NÚMERO 73

DE NUESTRA AMÉRICA

TITULARES

-EDITORIAL

– Guatemala: No basta con la renuncia de Pérez Molina. Por Ángel Guerra Cabrera

– Puerto Rico, estado poco libré, asociado y… en bancarrota. Por Nils Castro

– “Por primera vez los gobiernos de la región se parecen a su gente”. Por Juan Manuel Karg

– Estados Unidos se “venga” de Daniel Ortega por el gran canal de Nicaragua.

– Una iniciativa ciudadana pone en jaque a la justicia paraguaya. Por Pelao Carvallo

– 10 años de TeleSur. Por Luis Britto García

EDITORIAL

Venezuela-Colombia: la gota que colmó la copa.

Había pensado dedicar este número a la ofensiva de restauración neoliberal que la derecha internacional y las oligarquías locales han desatado contra los gobiernos progresistas latinoamericanos.

Esta ofensiva se desarrolla, incluso, contra aquellos gobernantes que simplemente aprovecharon una coyuntura económica favorable para, con un barniz reformista, redistribuir mínimamente las riquezas del estado entre los más empobrecidos, lo que vino a beneficiar a los capitalistas y al capitalismo como sistema al aumentar el consumo.

Todo lo que huela a progresista y hasta a reformista se encuentra en el punto de mira de la derecha que intenta retornar a Nuestra América a la década de los años noventa del pasado siglo.

Me disponía a escribir en forma global sobre ese tema, pero la rapidez y profundidad con que se desarrolla esa ofensiva contra la República Bolivariana de Venezuela y dentro de ella la desinformación de que es víctima por parte de la “gran” prensa, me inclinaron a intentar hacer reflexionar a los lectores sobre la existencia de una realidad muy diferente a la propalada por la dictadura mediática mundial.

No vamos a hacer historia sobre las agresiones contra el proceso revolucionario venezolano pues desde su nacimiento, hace más de 15 años, se ha encontrado en constante asedio; tampoco siquiera vamos a referirnos a una parte de la actual ofensiva contrarrevolucionaria encaminada a cercar al país, como es el caso del conflicto con la vecina Guyana por el territorio del Esequibo, tras el cual se esconden los poderosos intereses de la petrolera estadounidense Exxon Mobil.

Vamos a circunscribirnos al conflicto desatado por el cierre de un sector de la frontera entre Venezuela y Colombia, por parte del gobierno bolivariano, que ha sido convertido en un show mediático encaminado a dañar la imagen gubernamental, como paso previo que justifique el aislamiento del proceso revolucionario y una posterior agresión militar.

Durante años han venido acumulándose toda una serie de problemas pendientes en las relaciones entre Venezuela y Colombia. Veamos:

-Más de 5 millones 600 mil inmigrantes colombianos que huyeron de la miseria, la guerra, el paramilitarismo…, se han establecido legalmente en Venezuela, en busca de paz, trabajo, educación gratuita para sus hijos, así como del disfrute de los programas públicos de salud y seguridad social. En los últimos nueve años más de 800 mil colombianos se han radicado en Venezuela; sólo el pasado año lo hicieron 144 mil y en el primer semestre del presente año lo han hecho otros 121 mil. Estas cifras bien podrían multiplicarse si tomamos en consideración que la mayoría de los colombianos que atraviesan la frontera no legalizan su status.

Esa emigración masiva ha llevado al gobierno venezolano a un “punto límite” pues según el presidente Nicolás Maduro, Venezuela “es un país del tercer mundo que también está intentando superar la pobreza“, por lo que ante el éxodo migratorio ha pedido “apoyo internacional a las organizaciones de derechos humanos del mundo” para llevar a cabo un “plan humanitario especial

-Multimillonarias cifras de divisas invierte el gobierno venezolano en subvencionar alimentos, medicinas y toda una serie de productos de primera necesidad a fin de elevar el nivel de vida de la población; lo anterior, así como los bajos precios del combustible (Venezuela es el país del mundo en que se vende más barato el petróleo y la gasolina), han propiciado que debido a la gran diferencia de precios los contrabandistas obtengan enormes márgenes de ganancias; así, se calcula que alrededor del 40 por ciento de los productos que se ofertan en el mercado venezolano son desviados hacia Colombia, provocando desabastecimiento, molestias en la población y una sangría económica de la que salen beneficiadas las mafias que controlan ese contrabando.

A lo anterior se une la especulación que sobre la moneda venezolana libran las alrededor de 3 000 casas de cambio existentes en la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, donde las mafias disponen a su conveniencia el valor de cambio del Bolívar en relación al peso colombiano.

-La existencia de estructuras paramilitares colombianas al servicio de la contrarrevolución venezolana está más que comprobada. Basta recordar el asesinato el pasado año de Robert Serra, joven diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, a manos de Leiver Padilla Mendoza, alias “El Colombia”, que al frente de un grupo paramilitar también ultimó a María Herrera, compañera de Serra, y posteriormente huyó hacia territorio colombiano, desde donde fue extraditado.

En lo que va de año y al mejor estilo de las mafias colombianas, en que los asaltantes generalmente se movilizaban en motos, han sido asesinados más de 45 uniformados venezolanos en atentados para robarles sus armas de reglamento. Lamentablemente, en Venezuela la inseguridad ha ido en aumento y en buena medida puede asociarse al accionar de paramilitares y narcotraficantes.

No caben dudas de que el contrabando se ha convertido en una millonaria fuente de ganancias para las mafias colombianas y de que el narcotráfico y el paramilitarismo de ese país (reconocidos mundialmente por su inhumana ferocidad) han extendido su radio de acción hacia Venezuela, con el consiguiente aumento de la inseguridad ciudadana.

