Número 85

Número 85

EDITORIAL

Latinoamérica: se decantan posiciones.

Finalizó 2017 con un saldo desfavorable para las fuerzas progresistas latinoamericanas, lo que ha conducido a una relativa pérdida de espacio político y a un momentáneo triunfo del neoliberalismo, que hoy se intenta imponer sobre la historia, con los millones de  muertes provocadas por la miseria y  de cientos de miles de latinoamericanos asesinados durante las dictaduras militares de fines del pasado siglo.

Pero no por gusto hemos utilizado en este primer párrafo las palabras “relativa” y “momentáneo”. Relativa porque muchos de los espacios políticos perdidos no estaban regidos por una legítima izquierda y momentáneo porque,  liberadas de una engañosa y adormecedora pseudoizquierda, las fuerzas verdaderamente progresistas resurgirán con más fuerza,  gracias al rechazo que provocará en los pueblos una ultraderecha  totalmente desenmascarada, que les aplicará las recetas neoliberales en toda su intensidad y reprimirá sin compasión.

En Suramérica, los sectores más conservadores de la derecha lograron consolidar sus posiciones y  sobre todo constituir un frente oligárquico-imperialista para enfrentar a los verdaderos sectores progresistas del área que han preservado los espacios conquistados durante el primer decenio de este siglo.

Aunque pretendemos poco a poco hacer un apretado recuento de la actual situación política en Nuestra América,  dada su complejidad, nos vemos obligados a  escoger para ese análisis a la situación en  países o a temas que de una forma u otra repercutirán en el futuro próximo del área. En este caso, comenzaremos por Suramérica y dentro de ella vale la pena que valoremos  la situación política en Brasil y en Chile y, aunque no parezca lógico,  las coincidencias que en el futuro se presentarán en ambos escenarios políticos.

Así, en Brasil,  el golpista Michel Temer se mantiene como presidente gracias a un parlamento cómplice y tan corrupto como él, en el que alrededor del cuarenta por ciento de los diputados a la Cámara tienen causas pendientes en el Tribunal Superior Federal. Compra de votos y entregas de puestos públicos le han permitido salir ileso de todos los cargos  en su contra.

La justica burguesa, siempre al servicio de los poderosos, juega también su papel y en función del verdadero poder que nunca ha dejado de gobernar en Brasil, el económico -ya sea a través de políticos o militares-, intenta evitar que los sectores reformistas aglutinados en torno al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva retornen al gobierno en las elecciones que tendrán lugar este año.

Lamentablemente para Brasil y para toda Latinoamérica,  por el peso de ese país  en el Continente, no existe allí una izquierda fuerte y unida que sirva de catalizadora del descontento popular y encabece a las organizaciones y movimientos sociales en busca de una alternativa verdaderamente progresista, que por demás tiene que ser antiimperialista y latinoamericanista.

De tal forma, muchos analistas ven erróneamente la candidatura de Lula para las elecciones –que intenta frustrar el también súper corrupto Poder Judicial brasileño- como la clave de la lucha política entre la izquierda y la derecha, cuando en realidad dicha candidatura es sólo la clave de la lucha entre el sector oligarca, ultraderechista y neoliberal contra socialdemócratas –en el mejor sentido de la palabra porque en Brasil los partidos llamados como socialdemócratas son derechistas hasta la médula- reformistas que sólo buscan una tímida redistribución de las riquezas dentro del sistema capitalista y no una transformación socio-económica.

Si ese corrupto Poder Judicial permitiera la participación de Lula en las elecciones –cosa que mucho dudamos- seguramente triunfará, pues no existe otro líder popular con carisma y base de apoyo; a fin de cuentas, la mayoría del pueblo brasileño reconoce como izquierda al Partido de los Trabajadores (PT) y a su líder Lula da Silva, que aprovechó momentos de bonanza económica en el Continente para aplicar medidas reformistas que elevaron el nivel de vida de la población. No obstante, debe quedar claro que no estamos en presencia de una contienda de vida o muerte para la derecha el que Lula sea o no el próximo presidente de Brasil.

No podemos olvidar que tanto Lula como su sucesora, Dilma  Rousseff, cuando fue necesario a los intereses oligárquicos, cedieron y aplicaron medidas  neoliberales y de choque, bajo el pretexto de ser pragmáticos en lo económico.

Podría pensarse que la ultraderecha teme a que en un futuro el PT le pase la cuenta y tome venganza por el golpe de estado contra Dilma y la persecución político-judicial contra  su líder, Lula,  si éste llegara a estar al frente de un hipotético próximo gobierno; al margen de que los resortes del poder se encuentran de manera bien sólida en manos de la ultraderecha, que no dudará en hacer uso de ellos, el exsindicalista se ha caracterizado desde principios de la década de los años noventa del pasado siglo por sus posiciones conciliadoras y su incapacidad, por no decir carencia de voluntad político-ideológica, para movilizar las masas.

