NÚMERO 72

DE NUESTRA AMÉRICA

TITULARES

-EDITORIAL

-La Comisión de la Verdad pide anular la amnistía en Brasil. Por Alberto Armendáriz

-El gobierno del pueblo (Uruguay). Por Mónica Xavier

-Las batallas de Venezuela. Por Claudio Katz

-Lucha política global y necesidad estratégica de la integración. Por Carlos Rang

EDITORIAL

Bergoglio: El hombre más peligroso del mundo.

No caben dudas de que la Iglesia Católica, como institución, ha sabido adaptarse a todos los regímenes sociales, ha colaborado con ellos y ha formado parte de sus estructuras de dominación, a la vez que dado sustento.

Desde la esclavitud, pasando por el feudalismo, hasta llegar a la actual etapa del capitalismo, el imperialismo supranacional, la jerarquía eclesiástica ha mostrado una extraordinaria habilidad en saber escoger el momento oportuno para iniciar el deslinde y posterior alejamiento -sin abruptas rupturas- de las clases explotadoras de las que forma parte, es cómplice y hasta, en ocasiones, principal actora de todo tipo de “pecados”; incluyendo genocidios.

Así, acorde al sentido de los vientos, los estadistas de Roma han ido transitando, no sin contradicciones internas, de sistema en sistema, buscando útil acomodo en los nuevos tiempos.

Entre los fines de la década de los años 50 del pasado siglo y la de los años 60 resultaba evidente la crisis en que se iba sumiendo el capitalismo y muchos politólogos, erróneamente, se aventuraban a vaticinar el fin de ese sistema socio-económico, ante el avance del socialismo y el proceso de descolonización.

La Iglesia Católica necesitaba una “puesta al día” para la nueva realidad y, muy sabiamente, tras la muerte del reaccionario Eugenio Maria Giuseppe Giovanni (Pio XII, 1939-1958), el cónclave de octubre 1958 supo escoger a Angelo Giuseppe Roncalli (Juan XXIII, 1958-1963), iniciador de un proceso reformista que oxigenó las arcaicas estructuras eclesiásticas y ofreció a los fieles nuevos aires de espiritualidad.

Acorde a los nuevos tiempos, Angelo Giuseppe nombró por primera vez en la historia cardenales hindúes y africanos, dio a conocer en 1963 su encíclica Paz en la tierra en que, en medio de la guerra fría y el inicio de la guerra contra Vietnam, rechaza la carrera armamentista y hace un llamado a la paz

Pudieran citarse varias medidas que incluso lo enfrentaron a la curia romana, como la lucha contra los lujos de cardenales y obispos, pero sin dudas la convocatoria al Concilio Vaticano II y los inicios de sus deliberaciones fueron los hechos que marcaron el sello distintivo de su mandato, caracterizado como renovador y ecuménico.

Su muerte frustró un tanto el alcance de los resultados del Concilio, pues apenas vio concluida la primera de las cuatro etapas conciliares. Fue su sucesor Giovanni Battista (Pablo VI, 1963-1978) el que guiaría las últimas tres etapas y para muchos fue un diplomático que al caminar sobre el filo de una navaja intentó complacer tanto a liberales como a reaccionarios, por lo que fueron mediatizados los acuerdos provenientes del Concilio.

Albino Luciani (Juan Pablo I, 26 de agosto de 1978- 28 de septiembre de 1978), conocido por el papa de los 33 días, al ser elegido escogió como lema de su gobierno la Humildad,  pretendió promulgar una encíclica para ahondar en las reformas iniciadas por Juan XXIII y consolidar las adoptadas en el Concilio Vaticano II; también priorizó, desde el punto de vista administrativo, la clarificación de las cuentas del Estado Vaticano.

Luciani fue encontrado muerto 33 días después de su ascensión al papado, desconociéndose la causa de su fallecimiento (no se le efectuó autopsia); muchas son las especulaciones sobre un posible asesinato, algo nada descartable dado los intereses económicos e ideológicos que se verían afectados de llevar a cabo Luciani los propósitos enunciados.

Lo cierto es que sus sucesores, el polaco Karol Jósef Wojtyla (Juan Pablo II; octubre 1978-abril 2005) y el alemán Joseph Aloisius Ratzinger (Benedicto XVI; abril de 2005-febrero de 2013) pusieron fin a la política de “puesta al día” de la iglesia e incluso retrocedieron a la represión contra el disentimiento dentro de sus propias filas.

En su lucha contra la Teología de la Liberación, Wojtyla llegó incluso a sancionar a conocidos teólogos, entre ellos al brasileño Leonardo Boff , y a reprender públicamente, en su viaje a Nicaragua en 1983, al sacerdote y reconocido intelectual Ernesto Cardenal, ministro de Cultura en ese país centroamericano. Por aquel entonces Wojtyla ya había nombrado al que más tarde sería su sucesor, Joseph Ratzinger, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Por cierto, mientras perseguían a la Teología de la Liberación y ponían sus lupas sobre la iglesia de base, se produjeron varios sonados escándalos de abuso sexual, sin que Wojtyla y Ratzinger mostraran la misma vehemente energía contra los pedófilos que en forma muy peculiar iniciaban en la fe cristiana a niños y adolescentes.

En esas tristes décadas los años setenta y ochenta fueron muchos los religiosos separados por la jerarquía eclesiástica y abundaron los que fueron asesinados por grupos paramilitares y algún que otro, en franco desafío a las autoridades vaticanas, murió en combate contra las dictaduras, como fue el caso del sacerdote comandante guerrillero nicaragüense Gaspar García Laviana.

Todos estos antecedentes resultan imprescindibles para poder entender la actual actitud de la jerarquía vaticana y en particular la de su nuevo jefe, Jorge Bergoglio (Francisco, marzo de 2013) en su reciente gira por Ecuador, Bolivia y Paraguay.

Contubernio con las dictaduras militares de los años 70, divorcio de las bases, persecución de los elementos progresistas en el seno de la iglesia, escándalos de pederastia, lavado de dinero, oscuros “negocios” de las ultra reaccionarias élites del Opus Dei y los Legionarios de Cristo, por sólo citar algunos males, han llevado a una drástica reducción de creyentes católicos, aunque todavía unos 425 millones son latinoamericanos, alrededor del 40 por ciento de los seguidores de esa religión en todo el mundo.

Varias encuestas dan cuenta de que en comparación con la década de los años sesenta en que el 90 por ciento de los habitantes de América Latina se consideraban católicos, ahora sólo así se identifica el 69 por ciento; en áreas como Centroamérica apenas la mitad de la población se confiesa católica, en países como Brasil esa iglesia perdió un tercio de sus fieles y en Argentina una quinta parte. Muchos han derivado sus creencias hacia sectas protestantes; otros, simplemente han dejado de creer.

¿Un intento de preservar su principal baluarte en el mundo habrá llevado a la cúpula de la Iglesia Católica a escoger para papa, por primera vez en la historia, a un latinoamericano? Pensamos que si.

¿Por qué fueron escogidos Ecuador, Bolivia y Paraguay para esta gira pontificia y no países con mayor número de habitantes?

En lo anterior, a nuestro juicio, jugaron a favor dos factores: primero, en el área esos tres países tienen la mayor proporción porcentual de fieles católicos (Paraguay, con el 89 por ciento, Ecuador el 79 y Bolivia el 77), lo que habla mucho de la “fidelidad” de sus creyentes, ante la crisis que vive esta institución religiosa aunque, en contraposición, también dice mucho del conservadurismo que invade esas sociedades e incluso a algunos de sus dirigentes políticos que, a la vez que impulsan transformaciones socioeconómicas en sus países, como católicos practicantes, se ubican en el clásico conservadurismo moral; tal es el caso del presidente ecuatoriano Rafael Correa, opuesto al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Contrapuestamente, en los casos de Ecuador y Bolivia en medio de esas sociedades religiosamente conservadoras, sus gobernantes llevan a cabo importantes transformaciones progresistas, tanto política como económicamente, a las que se han unido amplios sectores de base de la iglesia católica. En el caso de Paraguay aunque se encuentra en el poder un gobierno derechista, que en la práctica surgió de un golpe de estado, el presidente victima a ese golpe, el destituido exobispo Fernando Lugo, sigue siendo titulado por las amplias masas populares como el obispo de los pobres.

Esa realidad progresista dentro de las filas de base de la iglesia, en los tres países a visitar, daba la oportunidad a Bergoglio para colocar a los desposeídos como centro de sus discursos sin romper abruptamente con el conservadurismo de las jerarquías eclesiásticas nacionales y de esas sociedades.