Tampoco existen dudas de que tanto el contrabando como el paramilitarismo y el narcotráfico, cuyos mandos radican en territorio colombiano y según las autoridades venezolanas obedecen al expresidente Álvaro Uribe Vélez, se han puesto al servicio de la ultraderecha para intentar destruir a la Revolución Bolivariana.

A pesar de la difícil y compleja situación motivada por la emigración ilegal, el contrabando, el paramilitarismo y el narcotráfico y pese a que en reiteradas ocasiones el gobierno venezolano ha solicitado a las autoridades colombianas la colaboración para intentar poner freno a estos males en la frontera entre ambos países, la presencia policial militar del lado colombiano es prácticamente nula. Tal pareciera que las autoridades colombianas ven en la frontera con su vecino una válvula de escape a sus problemas.

En ese contexto se produjo en el estado de Táchira, el pasado 16 de agosto, una emboscada contra una patrulla de la Guardia Nacional Bolivariana que efectuaba un operativo contra un grupo de contrabandistas, en el que resultaron heridos tres militares y un civil. Esa fue la gota que colmó la copa.

Tras esos sucesos, el gobierno venezolano decretó el cierre de la frontera venezolano-colombiana en el estado de Táchira para limpiar ese sector de “…paramilitarismo, de criminalidad, de bachaquerismo (contrabando), de secuestros, de narcotráfico”, al decir del presidente venezolano Nicolás Maduro. En esa zona, de unos 160 kilómetros de extensión, han sido desplegados unos 3 mil soldados.

Aunque en un principio el gobierno colombiano catálogo la medida como una decisión soberana de Venezuela, al pasar de los días y al ver que los operativos en la zona venezolana continuaban y que comenzaron a llegar al país repatriados que se encontraban ilegales en el vecino país, las autoridades colombianas comenzaron a calificar estos hechos de masivas y arbitrarias deportaciones motivadas por un problema de nacionalidad. El propio presidente Juan Manuel Santos exigió, adoptando una pose novelesca, “… respeto por los derechos humanos de todos estos colombianos que creían vivir en suelo amigo y han sido maltratados”. Santos también acusó al gobierno venezolano de desatar este conflicto para intentar tapar su fracaso económico.

Inmediatamente comenzaron a aparecer los “preocupados”; entre estos, como es lógico, se encuentran el gobierno de los EE.UU. y la Unión Europea, que pese a sufrir en estos momentos verdaderas crisis motivadas por la inmigración, que ponen al descubierto verdaderas y terribles violaciones de los derechos humanos, se han erigidos en jueces, en franca violación de la soberanía venezolana, queriendo olvidar que ellos maltratan, humillan y deportan a quienes ilegalmente llegan a sus fronteras.

Vamos por partes:

Hasta el primero de septiembre se habían producido 1 100 repatriaciones y se dice que alrededor de 10.000 colombianos regresaron a su país “por miedo” a ser repatriados. Lo real es que esas 1 100 repatriaciones se aplicaron a indocumentados, que no forman parte de los 5 millones 600 mil inmigrantes colombianos que residen legalmente en Venezuela (alrededor del 17 por ciento de la población censada en Venezuela y que incluso tienen derecho al voto en ese país). En cuanto a los 10.000 que han retornado por su cuenta ante el temor de ser repatriados, resulta obvio que se trata de indocumentados.

¿Cómo explicar que más de 5 millones de inmigrantes escojan para establecerse a un país al que se acusa de estar sometido a una dictadura que empobrece a su pueblo? ¿Qué les brinda a esos inmigrantes la Revolución Bolivariana que no encuentran en su patria de nacimiento?

Para el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, los repatriados y los que han decidido por su cuenta retornar, “… son colombianos humildes, no son paramilitares, son personas de carne y hueso que merecen ser tratados dignamente”; creemos que es cierto, la inmensa mayoría deben ser personas de trabajo, pero lo cierto es que se encontraban indocumentadas en otro país y también lo es que en los operativos desarrollados por la Guardia Nacional Bolivariana contra grupos criminales en las zonas fronterizas, en los primeros diez días del cierre de frontera, han sido apresados 32 paramilitares y asesinos reclamados, incluso, por la propia justicia colombiana. Esto deja bien claro la necesidad de establecer un mayor control sobre la frontera común.

Venezuela y Colombia comparten 2 219 kilómetros de porosa frontera, en los que existen tres puestos migratorios terrestres; sólo 160 kilómetros (los referidos a la zona limítrofe entre el estado de Táchira –Venezuela- y el norte de Santander -Colombia) han sido cerrados por la parte venezolana. ¿Puede hablarse de “deportaciones” masivas cuando ningún colombiano establecido legalmente en Venezuela ha sido reportado? ¿Puede hablarse de “deportaciones” masivas cuando sólo un punto migratorio fronterizo se encuentra cerrado?

Nada dice la “gran” prensa de los permisos para transitar hacia la parte venezolana que se otorgan a los colombianos indocumentados que en los momentos en que se produjo el cierre del puesto fronterizo recibían tratamiento médico gratuito de diálisis y terapias oncológicas. ¿De qué irrespeto a los derechos humanos se habla?

De momento y pese al apoyo los gobiernos de los EE.UU., Canadá y el fuerte cabildeo de los socios neoliberales de Colombia en la Alianza del Pacífico (México, Perú y Chile), el gobierno de Santos no pudo conseguir los votos necesarios en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) para citar a una reunión de cancilleres.