La oligarquía brasileña y el imperialismo saben sobradamente que Lula, si llegara de nuevo a la presidencia, les podrá servir de estorbo en sus planes de retornar a toda América Latina  a la oscura última década de los años noventa, pero no pondrá en peligro al sistema capitalista en su país.

Poner en peligro al sistema es una tarea que corresponde a una verdadera, lúcida y unida izquierda que centre su lucha en la movilización de masas, no sólo por reivindicaciones, y vea las contiendas electorales no como centro de su quehacer y sí como una forma más en la batalla. En Latinoamérica, siempre que a través de elecciones ha llegado al  gobierno  un dirigente progresista ha sido sobre la cresta de un fuerte movimiento de masas.

Pese a todo lo anterior, ante la imposibilidad por inexistencia de una sólida izquierda y la consolidación del frente oligárquico-imperialista en el Continente –con duras consecuencias para los pueblos del área y los gobiernos de países progresistas -, el realismo político nos lleva a desear que sea Lula el próximo presidente brasileño y no que Michel Temer traspase la presidencia a otro personaje de su calaña, aunque –reiteramos nuevamente- mucho dudamos que la ultraderecha, valiéndose de su Poder Judicial, le de oportunidad a Lula da Silva de participar en los comicios.

En Chile, ante el desgaste del gobierno de la pseudoizquierdista  Michel Bachelet y de la coalición de partidos que la apoyaron (Concertación; hoy llamada Nueva Mayoría) y le permitieron gobernar con claros rumbos derechistas -tanto en lo interno como en su política exterior, al extremo de hacer causa común con los enemigos de la Revolución Bolivariana-, se adueñó nuevamente del Palacio de la Moneda al corrupto empresario, neoliberal y pinochetista, Sebastián Piñera.

Duele ver como en ese país, donde las izquierdas sufrieron sobremanera el terror fascista, algunos de sus sectores se consuelan ahora con ejercer la misma legalidad burguesa, la misma democracia representativa, que no fue respetada por la derecha fascista e incluso pretenden que los revolucionarios latinoamericanos se encausen  por el camino trillado que el imperialismo y la derecha continental les señala. ¿Estamos ante un infantilismo o ante una traición?

Prefiero no responder mi propia pregunta, pues podría parecer muy agresivo.

Lo cierto es que en Chile parece que muchos se han preguntado para qué sirven los votos en la llamada democracia representativa pues en nada han  favorecido los cambios estructurales. En la primera vuelta electoral la abstención llegó al 54 por ciento y en la segunda al 55. ¿Casi la mitad de la población chilena con derecho al voto considera como un espejismo a ese caduco modelo de democracia?

Dentro del proceso electoral chileno la noticia alentadora la protagonizó el Frente Amplio, que liderado por la joven periodista Beatriz Sánchez, alcanzó en la primera vuelta el 20,7 por ciento de los votos, para un tercer lugar, pese a que fue atacada tanto por tirios como por troyanos.

Una vez más en Nuestra América se evidenció el poder político, basado en la economía, que ejerce la derecha sobre los medios de comunicación. Todo el poder mediático, incluyendo a las “prestigiosas” e “imparciales” encuestadoras, se volvieron en contra o  ignoraron al Frente Amplio, a tal extremo que el candidato a sustituir  a Bachelet, por la coalición Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, sólo obtuvo un 1,3 por ciento más de votos lo que le permitió pasar a la segunda.

Al conocerse los resultados de la votación  Beatriz Sánchez declaró: “Quiero mañana una explicación de las encuestadoras y los medios, si hubieran dicho la verdad tal vez estaríamos en segunda vuelta”.  Esa explicación jamás llegará, lo sabe Beatriz Sánchez, pues una candidata que prometió poner fin a las privatizaciones, sobre todo del agua y de las pensiones –temas muy sensibles en Chile-, y de la imperiosa necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente que ponga fin a la constitución pinochetista,  obligatoriamente iba a ser atacada por el poder mediático.

Si del Frente Amplio  surge o no un fuerte movimiento progresista, capaz de disputar el gobierno a la derecha en nuevas elecciones, dependerá del movimiento de masas que logre nuclear y no del quehacer en la arena parlamentaria de los 20 diputados que logró alcanzar, aunque sin dudas de mucho pueden servir para la lucha política dentro y fuera de la esfera legislativa.

