NÚMERO 71

DE NUESTRA AMÉRICA

TITULARES

-EDITORIAL

-América Latina. La contraofensiva de las derechas y las opciones de las izquierdas. Por Nils Castro

-Gobiernos populares latinoamericanos en el ojo de la tormenta. Por Isabel Rauber

-No hay diferencia entre narco, burguesía y élites. Por Raúl Zibechi

-El cerco a Julian Assange es una farsa. Por John Pilger

EDITORIAL

Zanahorias y garrotes contra Celac.
Mientras a fines de enero se efectuaba en Costa Rica la III Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en la que una vez más se pusieron a prueba los anhelados sueños integracionistas de alcanzar una Patria Grande dentro de la diversidad, otra trama ha ido desarrollando el imperialismo para acosar a los gobiernos que más estorban a su política en la región, intentar derrocarlos, crear divisiones entre los países del área y a su vez dentro de los diferentes organismos regionales, a fin de intentar frenar y revertir los aires progresistas que soplan en Nuestra América y volver a los tiempos del Panamericanismo.
Por un lado el gobierno estadounidense utiliza el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba y la liberación de los tres antiterroristas cubanos para poder presentarse en la VII Cumbre de las Américas a efectuarse en Panamá, el próximo mes de abril, como el iniciador de “un nuevo capítulo entre las naciones de las Américas”, a la vez que inicia “un nuevo enfoque” en la política hacia Cuba tras un fracaso de más de 50 años, según las palabras del propio presidente Barack Obama (“ nuevo enfoque”, para intentar alcanzar por otras vías lo que no lograron con las agresiones militares, económicas y biológicas, entre otras), mientras que por otro continúan con América Latina y Caribe el camino ya fallido que utilizaron con Cuba.

El 26 de enero, dos días antes de iniciarse la III Cumbre de la Celec, el vicepresidente estadounidense, Joe Biden, dio inicio en Washington a otra cumbre, que llevó por nombre I Cumbre de Seguridad Energética en el Caribe y que bajo un supuesto manto filantrópico encaminado a crear nuevos paradigmas en la región que permitan diversificar sus fuentes energéticas, estuvo en realidad dirigida a socavar el programa de cooperación de Petrocaribe, fundado por el extinto presidente venezolano Hugo Chávez y que en momentos de altos precios de los combustibles ayudó a sobrevivir económicamente a los países del Caribe y Centroamérica.

Precisamente, el pasado año los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela) acordaron iniciar los trabajos para constituir una gran zona económica regional integrada por el Mercosur, la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (Alba), la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom) y Petrocaribe, a fin de articular las economías regionales para promover el desarrollo integral y enfrentar la pobreza sobre bases de complementariedad y cooperación.

En esta I Cumbre de Seguridad Energética washingtoniana abundaron las promesas del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y de “donantes” como los EE.UU., Gran Bretaña y España, a fin de crear las condiciones para que los inversores privados y públicos coordinen sus proyectos. El gobernador del estado colonial de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, llegó incluso a plantear “conectar desde la Florida hasta Curaçao y el norte de Suramérica con una sola conexión, que permita compartir las producciones más económicas de toda esa región”. Esto significaría el control energético de todo el Caribe (menos Cuba, por supuesto) por parte de los EE.UU.