Ante este descalabro diplomático, Colombia ha rechazado participar en una reunión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) para abordar el conflicto, alegando que ese encuentro debió haberse efectuado la pasada semana (algo imposible pues la canciller venezolana se encontraba de visita en Vietnam y posteriormente en China). El gobierno colombiano está consciente de que no podrá encontrar en el contexto de ese organismo suramericano el apoyo que necesita e incluso resulta probable que apueste por fracturarlo.

Aspira el gobierno de Santos, pasando por sobre los organismos genuinamente latinoamericanos (CELAC y UNASUR) a llevar el conflicto ante las Naciones Unidas y la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde podrá contar con el apoyo estadounidense. Por el momento, se ha abierto un foco de amenaza a la soberanía venezolana y que incluso puede ser utilizado para afectar el proceso integracionista latinoamericano que tanto sacrificio ha costado construir.

                                                                                                                                                                                                            Eddy E. Jiménez

Guatemala: No basta con la renuncia de Pérez Molina.

Por Ángel Guerra Cabrera

 La decisión de la Corte Suprema de Guatemala de abrir el proceso de antejuicio al presidente Otto Pérez Molina como cabecilla principal de una gigantesca trama de corrupción, marca un punto de inflexión en la grave crisis política que sacude al país. El gobierno, paralizado hace semanas, ya se desmoronó.

El escándalo estalló en abril de este año y desencadenó un movimiento de indignación que ha llevado a multitudinarias protestas, inicialmente de las clases medias y estudiantes a las que se han sumado crecientes sectores de la población, incluyendo a las combativas comunidades indígenas y campesinas.

La investigación de la fiscalía y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala(CICIG) ha evidenciado delitos de altos funcionarios del gobierno, entre ellos la vicepresidenta Roxana Valdetti, quien se vio forzada a renunciar y ya está presa y es juzgada por un tribunal.

Pero estos hechos no comienzan con el actual gobierno y no pueden explicarse a fondo si no se ahonda en sus profundas raíces en la historia guatemalteca, en las consecuencias socio-política de la grosera injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de este país y directamente relacionado con ello, la aplicación, a partir de los ochentas, de las criminales, superexplotadoras y depredadoras políticas neoliberales.

Sin ir más atrás, a partir del golpe de Estado orquestado en 1954 por la CIA y las más altas instancias de Washington, que derrocó al presidente constitucional Jacobo Arbenz, el país quedó gobernado por una estrecha alianza formada por la embajada estadunidense, las cámaras empresariales y los militares de ultraderecha, huevo de la serpiente de la genocida actividad contrainsurgente de las fuerzas armadas hasta la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla en diciembre de 1996. Según los cálculos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU el genocidio maya arrojó un saldo de 200 000 muertos y desaparecidos de esa etnia, además de un número considerable de opositores políticos y bases de apoyo de la guerrilla.

Aunque el genocidio terminó, no así la impunidad de sus autores, entre ellos Pérez Molina, ni las masacres eventuales de indígenas, ni la represión. Los acuerdos de paz abrieron relativamente el espacio político con elecciones a la gringa pero apenas tocaron la secular estructura de dominación imperialista-oligárquica. Grandes empresarios, jefes militares y la gran mayoría de los políticos se subordinan a la Embajada de Estados Unidos y son cómplices de aquella en el control sobre la sociedad civil. Igualmente, manejan grandes negocios nacidos durante la guerra sucia y desarrollados en los años posteriores, incluyendo una jugosa participación en el tráfico de drogas, en el contrabando y en otras actividades criminales.

De hecho, de los años de guerra nacieron dos grupos criminales en el seno del ejército: El Sindicato y la Cofradía, cuyas actividades han continuado después, casi siempre con la complicidad del Ejecutivo.

Teñidas por las características de cada país, es evidente que las políticas neoliberales han impulsado la corrupción en el paneta entero y no solo en América Latina y el tercer mundo, al estimular la prevalencia del individualismo, el egoísmo, el consumismo, el hedonismo, la pobreza, el desempleo y, en general, la subordinación de lo público a lo privado. Redes de corrupción y compadrazgo entre empresarios, políticos y militares, las hay también y muy tupidas en el mundo “desarrollado”, comenzando por Estados Unidos. Remember el monumental e impune fraude financiero de 2008.

Causa hilaridad cuando se lee u oye a los loros amaestrados del sistema llenarse la boca para decir: “esto no pasa en las democracias consolidadas. ¿Cuáles? ¿Esas donde se compran las elecciones? Y es inevitable volver a pensar en el vecino del norte.

La calle pide la renuncia y el enjuiciamiento de Pérez Molina y es muy probable que lo consiga pues ya logró asustar a las cámaras empresariales, que de la noche a la mañana, exigen lo mismo. Y a la embajada gringa, que a través de aquellos y de la CCIG tira de los hilos para impedir que el país se le vaya de las manos, que las elecciones neoliberales “resuelvan” el problema para que todo siga igual. Los horroriza el fermento de indignación popular desatado, que si logra organizarse puede eventualmente pelear por cambios democráticos verdaderos que desemboquen en una Asamblea Constituyente ciudadana, no de los partidos políticos del sistema.

Fuente: Telesurtv.net

Puerto Rico, estado poco libré, asociado y… en bancarrota.

Por Nils Castro

12/08/2015.- El Estado Libre Asociado cayó en moratoria y lo que antes nos presentaban como “la vitrina del Caribe” se desacreditó. Ya nadie lo considere solvente, ni en Wall Street ni entre los tres poderes de la Unión, pues además del desastre económico el ELA ha probado ser un fiasco político. Pero cuando corresponde definir quién pagará el desastre, ellos aducen que, como viene de décadas de malas administraciones puertorriqueñas, sus costos deben recaer sobre quienes las eligieron. La gran prensa y los carísimos consultores y cabilderos oficiales omiten quién instauró al régimen que originó tales administraciones y limitan la cuestión a decidir las medidas “técnicas” requeridas para paliarlo.