Pensamos que en el seno de las agrupaciones políticas que hoy integran Nueva Mayoría -incluye a los partidos Comunista y Socialista- existen honestos sectores progresistas que harán un análisis crítico de este supuesto gobierno de centro-izquierda al que dieron su apoyo y que los llevó a un desastre electoral y pasen a colaborar  con el Frente Amplio. De no ser así, el pueblo que aún cree que los votos pueden conllevar a cambios, unido al más del 50 por ciento que lo consideran como un espejismo de democracia, los rebautizará con el nombre de Vieja Mayoría.

Lo que sí resulta claro es que en Latinoamérica se decantan las posiciones políticas, por lo que no podrán repetirse gobiernos que se dibujaron como progresistas y hasta de izquierda, como los del PT en Brasil, derribado por un golpe de estado blando (parlamentario-judicial) o de la Concertación  (hoy Nueva Mayoría) en Chile, derrotado electoralmente por la ultraderecha.

Futuros gobiernos al estilo de los que gobernaron Brasil y Chile a través del PT y Nueva Mayoría, respectivamente, estarían condenados al fracaso, pues en las condiciones actuales del Continente, ni imperialismo ni oligarcas los necesitan; para ellos el actual objetivo es revertir los procesos progresistas nacidos el pasado decenio, retornar al rancio neoliberalismo y así destruir la naciente integración latinoamericana-caribeña.

En estos momentos, experiencias de este tipo estorban al imperialismo y a las oligarquías latinoamericanas que desprecian sus coqueteos y para nada les interesa la convivencia con los sectores que, con discursos progresistas, una vez sirvieron a sus intereses, consciente o inconscientemente, como diversionista muro de contención frente al auge del movimiento progresista continental.

Eddy E. Jiménez

 

TITULARES

– La estrategia de seguridad y el “interés” nacional de EE.UU. en América Latina. Por Aníbal García y Silvina M. Romano

– Diciembres traumáticos. Por Atilio A. Borón

– Democracia rematada en Honduras. Por Carlos Fazio

 -Marco Rubio y sus documentos “secretos” sobre los “ataques acústicos”. Por M.H. Lagarde

 

 

La estrategia de seguridad y el “interés” nacional de EE.UU. en América Latina.

Por Aníbal García y Silvina M. Romano

A mediados de diciembre de 2017, la administración Trump anunció una nueva Estrategia de Seguridad Nacional (ESN). Se trata de una serie de premisas y objetivos basados en la doctrina del realismo político (tal como se asume de modo explícito en el documento), orientados a “reestablecer la posición de ventaja de EE. UU. en el mundo”[1]. Sintetiza las metas a seguir para resguardar los “intereses estadounidenses” –que son los intereses de una minoría privilegiada e influyente en la toma de decisiones, pero que suelen ser presentados como “los intereses del pueblo americano”[2]-.

Vale señalar que una de las características del Gobierno de Trump en materia de política exterior, es la brecha entre un discurso incendiario, repleto de amenazas y comentarios vehementes, y una toma de decisión que en ocasiones tiende a minimizar tales posicionamientos –desde el supuesto escarmiento que iba a propiciar al Gobierno chino, hasta la amenaza de una salida inmediata del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y la oposición aparentemente “total” al libre comercio-. De modo tal que la ESN debe ser leída también en el marco de esta distancia entre dichos y hechos que viene moldeando una política exterior más bien incierta y poco predecible.

En términos generales, los pilares de la ESN (proteger “la patria”, al pueblo y modo de vida de EE. UU.; promover la prosperidad; preservar la paz mediante la fortaleza; impulsar la influencia de EE. UU.) tienden a retomar las premisas de gobiernos anteriores (e incluso parte del credo liberal asociado a los valores americanos)[3], pero con un cambio de prioridades, otorgando un mayor protagonismo a los principios realistas del poder y la paz mediante la fortaleza, en lugar de privilegiar la influencia –a diferencia de las administraciones Obama y su diplomacia del soft-power–, que en la práctica derivaron en múltiples intervenciones y la implementación de salidas militares[4].

En el caso de América Latina, la ESN plantea algunos puntos de relevancia. El pilar referido a la protección de la patria, incluye la urgencia de reformas migratorias para “fortalecer el control de las fronteras y restablecer la soberanía”, a la vez que propone combatir en su lugar de origen “las organizaciones transnacionales delictivas que debilitan a los aliados y corrompen las instituciones democráticas”, para evitar que lleguen a las fronteras de EE. UU. Esto hace alusión a las migraciones y el narcotráfico, problemas que desde la perspectiva del Gobierno de Trump podrían resolverse, por ejemplo, con la ampliación del Muro en la frontera con México, pero que en los hechos excede completamente el “control” fronterizo: se trata de una dinámica asimétrica, de subordinación y criminalidad planteadas y sostenidas por las alianzas entre el Gobierno/sector privado de Estados Unidos y los Gobiernos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, que opera desde hace décadas y en los últimos años bajo la Iniciativa Mérida y la Iniciativa de Seguridad Regional para América Central (CARSI)[5].