Mientras sesionaba la III Cumbre de la Celac también Joe Biden se mostraba activo teléfono en mano. Según relató el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, estando en Costa Rica recibió una llamada del Vicepresidente estadounidense en la que le anunció que su gobierno pediría al Congreso una ayuda de mil millones de dólares destinada al Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), a fin de que desarrollen “oportunidades” para prevenir la migración ilegal hacia los EE.UU…
Según Sánchez Cerén, “…se quiere evitar que las niñas y los niños tengan la necesidad de viajar hacia Estados Unidos para buscar oportunidades”. “A veces se da el problema de que muchos niños y niñas van y se arriesgan a viajar hasta Estados Unidos y en ese recorrido muchos mueren o muchos son maltratados”, agregó.
En síntesis el gobierno estadounidense mostró una zanahoria con signo de dólar al Caribe para controlar la energía en esa área geográfica, otra idéntica al triángulo norte de Centroamérica para que los desposeídos le cuiden sus fronteras y ambas para intentar dividir la integración latinoamericana y caribeña.
Pero no toda la trama imperialista está basada en ofrecer zanahorias; al gobierno estadounidense no le basta utilizar a su poder judicial contra la economía argentina (o en el mejor de los casos dejar que sea utilizado) en el tema de los “fondos buitres” y en clara injerencia de los asuntos internos del país austral la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, pidió una investigación “completa e imparcial”, tras la oscura muerte del fiscal argentino Alberto Nisman (aparentemente por suicidio), quien había acusado a la presidenta Cristina Kirchner de encubrir la participación de Irán en el atentado terrorista contra la mutual judía AMIA en 1994 en Buenos Aires, que dejó como saldo 85 muertes.
Más allá de las insolentes e injerencistas declaraciones a través del Departamento de Estado, bien conocidas tanto en Latinoamérica y el Caribe como en otras partes del mundo, en este caso hasta la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que sólo “habla” cuando de conspirar se trata, se valió del diario Clarín para dejar entrever pugnas dentro del Estado argentino y la supuesta fragilidad de la presidente Cristina Fernández: “En Langley (sede de la CIA) creen que el operativo tiene que ver más con una pelea interna en Argentina que con Irán”; dijo Clarín, apoyándose en una supuesta fuente de la CIA.
Para Clarín (entiéndase para la CIA), noticia de la que se hace eco la agencia Europa Press: “En realidad se estarían barajando dos hipótesis. La primera sería que Fernández expresó su deseo de deshacerse de Nisman por la denuncia que había presentado acusándola de encubrir a los autores iraníes del atentado contra la AMIA y por ello desde los servicios secretos decidieron cumplir su deseo con o sin su autorización. La segunda, que otros miembros de los servicios realizaron el operativo para debilitar a Fernández debido a la reestructuración que había comenzado a hacer en la SIDE” (servicios secretos argentinos).
Más adelante Europa Press, tomando como referencia otra fuente citada por Clarín, levanta directamente el dedo contra la Presidenta: “Cristina creó su propio Frankestein. No es una víctima como quiere hacerle creer a los argentinos. Es la responsable. Se metió con los servicios secretos y se les dieron vuelta y el resultado es lo de Nisman”.
En lo que sí coinciden la gran mayoría de los observadores políticos es en que el fiscal Alberto Nisman era un hombre muy allegado a la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires y la CIA guiaba su investigación y le ofrecía datos. A cualquier conocedor de las inescrupulosas conspiraciones de la CIA, le surgiría inmediatamente la sospecha de que la misma tenebrosa CIA bien puede estar implicada en la muerte de Nisman para debilitar las posiciones de Cristina Fernández de Kirchner y evitar un triunfo de las corrientes kirchneristas en las elecciones presidenciales a efectuarse este año en Argentina.
Las posiciones soberanas, integracionistas y antineoliberales del kirchnerismo, por la importancia de Argentina dentro de América del Sur, son de las que más molestan al imperialismo, del que cualquier cosa puede esperarse para lograr sus objetivos, incluso el asesinar a uno de los suyos.
Destruir la Revolución Bolivariana y volver a someter a Venezuela es sin dudas, en estos momentos, el principal objetivo de las autoridades estadounidenses y en ese caso van al grano, por lo que las conspiraciones y campañas difamatorias se hacen tan evidentes que no gastan su tiempo en blandir ni zanahorias, ni garrotes.