Nada nuevo en el repertorio neoliberal. Como los “pigs” europeos ‑‑Portugal, Irlanda, Grecia y España‑‑, la isla se endeudó descomunalmente y ahora la “única” salida es exigirle extrema austeridad. Maliciosa distorsión del término que no sugiere sobriedad sino que manda precarizar empleos, abatir salarios, achicar pensiones, eliminar días de descanso, reducir servicios públicos y elevar impuestos. Esto no castiga a quienes implantaron ese modelo económico, ni a quienes contrajeron esta deuda y gozaron del despilfarro, sino a un pueblo que no tuvo otras opciones políticas. Puerto Rico es un “territorio” que pertenece a Estados Unidos pero no forma parte esa nación; el Congreso de Washington ejerce los poderes sobre la isla y define las modestas atribuciones caseras del gobierno local. En castellano, esto es una colonia.

¿De dónde vino semejante endeudamiento? De una larga insostenibilidad del modelo, que por decenios tomó empréstitos adicionales crecientemente onerosos para tapar deudas anteriores, hasta que el gobierno resultó incapaz de pagar. Los seductores prestamistas de ayer son los implacables buitres de hoy, y aseveran ‑‑con el dogma neoliberal en el puño‑‑ que haciéndola consumir menos y tributar más la isla podrá pagar lo recibido y sus intereses. Pero según la legislación federal los “territorios” no tienen derecho a auxilios por bancarrota; la Casa Blanca aclara que solo piensa “asesorar” al gobierno de San Juan y el Congreso tiene otras prioridades.

A la vez, se omite que antes de discutir cualquier pago debería auditarse cada préstamo, pues en el bulto adeudado se ocultan gastos o extravíos inadmisibles. Como igualmente se silencia que durante más de un siglo Puerto Rico nunca dejó de subsidiar a la economía estadunidense, al tener que amoldarse a las necesidades norteamericanas incluso a expensas de su propia subsistencia.

Cuando Estados Unidos necesitó azúcar, se cañaveralizó a la isla arrasando los demás cultivos y la seguridad alimentaria, hasta que los agricultores norteamericanos la surtieron con azúcar de remolacha. Entonces se impuso la industria de derivados del petróleo hasta que la crisis de 1973 encareció el suministro y dañó el negocio. Luego, el Congreso estadunidense favoreció con exoneraciones la instalación de industrias ligera y farmacéutica en la isla, hasta que estas la abandonaron cuando los atractivos asiáticos y los TLC con México y Centroamérica les ofrecieron mayores ventajas. E invariablemente esas empresas repatriaron enormes ganancias sin reinvertir en Puerto Rico, y cada una de esas experiencias le restó sostenibilidad a la economía del país, cuya gente nunca las ideó ni fueron sus beneficiarios. Y cada una dejó una crisis humana ‑‑y demográfica‑‑ por la cual millares de puertorriqueños no tuvieron más remedio que dejar su patria.

Más de un siglo de historia muestra que el verdadero deudor es Estados Unidos, y que los pícaros que endeudaron a la isla sabían en qué andaban y pueden asumir esa responsabilidad sin pretender ganancias adicionales. Ello dista de ser un problema “técnico”, y es imposible apretar más la tuerca de la austeridad sin romper el tornillo. Dentro del sistema colonial que creó y recicla el problema, ningún paquete de medidas sacará a la isla del marasmo. La crisis proviene del régimen que impide a los puertorriqueños escoger sus propias alternativas y usar los mismos recursos soberanos que sus vecinas repúblicas caribeñas y latinoamericanas.

Para superar la crisis lo que toca negociar no son medidas “técnicas”, sino la transición para convertir a Puerto Rico en una república independiente y sostenible.

– Nils Castro es escritor y catedrático panameño.

Fuente: Alai-Amlatina

“Por primera vez los gobiernos de la región se parecen a su gente”

Por Juan Manuel Karg

 

En el marco  de un Diálogo con el presidente, Tiempo participó de una extensa conversación en Quito con Rafael Correa, quien caracterizó la situación política, social y económica que vive el Ecuador, tras las violentas movilizaciones contra sus recientes proyectos de redistribución. Correa tuvo tiempo para dar cuenta del cambio discursivo de las derechas latinoamericanas y opinar sobre la influencia del Papa Francisco en los debates de la región. Destacó el papel de Néstor Kirchner y Hugo Chávez en la unidad latinoamericana, a diez años del No al ALCA. Correa se refirió a las elecciones presidenciales en la Argentina, donde destacó el rol de Cristina Fernández de Kirchner –”es histórico”-, y auguró un nuevo triunfo del kirchnerismo.

-¿Cuál es la situación política de Ecuador tras las movilizaciones que la derecha organizó en su contra luego del intento de implementar las leyes de herencia y plusvalía, que apuntan a una mayor redistribución?

-La ley de herencias y plusvalía fue un pretexto. ¿Quién puede entender que una ley que afecta a menos del 2% de los ricos genera tal malestar y rechazo? Y la ley de plusvalía afectaría incluso a menos casos: es para evitar la especulación con las tierras. ¿Cómo explicar que leyes tan positivas generen tanto malestar? Porque hubo una manipulación terrible, los engaños de siempre, y sobre todo porque ya estaba preparado: el pretexto fue la ley de herencias, pero yo anuncié hace más de un año que esto se nos venía, como está pasando en Venezuela, contra Dilma en Brasil, o contra Cristina en Argentina. Es parte de un intento de restauración conservadora, y lo vamos a tener que aguantar hasta 2017. Quieren impedir que lleguemos a esa elección porque saben que van a salir nuevamente derrotados.