En el marco del mismo pilar, pero en un plano “menos tangible” y a la vanguardia de “las nuevas amenazas”, la administración Trump contempla “redoblar los esfuerzos para proteger nuestra infraestructura crítica y redes digitales, puesto que las nuevas tecnologías y los nuevos adversarios generan nuevas vulnerabilidades”[6]. Debe señalarse que a lo largo de 2017, este ha sido un tema candente en la región, que ha puesto en evidencia la articulación entre el complejo militar industrial del Estado de Israel y el estadounidense, y el suculento negocio que presenta América Latina en este sentido, en particular en países como Argentina, Brasil, Colombia y México[7].

En cuanto a la prosperidad estadounidense (referida básicamente a lograr una economía nacional sólida), se asegura que “EE. UU. ya no tolerará los abusos comerciales crónicos y trabajará en pos de relaciones económicas libres, justas y recíprocas”. Esto puede ser leído superficialmente en clave de una postura “antiglobalización” o “anti-neoliberalismo”, pero las decisiones tomadas por la administración Trump durante el 2017 no coinciden con  esta lectura, como bien ha sido advertido[8]. Lo que sucede es que EE. UU. sigue promoviendo el libre comercio y el neoliberalismo, cuando favorece a “sus intereses”, tal como lo muestran los Tratados de Libre Comercio (TLC), caracterizados por las asimetrías y cláusulas abusivas, solo que en la administración Trump, esta dinámica cobra mayor visibilidad al transformarse en componente esencial del “America First”.

Por otra parte, se anticipa  que “utilizará su dominio en el área energética para garantizar que los mercados internacionales sigan estando abiertos, y que los beneficios de la diversificación y el acceso a la energía fomenten la seguridad económica y nacional”. Contradiciendo la aparente postura anti-TLC, en el caso de los energéticos,  el Gobierno de EE. UU. procurará la apertura del mercado. Vale apuntar aquí, que los recursos energéticos (junto con los materiales estratégicos) forman parte de la estrategia de seguridad nacional de EE. UU., especialmente desde la Guerra Fría, estructurando a su vez el desarrollo y alcance del complejo industrial militar para garantizar el acceso a dichos recursos.

Por otra parte, el protagonismo de los energéticos en la seguridad y la economía estadounidense es clara cuando se considera la presión para liberalizar el mercado de hidrocarburos en América Latina: desde la guerra permanente librada contra Venezuela[9], la presión para la reforma energética y el desmantelamiento de PEMEX en México[10], hasta el rol jugado por el sector público/privado de EE. UU. en el Lava Jato brasileño y la consiguiente desarticulación de las estatales brasileñas, incluida Petrobras[11]. En esa línea, la ESN insiste en que países como Cuba o Venezuela deberían implementar reformas económicas que garanticen “oportunidades económicas para todos y mejorar la gobernabilidad”[12], es decir, propiciar la privatización y achicamiento del Estado en materia económico-social, premisa clave del neoliberalismo (del que supuestamente buscaría distanciarse la administración Trump).

En virtud de las inconsistencias que arroja la ESN, que presenta una continuidad con el estilo en la toma de decisión a lo largo de 2017, por un lado, se profundiza la incertidumbre respecto a escenarios posibles en la región. Lo que se visualiza con bastante claridad es la continuidad en el impulso de políticas económicas y de seguridad ancladas en una dinámica asimétrica y dependiente, que, como hasta ahora, serán mantenidas o reconfiguradas según los intereses de empresas multinacionales y del complejo industrial militar, que son los que en definitiva se arrogan el poder de definir los “intereses  estadounidenses” y, por extensión, los de América Latina.

[1] https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf

[2] Chomsky, N. (2003) Towards a new Cold War. New York:The New Press, p. 113.

[3] Según Walter Rostow (ícono del liberalismo estadounidense), por ejemplo, el interés nacional americano “consiste en mantener un contorno mundial para los EE. UU. dentro del cual la sociedad americana pueda seguir desarrollándose (…)Esta definición (…) incluye la protección física del país, pero la protección del territorio americano se considera esencialmente como un medio más amplio: la protección de un modo de vida…” (Ver: Rostow, W. (1962) Los Estados Unidos en la palestra mundial. Madrid: Tecnos, p.579).