Ya antes de emprender su viaje, Bergoglio había dado claras muestras de retomar los caminos reformistas del Concilio Vaticano II, dejando atrás los oscuros mandatos de Wojtyla y Ratzinger.

Por poner ejemplos, en el Sínodo de la Familia, efectuado el pasado año, Bergoglio pidió hablar “sin miedo” sobre el divorcio, los homosexuales y la crisis de la familia, a la vez que pidió recordar siempre que la iglesia tenía que tener “las puertas abiertas a todos los hombres”

Específicamente con relación a Latinoamérica, después de que por décadas sectores conservadores del Vaticano y de la propia iglesia salvadoreña mantuvieran en un estancamiento la beatificación de monseñor Oscar Arnulfo Romero, al poner como impedimento su supuesto involucramiento en política, Bergoglio puso todo su empeño y logró concretar la beatificación. Romero fue asesinado por la ultraderecha salvadoreña en 1980 por sus predicas a favor de los pobres, contra la violencia y la violación de los más elementales derechos humanos en su país.

La llegada de Bergoglio a Ecuador, primera escala en su gira, se produjo en momentos en que la derecha de ese país, con la complicidad de los medios de comunicación y de sectores externos, conspiraba abiertamente para derrocar al presidente constitucional Rafael Correa. Manifestaciones y desórdenes, en los que fueron heridos varios agentes del orden, fueron escenificados en los días previos a la llegada de Bergoglio, quien en sus discursos, aunque en forma indirecta, dio su tácito apoyo a Correa.

Desde su primera intervención, a la llegada, Bergoglio hizo referencias que pueden enmarcarse en favor de las políticas inclusivas llevadas a cabo por el gobierno: hizo referencias “a afrontar los desafíos actuales, valorando las diferencias, fomentando el dialogo y la participación sin exclusiones para que los logros en progreso y desarrollo que se están consiguiendo garanticen un futuro mejor para todos, poniendo una especial atención en nuestros hermanos más frágiles y en las minorías más vulnerables, que son la deuda que todavía toda América Latina tiene”.”Para esto, señor presidente -refiriéndose directamente a Rafael Correa-, podrá contar siempre con el compromiso y la colaboración de la Iglesia”, dijo. También afirmó que el “pueblo ecuatoriano se ha puesto de pie con dignidad”.

En todo caso, durante la estancia de Bergoglio en Ecuador quedó evidenciada la coincidencia de sus mensajes con los del presidente Correa, lo que lleva implícito un apoyo y un tácito reconocimiento a la gestión de su gobierno.

Si bien en Ecuador Bergoglio mostró, aunque comedidamente, su clara simpatía por la gestión presidencial de Rafael Correa, en Bolivia fue mucho más directo en su apoyo al presidente Evo Morales y al proceso progresista que se lleva a cabo en ese país. No perdió tiempo; tan pronto llegó a La Paz declaró:

“Bolivia está dando pasos importantes para incluir a amplios sectores en la vida económica, social y política del país; cuenta con una constitución que reconoce los derechos de los individuos, de las minorías, del medio ambiente, y con unas instituciones sensibles a estas realidades”.  “¡Qué hermosos son los países que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes, y que hacen de esa integración un nuevo factor de desarrollo!” En referencia directa a la reclamación boliviana de una salida al mar a través del territorio que Chile le arrebató en la Guerra del Pacífico, dijo:”Estoy pensando en el mar. Diálogo. Diálogo”.

Si bien la derecha continental, empeñada en la desestabilización de los movimientos progresistas latinoamericanos y caribeños para el logro de una restauración neoliberal, fue sorprendida pues no esperaba una tan  clara y profunda toma de posesión de Bergoglio en favor de esos gobiernos progresistas, sus palabras ante medio millón de feligreses, al pie de una estatua de Cristo, en un encuentro con movimientos sociales, le causaron miedo e indignación.

“Necesitamos un cambio positivo, un cambio que nos haga bien, un cambio redentor. Necesitamos un cambio real. Este sistema ya no se aguanta. Y los más humildes, los explotados, pueden hacer mucho. El futuro de la humanidad está en sus manos”.

“Cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres humanos, cuando la avidez por el dinero tutela todo el sistema socioeconómico, arruina la sociedad, condena al hombre, lo convierte en esclavo, destruye la fraternidad interhumana, enfrenta pueblo contra pueblo y, como vemos, incluso pone en riesgo esta nuestra casa común”.

Al asumir el papel de un simple ciudadano en la pobreza, preguntó:

 “¿Qué puedo hacer yo, cartonero, catadora, pepenador, recicladora, frente a tantos problemas si apenas gano para comer? ¿Qué puedo hacer yo artesano, vendedor ambulante, transportista, trabajador excluido si ni siquiera tengo derechos laborales? ¿Qué puedo hacer yo, campesina, indígena, pescador que apenas puedo resistir el avasallamiento de las grandes corporaciones? ¿Qué puedo hacer yo desde mi villa, mi chabola, mi población, mi rancherío cuando soy diariamente discriminado y marginado? ¿Qué puede hacer ese estudiante, ese joven, ese militante, ese misionero que patea las barriadas y los parajes con el corazón lleno de sueños pero casi sin ninguna solución para mis problemas?”.

En medio de un delirio de aplausos él mismo se respondió en forma prácticamente “subversiva”, para los oídos derechistas:

“¡Mucho! Pueden hacer mucho. Ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está, en gran medida, en sus manos, en su capacidad de organizarse y promover alternativas creativas, en la búsqueda cotidiana de «las tres T» (trabajo, techo, tierra). ¡No se achiquen!” “…tierra, techo y trabajo”. “Son derechos sagrados. Hay que luchar por ellos. Que el clamor de los excluidos se escuche en Latinoamérica y en toda la Tierra”.

Criticó al “nuevo colonialismo” que llegan bajo la forma de “algunos tratados denominados de libre comercio” y traen consigo “la imposición de medidas de austeridad que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y de los pobres” y al “colonialismo, nuevo y viejo, que reduce a los países pobres a meros proveedores de materia prima y trabajo barato, engendra violencia, miseria, migraciones forzadas”.

Fueron también blanco de sus críticas “…la concentración monopólica de los medios de comunicación social”, al igual que las políticas que “…bajo el noble ropaje de la lucha contra la corrupción, el narcotráfico o el terrorismo (…)”, “…poco tienen que ver con la resolución de esas problemáticas y muchas veces empeora las cosas”.

No se limitó Bergoglio sólo a criticar el sistema y a proclamar la necesidad de “construir una alternativa humana a la globalización excluyente”. También hizo “peligrosas” recomendaciones sobre cómo llevar a cabo esos cambios sociales: “…poner la economía al servicio de los pueblos”; “…devolverles a los pobres y a los pueblos lo que les pertenece”; “…la propiedad, muy en especial cuando afecta los recursos naturales, debe estar siempre en función de las necesidades de los pueblos”; “…ningún poder fáctico o constituido tiene derecho a privar a los países pobres del pleno ejercicio de su soberanía”, fueron sus principales consejos.

“Digamos juntos desde el corazón: ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ningún pueblo sin soberanía, ninguna persona sin dignidad, ningún niño sin infancia, ningún joven sin posibilidades, ningún anciano sin una venerable vejez. Sigan con su lucha y, por favor, cuiden mucho a la Madre Tierra”, dijo para finalizar.

El último de los países visitados en su gira latinoamericana fue Paraguay, donde según las estadísticas el 40 por ciento de la población está sumida en la pobreza, pese a haber tenido un crecimiento del Producto Interno Bruto en 2013 del 14,5 por cientos y 4,5 el pasado año. Es ese país un claro exponente de cómo las políticas neoliberales crean el espejismo de un crecimiento económico cuando en realidad sólo favorecen a una minoría, en algunos casos incluso trasnacional.

En Asunción, su primer discurso y ante el presidente Horacio Cartes (acusado por la oposición de ser un empresario y político corrupto), Bergoglio advirtió que “…un desarrollo económico que no tiene en cuenta a los más débiles y desafortunados, no es verdadero desarrollo. La medida del modelo económico ha de ser la dignidad integral del ser humano, especialmente el más vulnerable e indefenso”. “Traer el pan a casa, ofrecer a los hijos un techo, salud y educación, son aspectos esenciales de la dignidad humana y los empresarios, los políticos, los economistas, deben dejarse interpelar por ellos”.

Puede haberse considerado también a Bergoglio como “subversivo” para el gobierno paraguayo cuando dijo ante un grupo de jóvenes: “Necesitamos jóvenes con esperanza y fuertes de espíritu, no jóvenes debiluchos, que ni sí ni no. No queremos jóvenes que se cansen rápido, y que estén con cara de aburridos”. “Hagan lío, pero también ayuden a arreglar y a organizar el lío que hacen. Hagan lío y organícenlo bien. Un lío que nos dé un corazón libre, que nos dé solidaridad, un lío que nos dé esperanza”.