-La oposición dice que su gobierno es autoritario, pero cuando llama al diálogo no van. ¿Cómo se explica esa posición? ¿La élite no quiere perder poder económico?

-Por supuesto. Antes en América Latina se diluía el poder en pocas manos. Eran los poderes fácticos, no gobernaba el presidente. Con nosotros no tienen nada, entonces nos la van a tener jurada. Hay un banquero retirado, candidato a la presidencia de la república, que en el 2000 pagaba 1000 dólares de impuestos. ¿Sabe cuánto tuvo que pagar en 2014? 5 millones de dólares. Cinco mil veces más. ¿Usted cree que ese tipo no nos la va a tener jurada? ¿Usted cree que ese tipo va a querer dialogar? Otro ejemplo, el alcalde de Guayaquil: siendo alcalde empezó pagando 600 dólares. Hoy paga más de 66 mil dólares, más de 100 veces lo que pagaba. ¿Usted cree que quieren dialogar? Quieren vernos fuera del poder lo más rápido posible. No nos engañemos, esta gente pelea por su supervivencia como poder fáctico. Y ahí está la lucha política: que el poder lo tengan las grandes mayorías. Eso es lo que busca nuestra Revolución Ciudadana.

-Los gobiernos del “cambio de época” vienen ganando sucesivas elecciones: pasó en Brasil, Uruguay y Bolivia. Y usted dice que en las próximas elecciones Alianza País va a volver a ganar en Ecuador…

-Mire, con todo respeto y sin arrogancia, si mañana fueran las elecciones les volvemos a ganar 3 a 1. Y ellos lo saben.

-¿Por qué el pueblo latinoamericano sigue eligiendo a estos gobiernos y la derecha, aún con articulación interna y externa, no puede vencerlos?

-Ellos no tienen liderazgos. La gente no es tonta, recordamos muy bien la época neoliberal. Pero en el caso de Ecuador ni siquiera tienen líderes o candidatos potenciales adecuados. Entonces entre ellos mismos se pelean. ¿Por qué ese apoyo? Porque por primera vez en la historia de la región hay gobiernos que se parecen a su gente. Gobiernos que no son perfectos: nunca hemos dicho que no cometemos errores. Pero gobiernos trabajadores, honestos, sinceros, patriotas. Y por eso el inmenso apoyo popular. En el momento más duro de las protestas, ¿sabe a cuánto se redujo nuestra popularidad? Normalmente hemos tenido el 75% de aceptación. Este año, como es un año económico difícil y lo leyó bien la derecha, nos han dado con todo. Nos lograron bajar un 5%, al 70 por ciento. En el momento más duro de la protesta nos bajaron a 57 por ciento. Después de 8 años de gobierno, 57% de apoyo. Y no es que la gente nos dejó de apoyar: la confundieron, la atemorizaron. Pero ahora, dos semanas después de las protestas, ya estamos en las últimas encuestas en 68 por ciento.

-En América Latina se instaló de vuelta el concepto de justicia social a través de los nuevos programas sociales que los gobiernos posneoliberales han puesto en marcha. Ahora la derecha latinoamericana parece que descubre que son positivos, y hasta aceptan que en lo social se avanzó. Duran Barba, que es bastante conocido acá en Ecuador…

-Sí, muy conocido. Bien conocido…

-Él le aconsejó a Mauricio Macri que defienda las estatizaciones y las políticas sociales cuando antes era contrario. ¿Por qué hubo ese cambio en las derechas, amparados en estos gurús del marketing?

-América Latina tuvo un cambio de época, no una época de cambios. Y jamás va a ser la misma que a inicios del siglo XXI y finales del siglo XX, pero sí se puede perder mucho de lo ganado. Eso lo sabe la derecha: que no vamos a aceptar que nos digan “sálvese quien pueda” o “la educación como mercancía”. Entonces tienen que hablar también de justicia social y de mantener algunos programas sociales. ¿Pero hasta dónde son sinceros? Esa es la pregunta, y por eso es tan pertinente el gran diálogo nacional al cual hemos convocado en Ecuador sobre equidad y justicia social, para que pongamos claras las cartas sobre la mesa, y ver qué quiere hacer cada uno para lograr eso. Algunos nos quieren meter las recetas de antes: neoliberalismo, libre competencia, y se logra la justicia social. Esa gente va a fracasar, porque ya nuestros pueblos saben muy bien lo que eso significa. Y la derecha asesorada por tipos como Duran Barba no caen en esa trampa y hablan de justicia social. Pero hay que profundizar un poquito más: ¿Qué significa para ellos esa justicia social y como la van a lograr?

-El Papa Francisco recientemente visitó Ecuador, luego Bolivia y Paraguay. Y dijo “este sistema ya no se aguanta”.

-Eso es lo que no le gusta escuchar a cierta derecha.

-¿Y qué piensa usted de que el Sumo Pontífice, que representante de 1200 millones de católicos en el mundo, haga esa aseveración? ¿Se siente reivindicado?

