisa o Teleamazonas en Ecuador, los medios del grupo Líder en Bolivia, El Mercurio en Chile, Caracol o RCN en Colombia, Veja en Brasil, La Prensa en Honduras, ABC en Paraguay o El Universal en Venezuela, por sólo citar unos pocos entre miles de diarios y emisoras de radio y TV pertenecientes a unas pocas empresas, no logrará torcer la inequívoca visión antipopular que animan en cada contienda electoral.

Todos estos medios autodenominados independientes – en verdad lucrodependientes del dinero de corporaciones y pautas publicitarias de gobiernos que los mismos medios instalan – junto al ejército de periodistas que priorizan prestigio y comisiones a la deontología periodística, exhiben un escandaloso comportamiento antidemocrático. Sin embargo, en base a cuidadosas elaboraciones mercadotécnicas, sus contenidos fraudulentos consiguen calar en el sentir de un amplio sector de la población.

Todos ellos logran construir “contrasentidos comunes”, a fuerza de repetición y guiones ficcionales con zócalos amarillistas pero convincentes.

¿Cómo parar este atentado a la verdad, a la información y al crecimiento social?
¿Leyes? Por supuesto. Para limitar la concesión del espectro público a emisores privados, para ampliar la oferta de medios públicos y producciones locales, para fijar presupuestos no discrecionales de financiación a medios comunitarios, cooperativos, independientes. Y para mucho más.

¿Medios alternativos y públicos? Claro. La estructura general de comunicación de una nación informada y democrática debe ser esencialmente pública (sin confundir público con partisano) y comunitaria. La participación popular directa en ambas es clave para una real democratización. Es necesario impulsar una alianza público-comunitaria de comunicación. De esta manera, los medios democráticos dejarán de ser “medios alternativos” y se constituirán en alternativa medial.

¿Contenidos de calidad? Sin duda. A pesar de que el contenido de calidad, crítico, con rigor periodístico e investigativo ya existe en las alternativas democráticas de comunicación, éste se enfrenta a la oferta masiva de entretenimiento vacío de los conglomerados privados, en clara desventaja en la primacía de las preferencias. De trasfondo hay un enfrentamiento entre lo ético y lo banal, donde lo segundo saca momentánea ventaja, situación propia de un mundo en decadencia.

Acorde a ello – y a los intereses non sanctos – lo real es presentado como trama ficcionada y la pura ficción como dura realidad. Nada de ello es nuevo. El sometimiento masivo siempre ha tenido su argumento…

Sin embargo, es necesario que los medios comunitarios y públicos ofrezcan ocio, y si es creativo, mejor. Nada impide que la producción audiovisual llegue a la gente a través de plataformas público-comunitarias abiertas o por Internet, sesgando de esta manera el negocio de corporaciones que adoctrinan con subrepticios mensajes políticos de dominación imperialista.

¿Redes? La omnipresencia fáctica del discurso único y su instalación de agendas es acaso la piedra angular del asunto, lo que las prácticas de comunicación comunitaria intentan contrarrestar mediante confluencias operativas. Por lo demás, ante la transformación de las vías de comunicación desde lo analógico a lo digital y la convergencia multimedial con la red Internet, nuevos movimientos antimonopólicos de incidencia ciudadana están surgiendo, conformando un frente mundial de acción por una Internet ciudadana, abierta y no manipulada.

La gran pregunta a formular, haciendo de ella un cuestionamiento extendido y arraigado en todos los sectores sociales es:

¿Es la comunicación un bien común, un servicio público, el derecho de cada uno y cada una a expresarse y crear sentidos comunes con otros? ¿O es simplemente un negocio para grandes grupos mediáticos y una forma de control de los significados y sentidos de la existencia?

El antídoto duradero a la manipulación comunicacional de los grandes medios concentrados, la única forma de ampliar la libertad de opciones personales y colectivas, es limitar políticamente la expansión de conglomerados mediáticos, potenciar medios comunitarios y públicos y crear conciencia de la función de la comunicación como derecho humano inalienable a través de una masiva alfabetización mediática.

Fuente: TelSur

 

2019-02-28T13:26:15+00:00 28 / 02 / 2019|De Nuestra América|

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