[4] http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0253-92762017000100005

[5] http://www.sinembargo.mx/04-10-2017/3322523

[6] https://www.infobae.com/america/eeuu/2017/12/18/donald-trump-anuncio-su-nueva-estrategia-de-seguridad-nacional-eeuu-primero/

[7] http://www.celag.org/lo-dejo-seguridad-la-visita-netanyahu/

[8] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=236227

[9] http://www.celag.org/sanciones-eeuu-venezuela-objetivos-generales-estrategias-e-impactos-economicos/

[10] http://www.jornada.unam.mx/2013/11/14/opinion/026a1eco

[11] http://www.celag.org/brasil-y-el-cono-sur-en-la-geopolitica-estadounidense/

[12] http://www.jornada.com.mx/ultimas/2017/12/18/el-gobierno-de-trump-presenta-su-estrategia-de-seguridad-nacional-1730.html

Fuente:  CELAG.

 

Diciembres traumáticos

Por Atilio A. Borón

Diciembre es un mes que, políticamente hablando, pocas veces trajo buenas noticias para los argentinos. Desde la recuperación de las formas democráticas –que no de la consolidación de una verdadera democracia, tarea aún pendiente- casi invariablemente cada fin de año vino signado por la intensificación de los conflictos sociales y la respuesta represiva de las “fuerzas del orden”.

La crisis de la deuda que agobiaba al gobierno de Raúl Alfonsín nutría sin respiro la protesta social. De las ruinas del experimento alfonsinista brotó un programa ortodoxo de ajuste estructural y estabilización dictado letra a letra por el FMI y el BM que, bajo la batuta del peronista neoliberalizado Carlos S. Menem, profundizó la explotación económica, la desigualdad y la exclusión sociales generando innumerables motivos de protesta que alcanzaban su cota más elevada a medida que se acercaba el fin de año.

La Alianza, ese matrimonio de conveniencia entre un sector del peronismo (el Frepaso) y el radicalismo, lejos de abandonar esta ruta suicida, persistió de la mano de Domingo Cavallo en llegar hasta el final del camino iniciado por Menem, pese a las reiteradas alertas de que el rumbo llevaba al abismo, al que se llegó precisamente en Diciembre del 2001 con su corralito y el saldo luctuoso de las jornadas de lucha del 19 y 20 de ese mes. En Diciembre del 2015 el peso argentino era devaluado por el nuevo gobierno de Mauricio Macri en un 30 % en cuestión de horas.

Y ahora esto, cual si este país fuese víctima de una maldición bíblica, un gobierno escandalosamente clasista, que tiene como meta excluyente el enriquecimiento de los muy ricos, extorsiona a diputados y gobernadores, blinda al edificio del Congreso, apalea multitudes de gentes que pacíficamente se oponían a la iniciativa (debidamente infiltrada por “agentes provocadores” para justificar la represión) y saca entre gallos y medianoche una ley reaccionaria e inconsulta, mera expresión del capricho oficial.

Una ley ilegítima hasta la médula, mal concebida,  incoherente, chapucera e inconstitucional hasta para los juristas de cabecera del gobierno pero que persigue un objetivo imprescindible e impostergable: reducir progresivamente los ingresos de los jubilados y, por esa vía, tratar de ordenar las cuentas fiscales y aliviar la presión tributaria que según el macrismo agobia a los grandes empresarios y al capital concentrado e impide la llegada de la venturosa –e ilusoria- lluvia de inversiones. O sea, hacer que el ajuste fiscal lo paguen los pobres y, sobre todos, los más vulnerables: los jubilados y pensionados, que no tienen sindicatos que los defiendan.

La combinación de la reducción de los haberes jubilatorios junto con la debacle del PAMI, el programa de atención médica a los adultos mayores  que ofrece cada vez menos medicamentos gratuitos, lo que hará es acelerar una silenciosa eutanasia de los viejos y así mejorar, en una verdadera apoteosis de la maldad, las cuentas de la seguridad social porque cada vez sobrevivirán menos ancianos y los afortunados lo harán por menos tiempo.

Y esto es apenas el preludio de nuevas leyes fundamentales (reforma laboral, impositiva, ganancias, consenso fiscal, presupuesto 2018, etc.) que el gobierno tratará de conseguir con la misma metodología, amparada por la complicidad de los grandes medios de comunicación que hicieron de la mentira su religión; el desmoronamiento de los pilares del Estado de Derecho y la indiferencia de sus custodios; y la inescrupulosidad de amplios sectores de la dirigencia política peronista y radical cuya identidad ideológica muta con más rapidez que los colores de un camaleón en función de la melodía que proviene de la Casa Rosada.