Bergoglio, en realidad, no dijo nada nuevo durante su gira; nada que no hubiese estudiado Carlos Marx y en Latinoamérica que hayan intentado remediar el Che, Fidel, Chávez…, por sólo citar a los próceres más cercanos en el tiempo. Lo importante y a la vez muy preocupante para las derechas nacionales y el imperialismo, es que el líder espiritual de cientos de millones de hombres y mujeres en el mundo haya puesto las luchas sociales contra “Este sistemaque- ya no se aguanta en el centro de la prédica evangélica, con lo que ha dotado a los desposeídos de un arma ideológica en sus luchas contra los opresores, a la vez que a estos últimos les retira el apoyo que de esa institución siempre disfrutaron para mantener en la sumisión a las masas explotadas y empobrecidas.

Posiblemente nunca lleguemos a saber si Bergoglio, que jamás simpatizó con los teólogos de la liberación, actúa por su cuenta, guiado por un ideario progresista, por mandato de los sectores más liberales de la jerarquía vaticana empeñados en retomar la “puesta al día” de la iglesia, para recuperar el prestigio perdido y así conservar su principal bastión, Latinoamérica o si en una conjunción existe acuerdo ideológico entre él y esos sectores.

No obstante, por una causa u otra, lo cierto es que esa posición está en plena sintonía con el movimiento progresista, antiimperialista y revolucionario que hoy se desarrolla en Nuestra América y que en todo caso podrá profundizarse marchando de la mano con los creyentes y nunca en sentido opuesto, pues más allá de cualquier denominación religiosa la inmensa mayoría de la población profesa creencias, sincréticas o no, basadas en el cristianismo.

En días recientes el consorcio televisivo estadounidense Fox aseguró en uno de sus trabajos periodísticos, nada más y nada menos, que el Papa Francisco se había convertido en el hombre más peligroso del mundo.

Coincidimos con los temores expresados por el presidente boliviano Evo Morales en el sentido de que Bergoglio puede ser víctima de un atentado, según él, por ser “anticapitalista y antiimperialista”. Resulta obvio que el discurso papal resulta perjudicial para los poderosos intereses, no sólo en Latinoamérica sino en todo el mundo, y no sería de extrañar que algún “fanático” del Estado Islámico o de Al Qaeda (a fin de cuentas todo el mundo sabe quién creó esas organizaciones terroristas) atente contra su vida. También pudiera sucederle como al papa de los 33 días, Juan Pablo I, que según unos fue encontrado muerto en su cama, otros sentado ante su buró y algunos en el piso, pero nadie sabe de que murió.

Para finalizar, vale la pena referirnos a un hecho que fue malintencionalmente manipulado. El presidente boliviano Evo Morales regaló a Bergoglio un crucifijo en forma de hoz y martillo, diseñado y tallado en madera por el sacerdote jesuita Luis Espinal, practicante de la Teología de la Liberación, que fue torturado y asesinado por un escuadrón paramilitar en 1980.

Espinal fue jesuita, como lo es Bergoglio, quién en su viaje a Bolivia hizo un alto en una carretera donde, en un lugar cercano, se había encontrado el cadáver, a fin de rendir homenaje a ese mártir que, según sus propias palabras, fue “víctima de intereses que no querían que se luchara por la libertad de Bolivia”. “El padre Espinal predicó el Evangelio y ese Evangelio molestó y por eso lo eliminaron.

Buena parte de la prensa boliviana e internacional, de esa prensa que como Bergoglio bien dijo forma parte de “…la concentración monopólica de los medios de comunicación social”, inmediatamente catálogo el regalo como una ofensa o una provocación.

Ya en el avión que lo conducía nuevamente a Europa, Bergoglio calificó al crucifijo como “arte de protesta” y aclaró que había donado a la Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia, dos condecoraciones que le entregara  Evo Morales, pues los papas no reciben condecoraciones, pero: “En cambio el Cristo lo traigo conmigo”,

Eddy E. Jiménez

La Comisión de la Verdad pide anular la amnistía en Brasil.

Por Alberto Armendáriz

Con un llamado a acabar con la impunidad  y una recomendación para que los represores de la última dictadura en Brasil sean juzgados pese a la ley de amnistía, la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) presentó a una conmovida presidenta Dilma Rousseff su informe final sobre las sistemáticas violaciones de los derechos humanos ocurridas entre 1964 y 1985.

“La CNV constató que la práctica de detenciones ilegales y arbitrarias, tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas y ocultamiento de cadáveres por agentes del Estado durante la dictadura militar caracterizó el acometimiento de crímenes contra la humanidad”, sostuvo el texto, que por ese motivo los considera imprescriptibles e identificó a 377 personas responsables por esas prácticas.

Si bien la opinión de la CNV no es vinculante, se espera que el informe abra ahora un fuerte debate en la sociedad sobre la ley de amnistía aprobada por los propios militares en 1979, que el Supremo Tribunal Federal ratificó en 2010. Ni siquiera dentro de la CNV las posturas fueron unánimes: uno de sus siete miembros se expresó en contra de anular esa legislación, que ha protegido hasta ahora a los represores, pese a la presión de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Las leyes de autoamnistía constituyen un ilícito internacional; perpetúan la impunidad y propician una injusticia continua, impidiendo a las víctimas y a sus familiares el acceso a la justicia, en afrenta directa al deber del Estado de investigar, procesar, juzgar y reparar las graves violaciones de los derechos humanos”, subrayó el informe entregado en el Palacio del Planalto a Dilma, en el que se detallan 434 casos comprobados de muertos y desaparecidos políticos durante el régimen militar, aunque se apuntó que las víctimas son muchas más, contando campesinos e indígenas.

Le corresponde entonces a la justicia reanalizar su decisión o al Congreso actuar para derogar la amnistía. Se espera que las fuerzas armadas ejerzan toda su influencia para resistirse.

“El demorado proceso de justicia transicional en Brasil recién comienza. Pero ahora tenemos los datos concretos para que haya una revisión de las posiciones en los poderes Judicial y Legislativo y se actúe en consecuencia”, destacó a LA NACION Eugenia Gonzaga, presidenta de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos, que hasta ahora había recuperado 31 cuerpos, y gracias al trabajo de la CNV se hallaron dos más.

La recepción del informe conmovió especialmente a Dilma, que en su juventud, cuando participaba de la guerrilla, fue detenida, torturada y encerrada por casi tres años. Emocionada hasta las lágrimas, con la voz entrecortada, la presidenta, bajo cuya iniciativa se creó la CNV en 2011, resaltó el valor de la recuperación de la memoria histórica y llamó a no buscar revancha.

“Brasil merecía la verdad; las nuevas generaciones merecían la verdad, y principalmente aquellos que perdieron a sus seres queridos, que continúan sufriendo como si ellos muriesen de nuevo cada día”, dijo antes de quebrarse en llanto.

“Que este informe nos permita reafirmar la absoluta aversión que debemos tener al autoritarismo y a las dictaduras de cualquier especie. Que el informe contribuya para que los fantasmas de un pasado doloroso y triste no puedan más esconderse -agregó ya recompuesta-. La verdad no debe ser un revanchismo, no debe ser motivo para el odio. La verdad significa por encima de todo la oportunidad de lograr un encuentro con nosotros mismos y nuestra historia.”

El informe está dividido en tres volúmenes: uno detalla las prácticas violentas de los agentes del Estado e identifica a 377 de ellos -141 militares y 114 civiles-; otro explica las investigaciones temáticas que la CNV hizo durante sus dos años y siete meses de trabajo, así como especifica sus recomendaciones para el futuro, y finalmente en el último apartado se ofrece un perfil de las víctimas confirmadas, 224 muertos y 210 desaparecidos.

El documento propone que se prohíban las celebraciones oficiales que aún conmemoran el golpe de 1964; que se incluyan temas sobre democracia y derechos humanos en las academias militares y policiales; que se acabe con la policía militar y se la unifique con la policía civil, y que se prosigan los esfuerzos para localizar los restos de los desaparecidos y crear un museo de la memoria en Brasilia.

Fuente: La Nación, Argentina

El gobierno del pueblo (Uruguay)

Por Mónica Xavier

Ya pasadas algunas jornadas desde las elecciones, quien no quiera entender el formidable apoyo que volvió a tener el Frente Amplio, y el presidente electo Tabaré Vázquez, se niega a entender lo que pasó en Uruguay en la última década.