Toda una ofensiva fue lanzada durante el mes de enero -previa, durante y después de la III Cumbre de la Celec- contra el gobierno de Nicolás Maduro por parte de los EE.UU., la ultraderecha internacional, muy especialmente la colombiana, y la contrarrevolución interna. Guerra económica en el ámbito petrolero para hacer que bajen los precios del crudo y el Estado venezolano se vea privado de recursos, desabastecimiento por parte de los comerciantes, acaparamiento, contrabando, incitación a desórdenes públicos, shows mediáticos escenificados por los ultraderechistas expresidentes de Chile, Sebastián Pineda, y de Colombia, Rafael Pastrana (shows encaminados a crear desavenencias entre el gobierno venezolano y los de Chile y Colombia)…; sería difícil reseñar en un solo artículo todos los medios utilizados contra la Revolución Bolivariana en el mes acaba de finalizar.
No obstante, resulta evidente que las cartas claves que juega el imperialismo, la ultraderecha internacional y la venezolana, en particular, están basadas en desprestigiar y deslegitimar al gobierno de Maduro y sus principales dirigentes, crear la división en el seno de los revolucionarios y en especial en las fuerzas armadas y confundir al pueblo; todo ello para crear un clima de ingobernabilidad que propicie un golpe de estado.
Para ello se han válido de un exmiembro del aparato de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello (posiblemente el más importante y prestigioso dirigente histórico de la Revolución Bolivariana); ese señor, nombrado Leamsy Salazar, tras traicionar y marchar a los EE.UU. se ha prestado para acusar a Cabello de ser el jefe de una organización de narcotraficantes nombrada Cartel de los Soles, que realiza sus envíos de drogas hacia los EE.UU. a través de PDVSA (empresa insignia de la economía venezolana), con la complicidad de Cuba (aliada de Venezuela y fundadora junto con ella de la Alba).
Por haber sido uno de los militares que participó junto a Chávez en el alzamiento en 1992, que dio inicio al proceso revolucionario bolivariano, Cabello es un hombre que posee gran ascendencia sobre las fuerzas armadas e intentar empañar su figura resulta un importante objetivo en los planes golpistas, así como desacreditar a PDVSA -gracias a ella se han podido financiar los logros sociales de la Revolución- y a Cuba, histórico e incondicional aliado.
Otra de las piezas utilizadas en busca del golpe de estado ha sido el general en retiro Antonio Rivero, sobre el que pesa una orden de búsqueda y captura por responsabilidad en los disturbios que ocasionaron decenas de muertos y heridos a principios del pasado año 2014 que buscaban derrocar al gobierno constitucional. Desde su llegada a los EE.UU. (principal guarida de traidores y contrarrevolucionarios del mundo), Rivero difunde por los medios masivos de comunicación la existencia de una presunta división en el seno de las fuerzas armadas venezolanas e incluso afirma que logró mantenerse clandestino en Venezuela y pasar a otro país (se presume que Colombia) gracias al apoyo de oficiales venezolanos en activo.
Coincidimos con las declaraciones del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en el sentido de que en Venezuela trata el imperialismo y la ultraderecha de repetir la historia del golpe de estado en Chile, contra el presidente Salvador Allende, cuando se percataron de que no podrían derrotarlo electoralmente.
Zanahorias y garrotes fueron blandidos abundantemente por el gobierno estadounidense en los días previos y durante la III Cumbre de la Celac. No obstante, todos los intentos de chantaje, boicot, creación de desavenencias entre países…, fueron infructuosos y se impusieron los intereses comunes del área.
De manos del presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, recibió el mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, la presidencia pro témpore de la Celac, quien la ejercerá hasta enero del próximo año. Resulta vital que en 2015 mucho pueda avanzarse en la consolidación de este joven organismo de integración, en momentos en que el gobierno estadounidense intenta rediseñar su esquema de dominación en el área ante el fracaso de sus políticas, no sólo hacia Cuba, pues necesita enfrentar la amenaza de hegemonía mundial que representan China y, en general, los países miembros del grupo BRICS.
Por su formación como economista, Correa es posiblemente el líder latinoamericano que más claramente vislumbre la imperiosa necesidad de una rápida consolidación de la Celac, con la consiguiente concreción de proyectos comunes y creación de instancias, tanto económicas como políticas. Por el momento, el mandatario ecuatoriano ha fijado muy claramente cuáles serán los cinco ejes fundamentales de su trabajo al frente de Celac en el presente año: reducción de la pobreza, fomento de la educación, protección del medio ambiente, financiación de infraestructuras y fortalecimiento de la organización regional; creemos que esos temas resultan vitales para poder avanzar en un futuro hacia la Patria Grande.
¡Éxitos!