Todo ello en el marco una de una democracia crecientemente vaciada de contenido, en realidad un híbrido apropiadamente caracterizado como una “democradura”; y de una sociedad hábilmente ganada por el odio racista y el resentimiento hacia los perdedores del sistema sobre todo cuando tienen la osadía de organizarse y luchar: los piqueteros, los “planeros” y las que “se embarazan para cobrar la Asignación Universal por Hijo” (¡monto en Septiembre 2017: 1.412 pesos!) envalentonados por “la yegua” que los empoderó y les hizo creer que había un lugar para ellos en esta sociedad.

Horrorizados e indignados ante la insolencia plebeya amplios sectores clasemedieros creyeron encontrar en un demagogo millonario de ojos azules al redentor que pondría las cosas en su lugar; que prometía derramar sobre ellos bienestar y felicidad en medio de un mar de globos amarillos que ocultaban las intenciones de la pandilla oligárquica que había exitosamente completado el tránsito desde el poder que ejercía desde siempre al gobierno, al que se encaramaban por primera vez sin las molestas mediaciones de partidos políticos o caudillos militares.

Dos años más tarde la ilusión ya se había comenzado a esfumar, pero en los últimos días al compás del operativo mafioso puesto en marcha para reformar el régimen jubilatorio aquellos sectores medios se estremecieron al comprobar, como en las películas de terror, que una infausta metamorfosis se había producido y que el mesías que encumbraron a la Casa Rosada se había convertido en su verdugo.

Fuente: AtilioBoron Blog

 

Democracia rematada en Honduras.

Por Carlos Fazio

 

Las irregularidades en las elecciones hondureñas del 27 de noviembre desataron masivas movilizaciones que se saldaron con muertos, heridos y cientos de detenidos. Sectores de la policía se negaron a seguir reprimiendo a un pueblo que hace tan sólo ocho años soportó un golpe de Estado y que ahora, cacerolas en mano, acusa al Gobierno de fraude electoral, un Gobierno asociado al crimen organizado.

En medio de un clima de gran inestabilidad político-social, avivado por multitudinarias marchas de desobediencia civil poselectoral que han desafiado el estado de excepción impuesto por el régimen de Juan Orlando Hernández, la situación en Honduras permanece incierta luego de que el martes 5 el Tribunal Supremo Electoral (Tse) ratificara la ventaja del actual gobernante sobre el candidato opositor centrista, Salvador Nasralla Salum.

Al finalizar el escrutinio, el Tse que preside David Matamoros, militante del progubernamental Partido Nacional (ultraderecha), informó que Hernández tenía una ventaja sobre Nasralla –un conocido conductor de televisión y ex gerente de la Pepsi Cola de origen libanés que incursionó en la política en 2013 y fue postulado a la presidencia en los comicios del 26 de noviembre por un frente electoral bautizado Alianza de Oposición contra la Dictadura– de casi 52.500 votos (1,6 por ciento), en unos comicios donde supuestamente sufragaron poco más de 3 millones de personas, alrededor de la mitad del padrón electoral.

Doce días después de las elecciones el Tse aún no había declarado un ganador, mientras Nasralla y el coordinador de la alianza opositora, Manuel Zelaya, el ex presidente de la república depuesto por un golpe de Estado en 2009, seguían exigiendo que se contara la totalidad de las actas electorales, incluyendo el cotejo de firmas de cuadernillos y recuento de votos, o que se convoque a una segunda vuelta, tras detectar la “contaminación” de los servidores, las bases de datos, las trasmisiones y los registros del sistema de cómputo.

El miércoles 6 el jefe del Ejecutivo, a quien se acusa de fraguar un “golpe electoral” en complicidad con el Tse, manifestó estar dispuesto a que se haga una revisión total del proceso comicial.

La sospecha

En un principio, la principal demanda de Nasralla y sus seguidores –apoyada por Luis Zelaya Medrano, del conservador Partido Liberal, tercero en los comicios con 13 por ciento de los sufragios– era que se volvieran a contar alrededor de 5.200 actas que no entraron al sistema del centro de cómputos del Tse desde las mesas de escrutinio, sino –según las denuncias de la coalición opositora– desde las bodegas del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde están almacenadas las urnas.

La sospecha de que se ha consumado un fraude electoral se basa en que luego de que el Tse había procesado el 57 por ciento de los votos a nivel nacional y Nasralla aventajaba al reeleccionista Hernández por cinco puntos porcentuales se produjo un apagón que ocasionó la “caída del sistema” de cómputo. En ese momento las tendencias favorecían claramente a Nasralla, cuya victoria fue reconocida incluso por el contrincante conservador Luis Zelaya.

Entre los sucesivos desperfectos y apagones, el sistema estuvo prácticamente inactivo por un espacio de 72 horas. Tras reanudarse el conteo, la tendencia cambió de manera radical y Hernández tomó la delantera, mientras inexplicablemente los candidatos a alcaldes y diputados del oficialismo se mantenían en sus registros anteriores. Para entonces, según el politólogo argentino Atilio Borón, el Ministerio Público había allanado una oficina del Partido Nacional, sorprendiendo a sus ocupantes en la preparación de actas comiciales falsas.