En este período se incrementó el salario real en 50%, tenemos la mejor distribución de la región, la tasa de actividad está en máximos históricos, el desempleo en sus niveles más bajos, la inflación está controlada, se captó inversión como nunca antes, se alcanzó la mejor relación deuda – PBI, se eliminó la indigencia y se redujo la pobreza a la cuarta parte, se recuperaron empresas (Fondes), se creó la UTEC, se revitalizó la UTU, se condenó a golpistas y a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, se hallaron desaparecidos, se ampliaron derechos y se pusieron en práctica los de quienes siempre habían sido postergados, ejemplos de ello: trabajadores rurales y domésticas.

Actualmente, la ciudadanía es respetada en sus derechos, independientemente de su condición económica. Esto es experimentado cotidianamente por la gente, a través de la creciente calidad de los servicios públicos, accesibles para toda la población.

La suma de lo avanzado es lo que permite afirmar que nuestro pueblo tiene una década ganada. Por otra parte, la oposición se obstina en seguir relativizando y controvirtiendo lo avanzado. Esto les sucede a quienes no logran desarrollar proyectos propios ni cosechar la confianza popular. Es por ello que buscan explicaciones azarosas para negar la realidad, y por lo que a cualquier costo intentaron eludir la lógica comparación de sus administraciones con nuestros resultados de gobierno. En estos últimos está explicado, en gran medida, el respaldo a nuestra fuerza política de más de medio Uruguay. Además, estoy segura, de la confianza en nuestro proyecto de aún muchos más compatriotas que los que nos votaron.

Los sistemas democráticos se legitiman en las urnas, y quedó demostrado que el Frente Amplio tiene un gran respaldo popular. La reciente fue la cuarta elección que nos constituye como la fuerza política más representativa del país -por amplio margen-, fue la tercera elección consecutiva que alcanzamos el gobierno y la mayoría parlamentaria, y Tabaré fue el presidente que obtuvo más votos en la historia uruguaya.

Participación

Sin embargo, esto a la izquierda no le debe ser suficiente. El involucramiento y la participación ciudadana, para el aprovechamiento de la “inteligencia colectiva” son fundamentales para continuar avanzando. De ello depende la capacidad y el éxito de las ambiciosas reformas en marcha.

Por tanto, es fundamental la convergencia de ciudadanos, gobernantes e instituciones. La calidad de la democracia depende del nivel de participación de la ciudadanía a través de instituciones sensibles, dinámicas y accesibles, con gobernantes cercanos. Para esto se debe continuar trazando un diseño institucional moderno y, por sobre todo, se debe ser muy exigente en la evaluación del desempeño de quienes gobiernan. Así lograremos continuar con más desarrollo e inspirando mayor confianza en la ciudadanía.

Para ello, los niveles de gobierno más próximos a la gente, municipios e intendencias, son fundamentales. Así como para el fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos en la construcción de políticas públicas universales.

La concentración en unos pocos de las decisiones fue durante décadas desde donde se conformó el ejercicio del poder. No ha sido sencillo romper con aquellas viejas tradiciones gubernamentales, defendidas, como diría Max Weber, únicamente “por el eterno ayer”. Esa es una forma elitista y democráticamente débil de gobernar. A esa forma nos opusimos desde nuestros orígenes. El poder no debe pertenecer a élites gobernantes.

Tres principios clave:

1) La legitimidad de los gobiernos de izquierda está sustentada en la capacidad de integrar.
2) Si no hay activa participación ciudadana, no es gobierno de izquierda.
3) En los gobiernos de izquierda los ciudadanos no se limitan a ser receptores pasivos.

Nuestra fuerza política tiene tallada la participación ciudadana en su ADN. Es algo que reiteramos y nos lo recordamos en forma permanente: el Frente Amplio nace, crece y vive en el pueblo. Por ello vamos a seguir descentralizando el poder, de forma tal de seguir empoderando aún más a la ciudadanía. En ese camino es necesario continuar el diseño de un mapa colaborativo desde los niveles barriales hasta los supranacionales.

Esto incluye un recorrido que comienza en generar las mejores condiciones para la convivencia de los vecinos y llega hasta aquellas políticas que logren alcanzar una verdadera integración.

Innovación

En esta segunda década del siglo XXI empezamos a ver cambios extraordinarios como consecuencia de la transformación del sistema político y socioeconómico, y por tanto cultural, que estamos protagonizando.

Ahora, todos los ciudadanos de nuestro país han hecho realidad el acceso a las nuevas tecnologías. Para que un cambio tecnológico produzca un cambio social, las nuevas tecnologías tienen que mejorar las vidas de las personas. Esto es lo que está sucediendo en nuestro país.

Desde ejemplos como éstos es que se explica el fenómeno político y social que está impulsando nuestra fuerza política. Innovar significa incluir. Innovar significa oportunidades para todos. Innovar significa democratizar el poder. Innovar significa empoderar a la ciudadanía.

Esperanza

El sentido de nuestra fuerza es inseparable del desarrollo de la sociedad. Tenemos la determinación de alcanzar equidad a través de la igualdad de oportunidades. Forjamos una patria solidaria.

“Cuando nacimos fue levantanda una bandera de esperanza. Y esa bandera nunca nos abandonó. Nacimos para cambiar el país y lo estamos cambiando”. Así lo anunció el general Líber Seregni, y así lo estamos haciendo.

Fuente: Nodal

Las batallas de Venezuela

Por Claudio Katz

Todos los problemas estratégicos discutidos en la izquierda durante la última centuria han recobrado actualidad en Venezuela. En ese país se desenvuelve un proceso de transformación política que proclama metas antiimperialistas e idearios socialistas. El camino para alcanzar estos objetivos vuelve a debatirse con la misma pasión que en el pasado.

Golpes, sabotajes y presiones

Venezuela soporta desde hace 14 años el asedio de la derecha. Durante el 2014 esa agresión incluyó una guarimba, que comenzó en febrero y fue doblegada en junio, con un saldo de 43 muertos, centenares de heridos y la detención del cabecilla fascista.

Las organizaciones ultra-derechistas recurrieron a todas las técnicas de la guerra de baja intensidad. Arremetieron con asesinatos, destrozos, amenazas y contaron con el asesoramiento directo de los paramilitares colombianos.

Esa provocación incluyó un intenso sabotaje económico con acaparamiento de mercancías, especulación de divisas y contrabando, para desgastar al gobierno y desmoralizar a la sociedad.

Estados Unidos incentivó estas acciones, aportando un novedoso manual de sugerencias golpistas. Sus voceros financieros difundieron diagnósticos de colapso económico, mientras el Departamento de Estado promovía la inestabilidad política y el aislamiento internacional.

Pero el levantamiento derechista no logró trascender los barrios de la clase media-alta y la violencia extrema terminó socavando la propia base social de la asonada. El opositor Capriles tomó distancia del alzamiento y los militares se mantuvieron en la vereda opuesta, con la excepción de un pequeño grupo de conspiradores que fue apresado. Los conservadores perdieron otra partida de su larga escalada destituyente, pero el asesinato del joven diputado Robert Serra ilustra la persistencia del plan desestabilizador.

La derecha intentó en la mesa de negociaciones lo que no consiguió en las calles. Los empresarios resumieron sus exigencias en un paquete de12 puntos avalados por 47 economistas de la oposición. Demandaron la liberación del dólar, un nuevo ciclo de endeudamiento internacional, contrarreformas sociales, la a nulación del actual sistema de precios y la devolución de las plantas estatizadas. Reclamaron un lugar en el gabinete para garantizar la devaluación y la derogación de las leyes laborales.

Como esas exigencias fueron desoídas el lobby capitalista ha redoblado la presión. Busca recuperar pedazos de la renta petrolera socavando el control estatal de ese excedente. Esta erosión se consuma con los dólares que obtienen a precios preferenciales para el manejo de las importaciones. Suelen desviar esos recursos hacia la especulación cambiaria.

Esta tensión con la burguesía ha caracterizado a todo el proceso bolivariano. Chávez respondía abriendo espacios de diálogo con los empresarios, mientras movilizaba al pueblo para marcar el tono de la discusión. Mantuvo esa conducta frente al golpe del 2002, luego de la victoria del referéndum del 2004 y en varias oportunidades desde el 2006. Introdujo la modalidad de transformar cada elección en una multitudinaria prueba de fuerza contra los capitalistas y sus partidos.

Maduro intenta retomar esta misma dinámica, lidiando con el enorme vacío que ha dejado la muerte de Chávez y el gran malestar que genera el deterioro económico. En estas condiciones logró una importantísima victoria frente a los fascistas.