Eddy E. Jiménez

América Latina. La contraofensiva de las derechas y las opciones de las izquierdas.

Por Nils Castro

En estos años me he interesado en el tema de los gobiernos progresistas surgidos en nuestra región desde inicios del siglo XXI. Al comienzo, comentando las realidades que propiciaron su aparición, sus aportaciones y límites, y el campo de oportunidades que han abierto, así como las diferencias entre procesos progresistas y revolucionarios, intentando bosquejarle cierto marco teórico al asunto. Luego, observando la muy previsible contraofensiva de las derechas, sus recursos y modos de operar y, en consecuencia, las acciones que las organizaciones y partidos de izquierda, y los gobiernos progresistas, debieran asumir para vencer esa contraofensiva y emprender la siguiente etapa del desarrollo regional. En este caso, más en busca de respuestas políticas que de generalizaciones teóricas.

Como en estos días hay acontecimientos que inciden en el tema y pueden modificarlo, hoy me limitaré a resumir ciertas premisas que ya señalé antes y a situar algunas consideraciones adicionales:

1. Usualmente, las presentaciones sobre la oleada de gobiernos progresistas surgidos desde comienzos del siglo XXI empiezan por la primera elección de Hugo Chávez (1998). Sin embargo, pocas recuerdan que hacía unos años el establishment político mexicano le había escamoteado una significativa victoria del movimiento encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas.

Enseguida de la victoria chavista empezó una secuela de triunfos: el de la Concertación chilena (2000) y los liderados por Lula da Silva (2002 y 2006), Néstor Kirchner (2003), Tabaré Vásquez (2004), Martín Torrijos (2004), Manuel Zelaya (2005), Evo Morales (2006, 2009 y 2014), Daniel Ortega (2006), Michelle Bachelet (2006 y 2014), Rafael Correa (2006, 2009 y 2013), Álvaro Colom (2007), Cristina Fernández (2007 y 2011), Fernando Lugo (2008), Mauricio Funes (2009), Pepe Mujica (2010), Dilma Rousseff (2011 y 2014), Nicolás Maduro (2013), Salvador Sánchez Cerén (2014) y Luis Guillermo Solís (2014).

A ellos deben añadirse las importantes demostraciones electorales abanderadas, también en el 2006, por Carlos Gaviria, Andrés Manuel López Obrador y Ollanta Humala.

2. Más que discernir sus respectivos perfiles políticos, aquí interesa observar que esa oleada -reelecciones incluidas , se extendió por todo el decenio y fue muy notoria en 2006. Antes de ese año, lo que sucedía pudo parecer una excepción venezolana, que poco después tuvo una réplica más dilatada en el Cono Sur. Pero las victorias de Evo Morales y Rafael Correa evidenciaron que este brote andino ya implicaba la aparición de un fenómeno continental. No extraña así que, aunque la punta del iceberg asomó en 1988 y se confirmó en 1998, fue a partir de 2006 que la literatura periodística y académica lo asumió como tal, aunque todavía apelando más a reminiscencias ideológicas de la época anterior que inquiriendo en la originalidad del nuevo proceso.

3. Ese fenómeno emergió a través de disímiles procesos nacionales, que en pocos años sumaron un conjunto relativamente heterogéneo. Pero esto no niega sino que confirma la vigencia de un factor común: el agotamiento de los modelos conservadores constituidos por las derechas locales y los grupos financieros internacionales que, tras la imposición de las prédicas y prácticas neoliberales, rápidamente agravaron la crisis social y sus efectos políticos. Pese a la intensa implantación de los mitos neoliberales, el malestar e inconformidad exacerbados por ese drama sobrepasaron los sistemas políticos y electorales que, país por país, antes habían bastado para controlar la situación.