Represión y deserción

Las irregularidades desataron la furia popular. La gente salió a las calles a protestar en 14 de los 18 departamentos, con tomas de puentes, plazas, bulevares y carreteras. Las manifestaciones fueron violentamente reprimidas por la policía nacional, y a las 11 de la noche del viernes 1 de diciembre se puso en marcha el estado de excepción decretado por el presidente Hernández, con un toque de queda que restringió las garantías a la libre circulación entre las 18 horas y las 6 de la mañana, por un plazo de diez días.

No obstante, y cuando ya se habían registrado al menos seis muertes y la policía había reportado más de 300 detenidos, el domingo 3 se produjeron grandes manifestaciones contra el fraude electoral en Tegucigalpa y otras ciudades, como San Pedro Sula y Tocoa.

Un día después, elementos de las fuerzas especiales Cobra, Tigres y Antimotines de la policía de Honduras comenzaron una huelga de brazos caídos y advirtieron al Gobierno de que no iban a reprimir a la población. “No somos máquinas ni robots y no vamos a exponernos a que nos maten en las calles y tampoco a reprimir al pueblo”, dijo un mando de los insubordinados. A la sublevación se unieron efectivos policiales de San Pedro Sula, quienes se negaron a reprimir a los manifestantes y poner orden durante el toque de queda, y también agentes de ocho poblados como Colón, Saba, Santa Bárbara y Choluteca.

Zonas francas

Acerca de los porqués de lo que Atilio Borón denominó como un “golpe blando preventivo”, se destacan tres elementos. Primero, Honduras sigue siendo una pieza clave en la geopolítica regional de Washington. Segundo, heredero de los golpistas de 2009, el régimen de Hernández busca evitar que miembros de su entorno de poder político sean deportados a Estados Unidos, donde enfrentan acusaciones en un tribunal de Nueva York vinculadas con el tráfico de drogas y el crimen organizado. Y en tercer lugar, las presiones del consultor político estadounidense Mark Klugmann, representante del gran capital, asesor del presidente Hernández y con autoridad legal para concesionar y autorizar zonas francas con extraterritorialidad fiscal, autonomía aduanera y jurisdiccional, las llamadas “zonas de empleo y desarrollo económico” (Zede).

Según Carlos Dada, del portal digital salvadoreño El Faro, Nasralla prometió en su campaña abrogar las Zede (donde los empresarios que invierten en un proyecto crean su propia policía y donde no rige la ley hondureña). El proyecto de estas zonas en Honduras está basado en la idea de las “ciudades modelo”, del gurú de la macroeconomía Paul Romer, y su principal y gran negocio es el megapuerto en el golfo de Fonseca.

La propuesta de la coalición opositora de eliminar las Zede sería una de las razones principales que animan el golpe electoral. Como antecedente cabe recordar que cuando la Suprema Corte de Justicia hondureña declaró inconstitucional la ley de regiones especiales de desarrollo, en 2012, el Legislativo ordenó la destitución de cuatro de los seis magistrados de la sala de lo constitucional que habían echado por tierra el modelo de las ciudades modelo, y el ejército rodeó el Congreso Nacional (que entonces era el feudo del actual mandatario Hernández) para proteger a los congresistas de las protestas que estallaron.

Crimen organizado

En relación con la red de intereses criminales articulada alrededor del actual presidente y candidato reeleccionista Juan Orlando Hernández, distintos analistas y medios, como la BBC, han dado cuenta de que Honduras se convirtió en el principal centro de operaciones de los cárteles del tráfico de drogas en Centroamérica. La costa norte hondureña pasó a ser controlada por el crimen organizado, que se apropió además del aparato político, de los sistemas de seguridad y del Poder Judicial.

Como parte de esa trama “narcopolítica” –en la que políticos se han convertido en “lavadores” de las mafias de la droga− existen varios prontuariados en la Corte Sur de Nueva York, donde han sido condenados uno de los hijos del ex presidente golpista Porfirio Lobo y otros funcionarios más afiliados al Partido Nacional.

En 2012 Honduras alcanzó una cifra de más de 90 homicidios por cada 100 mil habitantes, y en las principales urbes superó el promedio de asesinatos dolosos que se registran en países con guerras declaradas.

Según reportes de analistas internacionales, las mafias organizadas necesitan que Juan Orlando Hernández continúe en la presidencia para garantizarles su impunidad y la continuidad de los negocios de la economía criminal.