Venezuela volvió a contar con la red de alianzas internacionales que exige la batalla contra las conspiraciones imperialistas. Durante años estos acuerdos contribuyeron a contrarrestar los golpes apañados por el gobierno estadounidense, la OEA y la corona española. Pero los diplomáticos de la burguesía también volvieron a ensayar presiones para disuadir la radicalización del proceso bolivariano. Estas exigencias apuntaron durante las guarimbas a la formación de un gobierno de coalición con la oposición derechista. Maduro resistió esta sugerencia y aprovechó el sostén de UNASUR, sin aceptar la inmolación de su gobierno (Clarín, 2014) .

La pulseada petrolera

Al concluir el año, Estados Unidos utiliza la caída del precio internacional del petróleo como un nuevo instrumento de desestabilización. La cotización del combustible declinó un 30% en el último semestre, afectando seriamente a una economía que obtiene el 95% de sus divisas de la exportación de crudo. No es lo mismo manejar el presupuesto público con un precio del barril por encima de los 100 dólares (última década)), que con los niveles actuales de 60/70 dólares.

La depreciación del petróleo obedece, ante todo, a una contracción acumulativa de la demanda en las economías desarrolladas. Esta retracción deriva de una crisis irresuelta desde el 2008, que se acentúo en el último año con la desaceleración de China y los países intermedios.

También el cambio de la política monetaria estadounidense ha incidido en la caída del precio. La primera potencia decidió restringir los estímulos monetarios utilizados para socorrer a los bancos induciendo un esperado incremento de las tasas de interés. Este giro precipita la salida de los capitales especulativos de todos los mercados de materias primas.

En el desplome del precio del petróleo influye, además, el incremento del volumen de crudo extraído con formas no convencionales (shale oil). Esta innovación le permite a Estados Unidos aumentar la producción y reducir las importaciones.

El petróleo barato se ha convertido en una herramienta de ofensiva imperial. Luego de su reciente avance electoral, los neo-conservadores republicanos han impuesto una agresiva agenda de política exterior a los liberales intervencionistas de Obama.

Debilitar a Venezuela no es el único objetivo de esta acción. La arremetida apunta a reforzar las sanciones impuestas a Rusia frente a la crisis de Ucrania. También se presiona a Irán para que abandone su programa atómico.

La ofensiva yanqui cuenta hasta ahora con el sostén de Arabia Saudita, que convalida el abaratamiento del petróleo para afianzar su poder en Medio Oriente. El operativo busca asegurar la continuada primacía del dólar en el comercio petrolero, frente al uso de otras monedas que ensayan varios exportadores.

Pero Venezuela es una presa especialmente apetecida por Estados Unidos. No sólo concentra una de las mayores reservas de crudo del mundo, sino que aportaba hasta el 2008 el 14% del consumo de la economía del norte. Recuperar el manejo de esos recursos para Exxon y Chevron es tan prioritario, como acelerar la privatización de la empresa petrolera mexicana (PEMEX) y reforzar la fidelidad de los gasoductos canadienses.

Con esos tres proveedores el imperio se asegura el abastecimiento, más allá de la incierta evolución del shale oil. Este tipo de extracción podría tornarse inviable por su devastador impacto ambiental o por los altos costos de inversión, en un marco de precios declinantes.

Estados Unidos ha retomado un acoso sobre Venezuela que puede alcanzar niveles de guerra económica, si la depreciación del petróleo es complementada con el encarecimiento del crédito. Las calificadoras de riesgo ya bajaron el pulgar a los bonos del país, tornando más gravoso el acceso a los préstamos internacionales. Estos créditos son necesarios para compensar la pérdida de los ingresos petroleros. El Senado yanqui completa el cerco con la introducción de sanciones a los viajeros e inversores en Venezuela.

La respuesta del chavismo ha sido inmediata. Maduro denunció con gran coraje las nuevas conspiraciones de la embajada estadounidense, se burló de las restricciones a las visas y convocó a la unidad latinoamericana para enfrentar la guerra del petróleo.

Conviene recordar que cada intento desestabilizador de la última década desató contragolpes populares que terminaron reforzando el proceso bolivariano. Esta misma posibilidad reaparece en la actualidad, si el chavismo encuentra respuestas a las adversidades de la economía.

Reformas y rentismo

El modelo económico de la última década permitió motorizar el consumo, en un marco de alto gasto social y creciente regulación estatal. Esta orientación facilitó la financiación de las mejoras populares con los cuantiosos recursos petroleros.

Este sostén es frecuentemente subrayado por la derecha para desmerecer (o relativizar) los avances sociales. Olvidan que la misma riqueza petrolera fue acaparada durante mucho tiempo por una minoría de privilegiados. La extensión del usufructo de ese excedente al conjunto de la población no ha sido un efecto espontáneo de las fuerzas del mercado. Requirió afectar los intereses de los capitalistas con medidas de redistribución del ingreso.

Luego de la expulsión de la elite tecnocrático-burguesa que manejaba la empresa petrolera del estado (PDVSA) se pudo reducir la pobreza del 40% al 22%. También la indigencia bajó del 20% (1999) al 8,5% (2011) y la diferencia entre el 20% más rico y pobre de la población disminuyó de 14 a 8 veces. Se concretaron, además, importantes avances en el acceso popular al agua potable, la salud y la educación, a través de la activa intervención de las misiones.

Pero esas mejoras fueron combinadas con el otorgamiento de subsidios a los capitalistas, que acrecentaron las riquezas de la nueva boliburguesía [8]. Estos sectores recibieron cuantiosos montos de financiamiento público que alimentaron la fuga de capital. Ese mismo destino externo tuvo una parte de los fondos aportados por el gobierno para pagar las expropiaciones de empresas de electricidad, telefonía, siderurgia, cemento y distribución de alimentos.

También los banqueros locales absorbieron una significativa porción de esos beneficios. Los financistas incrementaron su patrimonio, utilizando depósitos de las entidades públicas para especular con bonos del estado y operaciones en exterior.

La combinación de este drenaje de fondos con un modelo de pura expansión del consumo ha recreado la estructura rentista de una economía poco productiva. Por esta razón los desequilibrios tradicionales recobraron fuerza, a través de la inflación, el déficit fiscal, el endeudamiento de PDVSA, la importación de alimentos y las fallas en las iniciativas de industrialización (Zuñiga, 2013a, 2013b, 2014).

Estas falencias son frecuentemente atribuidas a un mal manejo de la política económica y ciertamente hubo desaciertos en muchas áreas. Pero el trasfondo del problema son los límites que enfrentan todas las reformas ensayadas al interior de una economía capitalista periférica y dependiente. Esa estructura neutraliza el impacto de muchas transformaciones progresistas.

El modelo aplicado hasta ahora facilitó desahogos, pero no permite lidiar con la inflación, el estancamiento y el desabastecimiento de los últimos años. Para confrontar con estos flagelos se requieren medidas radicales de control de precios y punición de la especulación financiera, el desabastecimiento y el contrabando.

Disputa de programas

Durante el 2014 la inflación trepó al 60 %, la brecha entre el dólar oficial (6 bolívares) y el paralelo (100 bolívares) alcanzó una inédita dimensión y el desabastecimiento se incrementó en forma significativa. Además, la caída del nivel de actividad se aproximó al 2%, la retracción de la inversión supera el 6% y las exportaciones se contrajeron en un 4,5%.

En ese contexto se han acortado los tiempos para optar entre el congelamiento y la radicalización del proceso actual. Esta contraposición se verifica en las intensas discusiones que se libran en el movimiento bolivariano, entre los partidarios de implementar medidas pro-capitalistas y los defensores de una transición socialista.

El eje de estos debates es el destino de las cuantiosas divisas que obtiene Venezuela. Un país tan dependiente del ingreso de petrodólares necesita una gestión estricta de esos recursos por parte del estado. En los hechos gran parte de esos fondos se pierde en el circuito de los bancos o la intermediación importadora y termina en los bolsillos de los grandes capitalistas.

Ese desemboque es motorizado por capas superiores del funcionariado y del sector privado, que en los últimos dos años transfirieron entre 22.000 y 29.000 millones de dólares a las entidades privadas. Lo mismo ocurrió con los fondos que los administradores del ente regulador del dólar (CADIVI) derivaron hacia una veintena de empresas locales.

Para romper con ese entramado se requieren medidas contundentes en el plano bancario y comercial. Se ha tornado imprescindible nacionalizar la actividad financiera para centralizar el manejo de los activos en moneda extranjera, transfiriendo a la banca pública las principales responsabilidades de intermediación .

También resulta necesario establecer un monopolio estatal efectivo de las transacciones con el exterior, para poner fin a las maniobras cambiarias de los importadores. No es necesario entregar dólares físicos a estos sectores para que realicen su labor comercial. Con otro tipo de controles se podría racionalizar la adquisición de bienes, siguiendo principios de reducción del derroche y promoción de la productividad.