-Absolutamente. Conozco al Papa, sé lo que piensa, me siento muy identificado con él. Y no sólo que está hablando claro. Está escribiendo mucho más claro: hay que leer Evangeli gaadium, sobre todo el capítulo segundo, y Laudato si. Hay cosas ahí que desbaratan el discurso de ciertas cámaras empresariales: sobre toda riqueza grava una hipoteca social. Porque aquí el argumento para evitar la ley de herencias es que ellos solitos han ganado. El Papa dice todo lo contrario. Yo por supuesto me siento reivindicado con el Papa Francisco. Gran parte de mi formación política y económica se inspira en la doctrina social de la Iglesia, y en la teología de la liberación bien entendida -porque hubo varias, algunas se alejaron del Evangelio e invocaron a la violencia-. Pero otros fueron muy fieles al Evangelio, como Hélder Câmara o Leonidas Proaño. Admiré mucho a la iglesia latinoamericana de los 60 y 70, tan involucrada con la cuestión social. Luego vino una iglesia más bien involucrada con la cuestión moral y el rito, cuando la principal cuestión moral en América Latina sigue siendo la cuestión social, por las grandes contradicciones que existen. Y el Papa ha retomado ese discurso de esa iglesia latinoamericana tan comprometida con su pueblo. Por eso me siento identificado con él.

-En los próximos meses se cumplen 10 años del No al ALCA. ¿Qué dejaron para la región Néstor Kirchner y Hugo Chávez, artífices de aquella victoria, y que hoy ya no están?

-Hugo Chávez y Néstor Kirchner son latinoamericanos históricos. Inmensos latinoamericanos, absolutamente comprometidos con la integración. Tuve el privilegio de no sólo ser colega, sino ser amigo cercano de ambos. Kirchner incluso murió siendo el primer secretario general de la Unasur. Y así se llama el edificio de Unasur que está aquí. Y hasta eso critica la derecha aquí: “¿Por qué le pusieron ese nombre si nunca visitó Quito?” Porque no podía por el corazón. Nos reuníamos con él en Guayaquil. Hasta ese nivel llega la mala fe. Hay que recordar la Argentina que recibió Kirchner. Es fácil engañar a gente joven o perder la memoria, pero Kirchner recibió una Argentina destrozada. Una crisis similar a la de Ecuador en 1999. Y como Ave Fénix levantó a Argentina de sus cenizas. Y Chávez lo mismo. ¿Qué era Venezuela antes de Chávez, por favor? Fue por 70 años el principal exportador de petróleos del mundo, la Arabia Saudita. ¿Dónde está esa plata? Está en bienes en Miami de la oligarquía venezolana. Y eso no lo dicen los medios de comunicación. Con Chávez se recupera ese petróleo, se disminuye la pobreza. Tienen problemas económicos, ha habido -como todos cometemos- errores económicos. ¿Pero qué era Venezuela antes de Chávez? Y además, el compromiso de ambos por la integración. En la Cumbre de Mar del Plata se pusieron de acuerdo para bloquear la iniciativa de Bush del ALCA, que pretendía hacer de toda América un gran mercado, no una gran nación.

Juan Manuel Karg es Licenciado en Ciencia Política de la UBA Investigador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires

Fuente: CubavsBloqueo

Estados Unidos se “venga” de Daniel Ortega por el gran canal de Nicaragua.

 Los líderes latinoamericanos que optan por seguir una política independiente de EE.UU. deben estar preparados para cualquier reacción que pueda provenir de Washington. Actualmente, el mayor descontento para la Casa Blanca está generado por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que según el Departamento de Estado de EE.UU., está actuando de manera “extremadamente hostil” frente a la política estadounidense, consideran algunos expertos.

Las relaciones de Nicaragua con China se hacen cada vez más importantes, principalmente debido al proyecto de la creación del Gran Canal de Nicaragua, que tiene previsto comenzar entre noviembre y diciembre de este año. La empresa china Hong Kong Nicaraguan Canal Development Investment Group (HKND) es la responsable de la construcción.

Según la empresa ambiental británica Environmental Resources Management, el proyecto se considera como viable para la conservación de la naturaleza y los recursos hídricos. Sin embargo, esta conclusión “contradice el argumento principal de la propaganda del gobierno de Obama acerca de los efectos devastadores del canal en la ecología de la región”, escribe el analista Nil Nikándrov en el portal de la Fundación de la Cultura Estratégica.

Además, se prevé que la construcción “estimule el surgimiento de la economía nicaragüense y proporcione al menos 250.000 puestos de trabajo”. Pero Washington prefiere ignorar estos beneficios y ya ha puesto en marcha “una operación regional a gran escala para interrumpir la construcción del canal”. La operación está liderada por la embajadora de EE.UU. en Managua, Phyllis Powers, que anteriormente trabajó en Panamá y tiene experiencia en cuestiones relacionadas con canales interoceánicos, así como la oposición nicaragüense.

El pasado junio Eduardo Montealegre, principal opositor político de Ortega, líder del Partido Liberal Independiente, abiertamente mostró su posición proestadounidense y acusó al actual mandatario de “desmantelar el Estado de derecho” y tachó el proyecto del canal transoceánico de “económicamente erróneo y dañino para el medioambiente”.

De acuerdo con los cálculos estadounidenses, la desestabilización de la situación en Nicaragua, promovida por el propio Washington, debe conducir a la terminación de la construcción del canal o a su significativa desaceleración, opina Nikándrov. Por su parte, Rusia apoyó la ambiciosa iniciativa de Ortega, que corresponde a los intereses del país latinoamericano, tanto por razones políticas, como económicas.

Fuente: Contrainjerencia

Una iniciativa ciudadana pone en jaque a la justicia paraguaya.