Esa ola de gobiernos progresistas pronto significó que millones de latinoamericanos pudieron comer tres veces al día, mejorar sus condiciones de vida, obtener ciudadanía, y todo lo demás que sabemos.

4. A la vez, esa heterogeneidad dejó atrás la época en la que las conductas latinoamericanas eran uniformadas por la hegemonía estadounidense, las políticas neoliberales se implantaban sin alternativa y sus portavoces podían reelegirse. Cada una de las naciones involucradas recuperó importantes cuotas de autodeterminación, soberanía y recursos aunque no todos los que la dominación neoliberal les había arrebatado . Entre sus realizaciones estuvo la de darle notable impulso a la integración latinoamericana, ya no solo como un bien en sí misma sino como una de las condiciones para potenciar el papel de Latinoamérica en el mundo, asegurar la defensa de la democracia y de las conquistas políticas y sociales conseguidas, y sustentar colectivamente su mantenimiento.

Eso le inyectó a esta integración un sentido emancipador y solidario, no estrechamente comercial.

La agenda inconclusa

5. Con todo, estos éxitos progresistas no bastaron para superar el conjunto de distorsiones económicas, sociopolíticas y culturales que en los años 80 y 90 la ofensiva neoconservadora impregnó en el tejido de nuestras sociedades. Debe recordarse que, a inicios de aquel período, la crisis de la deuda quebró la inspiración latinoamericanista de algunos gobiernos. Luego, tras la implosión del “socialismo real”, el cambio de la estrategia internacional china y la retracción de las teorías revolucionarias latinoamericanas de los años 60 y 70, un desconcierto temporal redujo la capacidad de las izquierdas para resistir a esa ofensiva. La hegemonía neoliberal dañó la cultura política y organizativa de importantes segmentos populares, que sufrieron degradaciones y deserciones.

6. Al superar ese período, los éxitos progresistas alcanzados en esos primeros lustros del siglo XXI se desarrollaron en dos campos que vale distinguir:

a) en el Cono Sur, donde los pactos para desmantelar las dictaduras de seguridad nacional permitieron aglutinar grandes partidos o coaliciones políticas como el PT, el Frente Amplio, el PJ kirchnerista y la Concertación chilena. Aún dentro del subsiguiente régimen político de democracia restringida, eso a la postre permitió elegir gobiernos comprometidos con promesas progresistas -con las limitaciones que ello implica-;

b) en la región andina (especialmente en Venezuela, Bolivia y Ecuador), donde los partidos y sistemas políticos establecidos padecían avanzado agotamiento y descrédito, facilitando que las protestas sociales los desbordaran con grandes movilizaciones populares (y étnicas). Esto pronto permitió darle ratificación electoral a iniciativas más audaces, y lograr importantes reformas al marco constitucional de los respectivos Estados.

7. De todo ello se desprende que los éxitos progresistas alcanzados durante la primera década del siglo XXI no resultaron de nuevos desarrollos y propuestas político ideológicas, ni de la formación de una nueva cultura política de las mayorías sociales y electorales que los hicieron factibles. Más bien fueron expresiones sociales y electorales espontáneas de su inconformidad con la situación existente, de su repudio moral y su castigo político al régimen existente, a su corrupción, su insensibilidad social y su incapacidad para defender los intereses nacionales. Por consiguiente, fueron expresiones emocionales y sujetas a los vaivenes de las coyunturas electorales, como los mismos votantes aún lo reflejan en las elecciones intermedias y locales.