Estas iniciativas son promovidas por muchos sectores de la izquierda del chavismo. Proponen introducir una reorganización impositiva, que permita auto-financiar el gasto corriente con la recaudación, para canalizar la renta petrolera hacia la inversión. El saneamiento exige la repatriación de las fortunas resguardadas por los capitalistas en el exterior. Esas medidas aportarían la legitimidad requerida para racionalizar el gasto público en múltiples áreas, adecuando ante todo el precio interno de los combustibles.

Confrontaciones cambiarias

Venezuela necesita cortar el círculo vicioso de presiones cambiarias e inflación. Una economía con enormes excedentes comerciales padece la injustificada enfermedad de la devaluación por ese descontrol en la asignación estatal de las divisas.

Esa fragilidad no es un problema técnico. Define quiénes son los favorecidos y penalizados con la distribución de los réditos del petróleo. Por esta razón la principal batalla económica de la última década ha girado en torno al perfil del régimen cambiario.

Durante ese período se instrumentaron 26 modalidades de ese sistema (CADIVI, dólar-permuta, SICAD II, SITME). El esquema del 2003-04 sintonizó con la recuperación de PDVESA, los mecanismos prevalecientes en el 2004-10 buscaron una fallida integración de los capitalistas al proceso bolivariano y en el 2010-2012 se intentó nuevamente atraer a esos sectores. La burguesía ha respondido siempre con fraudes y maniobras cambiarias que obligan a revisar una y otra vez el régimen cambiario (Carcione, Pérez, Gómez, García, Matamoros, Marín, 2013) .

Es importante registrar el trasfondo social de esta batalla, evitando las miradas tecnocráticas, que sólo evalúan los éxitos o las adversidades instrumentales de cada modalidad cambiaria. Olvidan que estos resultados forman parte de desenlaces políticos más o menos afines a la estabilización capitalista. En Venezuela no faltan dólares. Lo que está en juego es el destino de la renta petrolera (Guerrero, 2014a, 2014c).

Un viraje en el manejo de ese excedente es insoslayable para comenzar el “sembrado del petróleo” que necesita el país. No alcanza con apuntalar el poder de compra de la población. Hay que transformar la estructura productiva mediante una revolución agraria que reduzca la importación de alimentos. Se han invertido sumas considerables en ese proyecto, pero persiste el éxodo hacia las ciudades y la dificultad para recolonizar el agro (Chauran, 2014).

Lo mismo vale para las iniciativas de industrialización que se han estancado, frente a una difusión de talleres de ensamblaje que no atenúan la oleada de importaciones. Para revertir esta tendencia ya existe una hoja de ruta (plan Guayana Socialista). Pero todas las decisiones económicas están condicionadas por un curso político, que exige revisar lo ocurrido en el pasado.

Antecedentes y comparaciones

La experiencia vivida con la Unidad Popular chilena de los años 70 ocupa un lugar central de los debates actuales en Venezuela. Las comparaciones con ese proceso han sido actualizadas por muchos intelectuales que participaron intensamente en ambos procesos (Dos Santos, 2009) .

A diferencia de la victoria precedente de Cuba, en Chile no se registró una captura revolucionaria del poder. Se conquistó un gobierno popular a partir de las urnas. Ese escenario era poco corriente en una época de dictaduras, violencia represiva, persecución anticomunista y guerra fría.

El contexto actual es muy diferente y el proceso bolivariano se inscribe en un marco regional de comicios periódicos y menor capacidad de intervención estadounidense directa. Pero las analogías con lo ocurrido en Chile hace cuarenta años son significativas en dos terrenos: las confrontaciones con la derecha y las dificultades para traspasar la barrera que separa al gobierno del poder.

La presidencia de Salvador Allende coronó en 1970 varias décadas de gran influencia política y sindical de la izquierda, pero su gestión sólo duró tres años. También el chavismo tuvo origen en la izquierda, aunque en variantes más próximas al nacionalismo antiimperialista. Como en Panamá (Torrijos) o en Perú (Velazco Alvarado) se forjó en la radicalización de la oficialidad militar.

Estas diferencias de gestación no reducen el parentesco. Ambos procesos declararon propósitos socialistas a partir de victorias electorales, fueron hostilizados por el imperialismo y contaron con el apoyo de la movilización popular.

Las semejanzas entre los conspiradores derechistas de Chile y Venezuela saltan a la vista. En los dos casos se conformaron grupos fascistas, impulsados por un gran odio social contra los oprimidos y un enfermizo anti-comunismo. Pero la gran diferencia radica en la inexistencia de un Pinochet en la patria de Bolívar. En este marco el golpismo clásico ha sido reemplazado por variantes más institucionales e indirectas.

La vieja asonada militar es poco viable a principios del siglo XXI, pero su preparación y sus objetivos no han cambiado. Venezuela soporta el mismo tipo de sabotajes, caceroleos, boicots financieros y conspiraciones mediáticas que padeció Allende entre 1970 y 1972. Lo ocurrido con Zelaya en Honduras ilustra mayores parecidos con ese antecedente y la propia captura de Chávez en el 2002 confirma esas semejanzas. En actualidad los golpistas no asumen su intención dictatorial, sino que priorizan alguna legitimación cívico-electoral (Nicanoff, 2014).

Como la derecha necesita consumar el desgaste de los gobiernos populares en períodos más prolongados y carece del auxilio directo del ejército, invierten más recursos en el boicot económico. Por eso Venezuela ha soportado una escalada tan persistente de fugas de capital, desabastecimientos, remarcaciones de precios y especulaciones cambiarias. Las espaldas petroleras que tiene el estado le han permitido aguantar ese aluvión, con más fuerza que las débiles barreras construidas por la UP chilena.

A diferencia de Allende el chavismo cuenta con una gran experiencia e influencia dentro de las fuerzas armadas. Surgió en ese ámbito y se consolidó mediante una sistemática limpieza de agentes de la CIA. En ningún momento Chávez cometió la ingenuidad del ex presidente trasandino, que desplazó a un general aliado (Prats) para designar a su enterrador (Pinochet).

El líder bolivariano tampoco repitió el sometimiento de Allende a la presión de los fascistas, que impusieron el desarme de la resistencia popular luego del primer ensayo golpista (tacnazo de junio del 73). Frente al mismo peligro, Chávez comenzó un reclutamiento de milicias y forzó la renuncia de generales opositores (Baduel). Maduro reafirmó esta actitud encarcelando a los oficiales involucrados en la guarimba.

El triunfo electoral de Allende incentivó un gran ascenso popular, que incluyó ocupaciones campesinas de tierras y acciones directas de los obreros. Estos mismos trabajadores protagonizaron un pico de lucha revolucionaria, al crear los cordones industriales que precedieron al golpe. Venezuela ha vivido manifestaciones del mismo alcance desde el Caracazo y algunos analistas estiman que la intensidad de esas movilizaciones supera el nivel alcanzado en Chile (Guerrero, 2014b).

Balance y propuestas

Existieron dos miradas contrapuestas a la hora de trazar un balance de la tragedia padecida por la Unidad Popular. Un enfoque postuló que ese proceso sufrió una exagerada aceleración y soportó presiones de radicalización que precipitaron un conflicto evitable con los militares. Esta visión proponía contrarrestar la amenaza golpista con un freno de las reformas y un cogobierno con la Democracia Cristiana (Cueva, 1979: 97-140).

La tesis opuesta estimaba que se cometió el error inverso. En lugar de apuntalar la gran disposición de lucha popular, Allende aceptó el chantaje de la derecha. Limitó todas sus acciones a un cuadro constitucional que la burguesía había desechado. De esta forma desorientó a los jóvenes que buscaban resistir y confundió a los trabajadores que aspiraban al socialismo (Marini, 1976) .

En condiciones políticas muy distintas a los años 70 ha reaparecido un debate semejante al registrado en Chile. Quienes estiman que la Unidad Popular avanzó más de la cuenta, ahora consideran que el chavismo debe moderar su acción. Este enfoque es afín a la perspectiva social-demócrata que promueve el PT brasileño (Pomar, 2013: 44-45).

La misma mirada adoptan los economistas que proponen evitar medidas adversas a los capitalistas. Promueven adoptar parte del paquete cambiario y financiero exigido por las cámaras patronales, con la esperanza de atenuar la inestabilidad que padece el gobierno.

En la vereda opuesta se ubican todas las corrientes de la izquierda bolivariana, que auspician drásticas iniciativas para frenar el desangre de divisas, capitales y productos. Estas medidas apuntan a evitar la repetición de lo ocurrido en Chile, cortando el sustento económico-financiero de la conspiración derechista.