Por Pelao Carvallo

“Condena cantada” es como en Paraguay se refieren a un juicio cuyo resultado ha sido decidido de antemano de acuerdo a intereses extrajudiciales. Contra un juicio que viene con condena cantada es que se levantó la iniciativa Somos Observadores de Curuguaty, una campaña ciudadana nacional e internacional de vigilancia al juicio oral de la masacre de Curuguaty, el cual ha sido pospuesto por tercera vez en ya casi dos años. La última fecha dada por el tribunal para su realización será este lunes 27 de julio de 2015 en la ciudad de Asunción.

En este juicio la fiscalía intentará castigar a 13 campesinos y campesinas por la masacre de Curuguaty. En la mañana del 15 de junio de 2012, en la zona de Marinakue, cerca de 350 policías fuertemente armados, en vehículos, a pie y a caballo, con un helicóptero, ingresaron a desalojar a cerca de 60 campesinos –incluyendo mujeres y niños- quienes ocupaban esa tierra exigiendo que fuera recuperada por el Estado para la reforma agraria. En medio del diálogo entre la policía y una delegación campesina se inició un tiroteo que dejó 17 muertos, 11 campesinos y seis policías. La Fiscalía investigó solo la muerte de los seis policías caídos ese día. Los asesinatos de los campesinos no fueron investigados por la fiscalía, pese a las pruebas que indican la ejecución de la mayoría de ellos por la policía. Esa masacre fue el detonante para el juicio parlamentario que destituyó al entonces presidente Fernando Lugo. Este hecho ha sido llamado “golpe parlamentario” por la prensa nacional e internacional.

La no investigación del asesinato de campesinos y muchas otras irregularidades más han venido construyendo, a ojos de la sociedad paraguaya, esta “condena cantada”. Estas “condenas cantadas” son habituales en la vida judicial paraguaya. Las irregularidades abarcan todo el proceso judicial, desde la recolección de pruebas hasta los procedimientos de acusación y audiencia preliminar. La fiscalía ocultó evidencias, incluyendo balas de calibre de uso policial recolectadas en la “escena del crimen”, no investigó las denuncias de torturas y ejecuciones de campesinos. También fue ilegalmente añadida evidencia falsa –como una escopeta robada en una ciudad lejos del lugar de los hechos, días después de la masacre, cuyo robo fue denunciado, y que fue incorporada a las pruebas por la fiscalía, pruebas que en general fueron presentadas a bulto y sin que la defensa tuviera acceso a ellas, como la ley exige. La jueza de garantías realizó una conferencia de prensa contra los abogados defensores cuando estos le recusaron durante la audiencia preliminar del caso el año 2013.

Las irregularidades abarcan todo el proceso judicial, desde la recolección de pruebas hasta los procedimientos de acusación y audiencia preliminar.

En el mes de mayo, una serie de personalidades y ciudadanos de Paraguay –incluyendo artistas, actores, religiosos, feministas e intelectuales- propusieron a la sociedad toda ser “Observadora” del juicio, para asegurar su trasparencia, que sea efectivamente un juicio público, el cumplimiento y respeto del debido procedimiento y de las garantías a la defensa. Somos Observadores sostiene que la presencia de público, de referentes nacionales e internacionales del ámbito del derecho y los derechos humanos y en general de cualquier ciudadano de a pie en el juicio, ayudará a impedir maniobras oscuras e irregulares que hagan posible la “condena cantada”.

Una activista de la campaña, Sandra González, llegó a ella porque pensó “que no se podía dar la injusticia sin que la ciudadanía colocase que estamos pendientes, que somos más que los familiares, más que las organizaciones que acompañan desde el día uno todas las acciones, que somos más que unos abogados y abogadas… que cada ciudadana y ciudadano que crea en la justicia, puede y debe participar, conocer al caso de cerca, seguir el juicio, apelar a la independencia, a la transparencia y a la imparcialidad.”

El cineasta Marcelo Martinessi, director de Televisión América Latina, es una de las figuras públicas que ha declarado que será observador del juicio. Como muchos de los observadores de Curuguaty, Martinessi ha publicado una foto con el logo de la campaña en las redes sociales.

“El caso Curuguaty necesita que tomemos postura” señaló. “Y Somos Observadores es una forma de hacerlo. Lo otro es permanecer indiferentes, callados, es la inercia, el ‘no te metas’ que avaló prácticas nefastas, injustas y criminales, en los momentos más oscuros de nuestra historia”.

“Se ve que están activos ahí y veo que cada vez se suman más observadores” Dijo la estudiante Jeruti Bareiro, quien se enteró de la campaña por las redes sociales y cree que “Si su propósito es presionar y hacerse presente, creo que ya lo logró de hecho, pero no creo que depende solamente de la campaña el lograr justicia para Curuguaty”.

Lanzada públicamente a principios de junio, con ya más de dos mil personas inscritas como observadoras en el sitio web de la campaña y han publicado fotos suyas con el logo de la campaña y la consigna Somos Observadores

Somos Observadores recoge firmas y compromisos de participación observadora en el juicio mediante su página web y en las redes sociales, aunque sus actividades principales son en las calles, plazas y eventos de Asunción y otras ciudades de Paraguay, así como también ha sido presentada en otras ciudades del mundo, como Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Rio de janeiro. Incluso durante la participación de la selección paraguaya de fútbol en la Copa América Chile 2015, se realizó una acción de apoyo a Somos Observadores y en demanda de justicia y libertad para los y las acusadas de Marinakue en la ciudad de La Serena, lugar de concentración de esa selección.

Durante el juicio los observadores seguirán el proceso mediante las redes sociales, las que mantendrán permanentemente actualizadas. También asistirán al juicio para asegurarse de que toda la información sea compartida tanto como sea posible, para que la ciudadanía tome medidas si el juicio no es justo.