8. Esto es, la aparición de ese fenómeno expresó tanto la demanda como el límite político de lo que esas mayorías sociales deseaban y eran capaces de acoger, elegir y sostener. El referente conocido o recordado de un proyecto más radical era el de las izquierdas latinoamericanas de los años 60 y 70. En uno y otro de esos dos campos hubo grandes contingentes dispuestos a impulsar y sostener hasta determinado punto un proceso de cambios, pero no disponibles aún para asumir los riesgos y rigores de un proyecto revolucionario cuyo contorno se desdibujó en los años 80.

Se trataba de victorias electorales, no de revoluciones. Todavía faltaba el proyecto de masas apropiado a las posibilidades de la nueva situación. En este sentido, las discusiones sobre si estos gobiernos progresistas son o no revolucionarios fueron más discursivas que provechosas. Esos gobiernos han sido lo que en los límites de sus propuestas electorales, y en los límites sociopolíticos, económicos y culturales ellos podían ser, al menos hasta que más adelante mejores alternativas cuenten con el apoyo de masas que las hagan factibles y sustentables.

9. En el terreno histórico más que en la imaginación ideológica, la coincidencia y la diferenciación entre las opciones progresistas y revolucionarias fue visible al comienzo de la Revolución Cubana. En sus primeros dos años, sus realizaciones y discurso tuvieron no pocos parecidos con algunos de los actuales gobiernos progresistas. En la terminología de aquellos años, a intentos como el cubano y poco antes a los de Guatemala y Bolivia se les llamó revolución democrático popular o de liberación nacional, conceptos compartidos por las izquierdas de aquel entonces y que ahora no hay por qué soslayar sino reactualizar.

¿Qué les impide a estos gobiernos dar el salto que Cuba inició en los días de Playa Girón? Entre otras cosas, porque cuando en la Isla la guerra revolucionaria concluyó el Ejército Rebelde había reemplazado al viejo ejército, la claque política tradicional había sido desbandada, la derecha política, el Parlamento y la Corte Suprema se habían desintegrado por sí mismas, el entusiasmo patriótico y revolucionario martiano se había tomado la cultura política dominante y los mayores medios de comunicación se hundieron bajo el peso de sus complicidades con la oligarquía.

En el contexto de esa situación revolucionaria, ante el pueblo indignado por los bombardeos que precedieron la invasión organizada por el gobierno norteamericano, Fidel Castro y sus compañeros decidieron cruzar el Rubicón. Y lo hicieron cuando las mayorías populares ya estaban dispuestas a combatir por la opción socialista. Reclamar que los actuales gobiernos progresistas los imiten sin disponer de condiciones equivalentes que lo hagan factible más parece un pretexto que una ingenuidad.

10. Para resumir, a finales del siglo XX e inicios del XXI el repudio colectivo a las consecuencias sociales de la dominación neoliberal desencadenó crecientes movilizaciones populares. No obstante, quedó inconclusa la misión estratégica de convertir esa inconformidad, y su enorme potencial político, en un nuevo conjunto de conocimientos y convicciones duraderos. Un conjunto no sólo motivador, sino también eficaz para entender los mecanismos de ese estado de cosas y los medios requeridos para transformarlo a favor de los sectores sociales mayoritarios.

Sin embargo, por su carácter esta misión corresponde a las organizaciones, movimientos y partidos políticos expresivos de las reivindicaciones populares, con la colaboración de los intelectuales afines. Incluso después de ganar elecciones esa misión es indelegable, puesto que los gobiernos de izquierda tienen otras funciones que los comprometen a servir igualmente a los sectores sociales desafiliados o de otras preferencias políticas.
Las derechas vuelven a la carga

11. Por el lado opuesto, a su vez, las derechas políticas, económicas y socioculturales vencidas en diversas elecciones a comienzos del siglo XXI, no por ello quedaron duraderamente derrotadas. Esos reveses no las privaron de su poder económico, de sus relaciones transnacionales ni del control de los grandes medios de comunicación. Por consiguiente, tras la perplejidad inicial, pasaron a prever y reorganizar sus propias opciones, de viejo o nuevo tipo, para recuperar su anterior poder político y gubernamental.