Pero ese objetivo no se alcanzará solamente con un acertado paquete de medidas comerciales o bancarias. Se requiere el sustento de movilización social, que la UP disuadió cuando Pinochet ultimaba sus preparativos. Ese protagonismo de las masas no se improvisa. Necesita ser construido, forjando el poder popular en los lugares de trabajo y en las comunas para intimidar a los golpistas. Con esa estrategia se pueden corregir las ingenuidades de la vía institucional al socialismo que postulaba Allende.

El líder de la UP apostaba a una paulatina extensión de los espacios legales conquistados por su coalición, para concretar una superación gradual del capitalismo. Promovía este avance sin rupturas radicales, ni construcciones populares paralelas al constitucionalismo burgués.

El chavismo enfrenta un dilema semejante luego de haber obtenido más victoriales electorales que la UP con márgenes muy superiores de sufragios. También introdujo reformas constitucionales y mecanismos de democracia participativa, que nunca se implementaron en Chile.

Estrechez y dogmatismo

El proceso bolivariano cuenta con un margen de tiempo significativamente superior al antecedente chileno, para ensayar un pasaje de la administración del gobierno al manejo del poder. Las viejas controversias entre marxistas sobre la forma de concretar este salto vuelven al centro de la escena. Pero no existe una receta pre-determinada que asegure el éxito de la izquierda. Las estrategias socialistas sólo pueden desenvolverse con prácticas políticas, contrastando proyectos con resultados y teorías con experiencias.

Este ejercicio exige superar las creencias dogmáticas que imaginan el futuro como una simple reiteración de las revoluciones del siglo XX. Esas visiones suelen mistificar un modelo exitoso (soviets, guerra popular prolongada, foco), desconociendo los cambios de escenario que dificultan esa reiteración. Tampoco perciben la preeminencia actual de caminos intermedios y temporalidades más prolongadas para alcanzar esa meta .

Las miradas dogmáticas caracterizan al chavismo como una corriente pro-capitalista y estiman que sus líderes corporizan versiones contemporáneas de un Bonaparte. No reconocen la existencia de golpes reaccionarios y la consiguiente prioridad de derrotar al enemigo fascista. Consideran que Maduro y Capriles son dos opciones de la burguesía y que la represión gubernamental ha sido tan perniciosa como la violencia derechista (Prensa Obrera, 2014).

Este enfoque impide registrar la evidente existencia de una provocación destituyente. Si los asesinatos de militantes, los asaltos a locales partidarios, los atentados contra funcionarios, los sabotajes económicos y las campañas mediáticas internacionales no forman parte de un intento golpista: ¿Cuál es el parámetro de una asonada? ¿Habrá que descubrir su existencia luego del desangre?

Lo mismo ocurre con la equiparación del chavismo con sus oponentes. Se supone que la categoría burguesa es auto-suficiente y ya no requiere distinguir a las vertientes radicales y conservadoras del nacionalismo. Se olvida que las corrientes antiimperialistas han sido protagonistas de grandes procesos revolucionarios que abrieron compuertas al socialismo, cuando la izquierda supo comprender la naturaleza de esos procesos (Orovitz Sanmartino, 2014) .

Los dogmáticos suelen presentar las convocatorias al socialismo que retomó Chávez, como un simple ejercicio retórico para embaucar a las masas. Pero si hubiera perseguido ese propósito de engaño, no se entiende por qué razón recurrió a una causa internacionalmente disminuida, con reducido impacto entre los trabajadores y controvertida significación entre la juventud.

Las visiones sectarias no registran el giro que introdujo la reivindicación del socialismo en la vida política de Venezuela. Este horizonte surgió al calor del choque que opuso al proceso bolivariano con las clases dominantes.

Cualquiera que visite el país notará la difusión alcanzada por el planteo socialista. Es una meta enfáticamente postulada en las misiones, los hospitales, las empresas o las comunas que adoptaron esa denominación. El cuestionamiento del capitalismo y la crítica a la burguesía han quedado incorporados al lenguaje corriente del chavismo e impactan fuertemente sobre la conciencia de la población.

Las ideas socialistas formaron parte de la maduración política de Chávez que evolucionó a través de giros a la izquierda. Estos cambios incluyeron el rechazo del nacionalismo burgués tradicional y la rehabilitación del proyecto comunista. Cuando nadie pronunciaba la palabra socialismo, el líder bolivariano reinstaló el término en la agenda política de los movimientos latinoamericanos (Katz, 2013).

Este legado ha sido ratificado por Maduro en las tesis que orientan la estrategia de su gobierno. Esas definiciones subrayan que el socialismo es indispensable para reafirmar la soberanía, forjar una economía productiva y lograr la plenitud democrática (PSUV, 2014).

La mirada dogmática no percibe el efecto de estos pronunciamientos. Supone que el tratamiento contemporáneo del socialismo se equipara a cualquier momento del siglo XX, como si el colapso de la URSS constituyera un acontecimiento irrelevante. Los ideales de la izquierda sólo pueden ser actualizados con otra postura y otra sensibilidad.

Socialismo del siglo XXI

Venezuela cuenta con ciertas ventajas para embarcarse en una transición al socialismo. No es la típica nación pobre que tradicionalmente afrontó ese desafío. Es un país exportador de petróleo que funciona con elevados patrones de consumo. Pero necesita superar la larga tradición rentista de ineficiencia económica, que le impide utilizar esos ingresos para su desarrollo industrial.

El proyecto socialista implica saltar el escalón inicial de reformas que introdujo el chavismo, para diversificar la economía, modificar la gestión del estado y reducir la atadura a la factura petrolera. El logro de esas metas exige erradicar los privilegios de la burguesía.

Muchos dirigentes bolivarianos comparten este diagnóstico, reflexionan en términos marxistas y promueven una transición socialista. En este plano se distancian por completo de los procesos centro-izquierdistas de Sudamérica. Quienes desconocen esta diferencia, no logran asimilar las nuevas pistas que aporta la experiencia venezolana para una estrategia anticapitalista.

En la tradición revolucionaria del siglo XX la formación de un gobierno de trabajadores, la captura del estado y la transformación de la sociedad eran concebidas como procesos simultáneos o con reducidas diferencias temporales. Ahora se puede vislumbrar ese curso como una sucesión de momentos más diferenciados. Es evidente que Venezuela cuenta desde hace más de una década con un gobierno popular, un estado en disputa y grandes fracturas en la sociedad.

El manejo del estado no opone sólo a funcionarios genéricamente afines y opuestos al chavismo. Hay organismos que aseguran la defensa del régimen contra las guarimbas y otros que contribuyen a una acumulación de riquezas convergente con la derecha. También la sociedad está erosionada por el conflicto entre clases capitalistas -que mantienen los cimientos tradicionales de su poder económico- y un poder popular que se ha extendido significativamente.

El nuevo entramado comunal podría aportar los pilares de la configuración igualitaria del futuro, que algunos teóricos denominan “sociedad civil socialista”. A diferencia de los soviets o los organismos de base surgidos al calor de victorias militares, el poder popular emerge en Venezuela con más diversidad política y con gran construcción desde abajo. Es un proceso en pleno desarrollo que enfrenta obstrucciones burocráticas con asombrosa capacidad de movilización y renovación (Iturriza, 2014).

Las nuevas batallas en torno al gobierno, el estado y la sociedad distinguen a la experiencia chavista de la revolución socialista clásica consumada en Cuba. En el país se verifica un proceso revolucionario caracterizado por varios momentos de avance cualitativo (recuperación de PDVESA, nueva Constitución), que se han concretado madurando la conciencia socialista, en la confrontación con la burguesía. Un nutriente clave de esta transformación es la percepción subjetiva que tienen los involucrados de este proceso como una revolución. Todos utilizan ese término para nominar la experiencia que protagonizan.

Para consumar la transición socialista el proceso revolucionario requiere saltos de mayor envergadura en el plano económico-social. La nacionalización de los bancos y del comercio exterior podrían constituir los dos peldaños centrales de esta etapa. Aportarían el cimiento necesario para dinamizar la economía, a partir de un modelo industrial de expansión del empleo genuino y superación del asistencialismo. La ayuda social que acompañó al surgimiento y afianzamiento del chavismo necesita transformarse en trabajo productivo, para evitar los efectos nocivos del clientelismo (Cieza, 2014).

Una transición pos-capitalista exige sustituir los modelos de renta, consumo y baja productividad por esquemas de plan, mercado y desarrollo socialista.

Venezuela persiste como el principal laboratorio de proyectos y prácticas de los marxistas latinoamericanos. La respuesta a los nuevos desafíos emergerá del propio desenvolvimiento de la lucha. Con mentes abiertas y mayor compromiso militante resulta posible develar todos los enigmas del socialismo del siglo XXI.