“La suspensión (del juicio) no nos ayuda, porque queremos para los 11 campesinos asesinados, no sólo para los seis policías” dice Diana Rivarola, activista de la campaña “Tengo la esperanza de que se anule este proceso”

Fuente: El Ciudadano

 

10 años de TeleSur.

Por Luis Britto García

 

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Cinco megamonopolios privados de la comunicación deciden lo que se ve y se escucha en los medios. En cada país un puñado de magnates actúa como sus agentes y replica sus decisiones y políticas. Para contrapesar esta dictadura mediática, recomendamos insistentemente: 1) La sanción de normas que obliguen a transmitir información veraz, oportuna e imparcial 2) La creación de organismos que las apliquen 3) La educación y organización de las audiencias, para que decodifiquen los mensajes de los monopolios y hagan valer sus derechos ante ellos 4) La creación de medios libres, alternativos y comunitarios 5) La instalación de emisoras de servicio público.

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A ello corresponde la creación de La Nueva Televisora del Sur (Telesur) a mediados de 2005. La situación de Venezuela lo exigía. En el país funcionaban un centenar de periódicos, otro centenar de televisoras y más del millar de radiodifusoras privadas, todas voceros del empresariado que frenéticamente instaban al derrocamiento del gobierno electo. El de abril de 2002 fue un golpe mediático: las emisoras privadas con su tecnología superior incomunicaron al gobierno, difundieron la falsa noticia de la renuncia del Presidente y ocultaron con un apagón comunicacional la marejada popular que lo restituyó en su cargo. Un lavado de cerebro mediático acompañó al cierre patronal y al sabotaje petrolero que arrancó en diciembre de ese año: durante dos meses y medio, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, todas las radios y televisoras privadas cambiaron sus programas ordinarios por un continuo llamado a derrocar al gobierno legítimo. Éste contaba sólo con una televisora y una radio, sin alcance nacional. Con el apoyo del pueblo resistió hasta que el paro patronal se disolvió por si mismo. El bolivarianismo no podía esperar otro asalto desarmado. Repotenció Radio Nacional y Venezolana de Televisión, inició una política de creación de emisoras de servicio público y también alternativas, libre y comunitarias, e inauguró Telesur.

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En la actualidad operan en Venezuela 2.896 medios, de los cuales sólo 3,22% son de servicio público 20,76% son comunitarios, y el 65,18%, unos 2.332, privados y casi unánimemente opositores. Los medios comunitarios son de limitado alcance y efímeros, pero el porcentaje revela la aparición de un importante sector comunicacional popular de medios, como ellos mismos gustan llamarse, comunitarios, libres y alternativos. Los canales de servicio público pertenecen en buena medida a la Iglesia, tal como sucede con la Televisora Andina de Mérida, el Canal de los Niños Cantores en Maracaibo, Vale TV en Caracas, o a asociaciones privadas. Unos seis divulgan mensajes de organismos públicos. En cuanto a los canales de difusión, la derecha opositora detenta una brutal hegemonía. ¿Por qué, en tal situación de inferioridad mediática, el bolivarianismo ha ganado 18 de 19 consultas electorales? Gracias a su mensaje, que postula democracia contra dictadura patronal, fraternidad contra racismo, solidaridad contra discriminación, patriotismo contra entreguismo, paz contra violencia golpista y terrorista, y educación, salud y asistencia social para todos y gratuitas.

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En el Primer Encuentro Internacional de Intelectuales con la Revolución Bolivariana propusimos una Televisora con alcance latinoamericano. Evité que el proyecto se desviara hacia un ente absolutamente autónomo, independiente y por encima de los gobiernos. El 24 de julio de 2005, en el 244 aniversario del nacimiento de Bolívar, Hugo Chávez Frías lo hizo realidad, y convocó un Consejo de Asesores del cual formaban parte Ignacio Ramonet, Danny Glover, Eduardo Galeano, Adolfo Pérez Esquivel, Tarek Alí, Chiqui Vicioso, el promotor del software libre Richard Stallman, Aram Aharonian y quien suscribe. Así arrancó Telesur con cuatro horas diarias de programación, para fortalecer el proyecto de integración latinoamericana del Libertador.

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Posteriormente Telesur es difundida por cuatro canales UHF en Venezuela, cinco en Ecuador, 13 canales de satélite y una docena de cable. A veces llega a través de operadoras transnacionales por suscripción. El alcance es mayor de lo que uno pudiera imaginarse: por Telesur me enteré en un modesto hotelito de Viena de la partida de Eduardo Galeano, y de inmediato transmitieron un magnífico programa de homenaje. Contribuyen al financiamiento de Telesur Argentina , con un 20%; Bolivia con 5%; Cuba con 19%; Ecuador con 10%; Nicaragua con 10%; Uruguay con 10% y Venezuela con un decisivo 51%.

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En diez años Telesur acumula aciertos, como la diversa extracción regional de sus presentadores y anclas, que nos acostumbra a la maravillosa variedad de acentos y de rasgos latinoamericana y caribeña. Se anota goles como el desmontaje de la acusación de que Kadafi habría bombardeado manifestantes. Resiente persecuciones, como la detención de sus comunicadores en Colombia o en Honduras. Incurre en fallas, como la de imitar a CNN con pantallas abigarradas de logos, cintillos e inserciones que impiden percibir lo que se transmite. Sirve de punto de referencia para desmentir, matizar o revertir las brutales campañas difamatorias de las transnacionales de la información. Y sigue siendo por encima de todo la vocería del gran proyecto de integración de Nuestra América, que paso tras paso vamos viendo realizado.

Fuente: Rebelión

 

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