Sobre el valor geopolítico y estratégico de Honduras para el Pentágono y la administración de Donald Trump, cabe recordar que el país centroamericano cuenta con la base aérea de Soto Cano, en Palmerola, que alberga a la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, compuesta por unos 500 militares estadounidenses. Fue la verdadera razón del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009, cuando éste propuso desplazarla hacia otra zona del territorio nacional. El aeropuerto militar es una escala obligada de la llamada “red de bases en ruta” para el desplazamiento de aviones de guerra desde el territorio de Estados Unidos hacia América del Sur.

Luego de que durante días circularan duras críticas hacia el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) por su silencio sobre la situación electoral y la violencia en Honduras, el miércoles pasado, 11 días después de los comicios, Luis Almagro emitió un comunicado reconociendo “la falta de garantías y transparencia, así como el cúmulo de irregularidades, errores y problemas sistémicos que han rodeado este proceso electoral”. En el texto solicitó el “inmediato levantamiento” de la “suspensión de los derechos constitucionales (…) frente a las manifestaciones que tuvieron lugar tras las ya denunciadas irregularidades del acto electoral”, por considerarla “desproporcionada”, y recomendó una serie de medidas para cotejar y verificar los resultados electorales.

Fuente: Rebelión

 

Marco Rubio y sus documentos “secretos” sobre los “ataques acústicos”.

Por M.H. Lagarde

 

El pasado sábado, de visita en Cuba, el senador republicano Jeff Flake afirmó que «las autoridades de Estados Unidos no han encontrado pruebas de que los diplomáticos estadounidenses en La Habana hayan sido víctimas de ataques con un arma desconocida».

Según declaró el miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado a la agencia AP, el Buró Federal de Investigaciones de EE.UU. (FBI, por sus siglas en inglés) les ha dicho a los cubanos que después de cuatro viajes a Cuba, sus agentes no encontraron evidencia de que las misteriosas enfermedades sufridas por los diplomáticos estadounidenses hayan sido resultado de ataques. Sin embargo, el mismo presidente de EE.UU., Donald Trump, catalogó el incidente como un ataque.

De igual forma, el senador por Arizona aseveró que «No hay pruebas de que alguien trató intencionalmente de hacer mal a alguien. Nadie dice que esta gente no experimentó algún trastorno, pero no hay pruebas de que fue un ataque deliberado por parte de alguien, fueran los cubanos o algún otro».

Sin embargo, rápidamente en su cuenta de twitter el senador de origen cubano, Marco Rubio, rechazó las afirmaciones de su colega. Según Rubio, Flake «sabe muy bien que aún se cuestiona el método empleado en los ataques, pero no los ataques y las lesiones que ocurrieron».

«Es un HECHO documentado que 24 funcionarios del gobierno de Estados Unidos y sus cónyuges fueron víctimas de algún tipo de ataque sofisticado mientras estaban radicados en La Habana», tuiteó Rubio.

Según él, resulta imposible «realizar 24 ataques separados y sofisticados» contra el personal del gobierno de Estados Unidos sin que los funcionarios cubanos lo supieran.

Los documentos a los que alude Rubio, al parecer, permanecen bajo su custodia porque ni han sido visto jamás por la parte cubana ni han sido presentados a la prensa «libre» de su país que no termina de engordar rumores y descabelladas versiones sobre el tema.

Ya se sabe que no hay que tener mucha fe en lo que dice Marco Rubio. En octubre de 2011 el senador fue acusado públicamente como mentiroso por el diario St. Petersburg Times por haber utilizado políticamente el engaño de que sus padres de origen cubano habían llegado a la Florida luego del triunfo de Fidel Castro, sin embargo, reportes de prensa revelaron que los padres del senador llegaron a Estados Unidos en 1956, en pleno gobierno de Batista. El padre de Rubio era barman y viajó a Estados Unidos por razones económicas. Fidel Castro ni siquiera estaba en Cuba cuando la familia de Rubio dejó el país.

Pero no todo es en blanco y negro y algo de verdad debe haber en los tuits de Rubio. Sus declaraciones confirman lo que ya algunos expertos han señalado como un hecho: que el invento de ciencia ficción de los supuestos ataques acústicos es producto de la enfermiza cabeza de algunos representantes de la mafia anticubana de Miami, de la cual Rubio es ahora mismo su más activo representante.

Los legisladores anticubanos de Miami vienen presentando serios síntomas de «ataque de nervios» luego de que el presidente Obama, con el restablecimiento de las relaciones con Cuba en diciembre de 2014, echara por tierra los «argumentos» que durante décadas han justificado su participación en la política de EE.UU.

 

Fuente: Cubasí

 

2018-01-17T11:21:24+00:00 17 / 01 / 2018|De Nuestra América|

Deixe o seu comentario