Las batallas de Venezuela

Resumen

La conspiración golpista fue doblegada pero la desestabilización continúa. Hay que lidiar con la ausencia de Chávez, el deterioro económico y la presión internacional. Estados Unidos retoma el acoso financiero y utiliza la depreciación del petróleo para debilitar al gobierno.

El modelo económico actual permitió grandes mejoras populares, pero no transformó la estructura improductiva, ni permite afrontar los desequilibrios actuales. La confrontación por el destino de la renta petrolera es la causa de las tensiones cambiarias y la conducta de los capitalistas impide gestar una economía industrializada.

Lo ocurrido en Chile en los 70 constituye un antecedente esclarecedor del comportamiento de la derecha y de la necesidad de avanzar desde el gobierno al poder. La rehabilitación del proyecto socialista por parte del chavismo es incomprensible con miradas dogmáticas. Un proceso revolucionario con ritmos inéditos y transformaciones no sincronizadas entre el gobierno, el estado y la sociedad replantea la estrategia de la transición socialista.

Fuente: Rebelión

Lucha política global y necesidad estratégica de la integración

Por Carlos Rang

La baja en los precios del barril -que cayeron un 45 % desde junio llegando a 60 dólares- abre el debate sobre la crisis petrolera a nivel global. Si bien en el 2013 el consumo y la producción de energéticos aumentaron en todos los combustibles y hoy el petróleo continúa siendo el combustible más utilizado del mundo (32,9% del consumo mundial) desde hace unos años viene perdiendo terreno. Algunos analistas del sector plantean que la baja en los precios es generada por la superproducción y el incremento de la producción del petróleo esquisto en Estados Unidos y Canadá, que ocasiona la débil demanda global.

Pero para hacer un diagnóstico más profundo, hay que observar que existe un mercado cartelizado por grandes corporaciones trasnacionales y que el precio de petróleo hoy se regula más por la especulación determinada por las correlaciones de fuerzas políticas y de los intereses geopolíticos.

Por eso aquí hay que tener en cuenta la reducción de los programas de estimulación monetaria de la FED, en medio de una guerra de monedas entre las fuerzas unipolares y multipolares.

Asimismo, los conflictos internos que afectan a los países miembros de la OPEP y la decisión de no bajar la producción, sabiendo que algunos miembros -como ya lo han hecho históricamente- mantienen o aumentan la producción a cambio de seguridad. Las monarquías del Golfo (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait), que producen más del 50 % del petróleo de la OPEP, con una argumentación poco creíble, afirman que para mantener sus exportaciones que representan el 90% de sus ingresos, empujan a bajar el precio para presionar a los productores de esquisto.

Esto beneficia fuertemente a los grandes consumidores EE.UU. (18,8 millones de barriles diarios en el 2013) y China (10,3 millones de barriles diarios en el 2013) así como Japón, India, Israel y los países europeos. Afecta a las compañías petroleras y va a producir una centralización a partir de la absorción y fusiones de empresas por parte de las más dinámicas y de mayor escala. Pero principalmente afecta a Rusia, Venezuela e Irán pilares fundamentales del mundo multipolar, lo que levanta sospecha acerca de quien esta atrás de la caída de los precios de petróleo.

En nuestra región afecta a las economías más importantes del bloque UNASUR ya que el mismo detenta las segundas reservas petroleras del mundo, colocándose atrás del Medio Oriente que en el 2012 sumaban el total de 807,000 millones de barriles, de 1.6 billones en el mundo, de acuerdo con el Statistical Review of World Energy 2013 de British Petroleum.

La caída de los precios internacionales de nuestros productos exportables va acentuar la baja de la actividad económica, si esta tendencia continúa y persiste en el tiempo podría complicar seriamente a Venezuela, Brasil, Colombia, Argentina y Ecuador.

Pero el impacto mayor en el Bloque lo va a sufrir la República Bolivariana de Venezuela, porque en su territorio se encuentran las mayores reservas probadas del mundo con 316.000 millones de barriles según estudios de PDVSA y produce unos 2,4 millones de barriles al día. Por ser un país monoexportador (90% de sus exportaciones) su economía depende casi exclusivamente de la renta petrolera, que constituye cerca de un 50% de los ingresos fiscales.

Brasil, se coloca con Petrobras en el tercer puesto como productor de la región, tiene una economía más diversificada y gran parte de su producción de crudo es para consumo interno, de manera que su dependencia de los ingresos petroleros es mucho menor. Pero, de mantenerse en el tiempo, pondría en riesgo sus planes para explotar su reserva petrolera del “pre sal”(yacimientos descubiertos en 2007 en aguas profundas, bajo una gruesa capa de sal en el Atlántico en la cuenca de Santos y que motivó la partida de la cuarta flota de EE.UU. hacia la zona y el espionaje descarado).

Argentina, que tiene amplias reservas petroleras y de gas, con la recuperación de su histórica empresa estatal YPF planeaba expandir su producción para conseguir su soberanía y pararse como un gran país productor; con la caída de los precios se verán afectadas las inversiones que estaban ya alicaídas por el fallo (Griesa) de la corte suprema de EE.UU a favor de los fondos buitres.

En Ecuador la mayor parte de sus exportaciones (75%) son a EE.UU. y corresponden al crudo, con lo que esta tendencia a la baja complicaría la economía ecuatoriana también.

El proceso boliviano, por la caída del precio de gas va a tener menos ingresos (unos 850 millones) por exportaciones a la Argentina y al Brasil. Su compañía estatal YPFB venía llevando adelante un programa de subsidios al consumo energético que podría verse afectado al ser obligado a reducir gastos por este concepto.

Colombia: se estima que produce un millón de barriles diarios que representan un 55% de las exportaciones del país y un 22% de sus ingresos fiscales. La baja podría afectar su economía agudizando sus tensiones políticas internas.

De la baja del precio del petróleo sólo se puede beneficiar aisladamente Chile, también algunos países importadores de petróleodel CARICOM y de Centro América, entre ellos los que conforman el bloque ALBA.

Lo que evidencia esta crisis es la necesidad urgente de resolver los problemas estructurales de ser países dependientes en materia financiera, tecnológica o la de ser monoproductores, así como la dependencia casi exclusivamente de los combustibles fósiles y en ese camino el principio de la solución pasa por la diversificación de la matriz productiva y energética.

Es por ello que se vuelve central la integración económica y complementariedad productiva con cadenas regionales de valor. Y dentro de este nuevo esquema territorial, una política energética regional que se plantee la soberanía energética, pero no ya para cada pequeño estado aislado sino para el estado continental.

Nuestra visión debe ser la de satisfacer necesidades populares y para eso se hace necesario la participación de una red de empresas estatales y mixtas con participación mayoritaria del estado en articulación con las cooperativas de servicios, los gremios y asociaciones del sector, que permita revertir los términos de la participación privada y la pública en toda la cadena de suministro energético. Que tenga como meta una política energética, petrolera y nuclear pacífica que promueva la diversificación y las fuentes de inversión y tecnología, que apunte a la soberanía nacional, a la integración y a la multipolaridad, que se contraponga a los intereses de la transnacionalización unipolar basada en la exportación de beneficios e importación de costos.

Los esfuerzos puestos en marcha para interconectar las redes de energía de la región deben ser fortalecidos y ampliados con la perspectiva de afianzar una red y un mercado común energéticos latinoamericanos. Petroamérica en el cual convergen tres bloques subregionales de cooperación e integración energética: Petroandina, Petrocaribe y Petrosur. Esta última, integrada por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela ha demostrado ciertos avances pero debe profundizar la iniciativa en el área de la tecnología nuclear, asentada en los desarrollos que existen en esta materia en Brasil y Argentina.

Se debería avanzar en un anillo energético, interconectando los sistemas eléctricos para que nos permita distribuir a lo largo del día las cargas eléctricas de cada país, para balancear energéticamente la demanda, aplanando la curva de carga. Al aplanar la curva de carga se puede abastecer la demanda con centrales de base (nucleares e hidroeléctricas grandes) sin depender tanto de los hidrocarburos.

En este camino Nuestra América necesita y debe avanzar en términos de soberanía financiera, alimentaria y científico-tecnológica. Para ello deberá seguir recuperando el control público de los recursos naturales, la producción, el sistema de transporte, la banca, el comercio exterior, el sistema científico-técnico, implementando políticas tributarias progresivas, para marchar hacia un esquema de integración regional acorde a las necesidades de los pueblos, invirtiendo los términos del intercambio y la imposición histórica de productores de materias primas y recursos naturales.

Fuente: ALAI

Deixe o seu comentario