En la organización de sus intentos no falta el apoyo organizador, logístico y mediático de sucesivos gobiernos norteamericanos, en tanto que el progresismo latinoamericano tiene un sentido emancipador que erosiona la hegemonía regional y global estadounidense.

12. Esa contraofensiva dispone de cuantiosos recursos financieros y técnicos que le permiten desplegarse en varios planos. Combina las viejas marrullerías políticas de los partidos conservadores y democristianos con avanzados recursos empresariales como asesorías foráneas, investigaciones de mercado, técnicas de publicidad y métodos gerenciales de formación de cuadros, etc. Como igualmente combina viejos y nuevos modelos de partidos, liderazgos, cooptaciones y retóricas políticas, y métodos de manipulación electoral y formas más brutales de desestabilización del orden público y asalto al poder.

Aquí tomaría demasiado tiempo volver a describir cada uno de esos aspectos, sobre los cuales ya hay variado material informativo, así que me limitaré a apuntar los más relevantes.

13. Esta derecha reactualizada también dispone da varios géneros de respaldos transnacionales, entre los cuales destacan las conferencias, seminarios y cursos auspiciados por fundaciones y universidades privadas, asociaciones internacionales de partidos políticos y ONG’s de diferentes tipos, así como organismos gubernamentales como la AID.

Entre sus actividades más frecuentes proliferan los encuentros subsidiados por fundaciones vinculadas al PP español y a la Heritage estadounidense, a los que concurren ex presidentes y personalidades de la reacción latinoamericana y española del pelaje de José María Aznar, Álvaro Uribe, Luis Alberto Lacalle, Henrique Capriles y hasta Ricardo Martinelli. Asimismo abundan los cursos y entrenamientos proporcionados por universidades del área de Miami en materias como el marketing político, diseño e interpretación de encuestas y manejo de políticas y métodos de comunicación.

14. En la articulación de grupos y liderazgos, la definición de objetivos, la selección de temas y la orientación de conductas y acciones, desempeña un papel especial el manejo de los medios de comunicación. La relevancia de su papel, en no pocos casos hace que quienes fijan e implementan la política editorial asuman de hecho la dirección estratégica de la ofensiva, dejándole a los políticos de oficio el papel de operadores de las líneas de acción que ellos disponen. No es para menos: esos medios custodian, actualizan y manejan la hegemonía ideológica, cultural y política del bloque socioeconómico dominante. Justifican sus decisiones, conductas y desempeños y, al propio tiempo, desacreditan y aíslan a las personas y propuestas de quienes se oponen a dicho bloque, y ningunean sus iniciativas.

15. Como piezas de la contraofensiva reaccionaria, esas instancias e instrumentos forman “estados de opinión” que resultan tanto de promover las figuras, opiniones y proyectos que al bloque dominante le interesa encumbrar, como de tergiversar a quienes lo adversan o banalizar sus ideas, para justificar las ataques y marginaciones que se cometan contra ellos en el curso de las campañas derechistas para descalificar a los sectores populares, y desestabilizar la situación general, ya sea con vistas a objetivos electorales o para enmascarar los asaltos “blandos” o “duros” al poder gubernamental.

Un antecedente conocido fue el de la larga campaña mediática y desestabilizadora que precedió el golpe militar contra el gobierno de Salvador Allende. Dos más recientes han sido la prolongada campaña de “guarimbas” en Venezuela y las movilizaciones que precedieron al campeonato mundial de fútbol en Brasil, entre otras.

16. Del 2006 a la fecha se ha apelado a muy diversas modalidades de asalto al poder, cada una de ellas preparada y avalada por los grandes medios locales e internacionales de comunicación. La conspiración para inculpar de asesinato al presidente Álvaro Colom, el golpe sui generis mediante el cual el ejército depuso y expatrió a Manuel Zelaya y acto seguido entregó el gobierno al presidente del Congreso; la conversión de empresarios exitosos en candidatos presidenciales para derrotar a los socialdemócratas en Panamá y Chile; la intentona secesionista de la Media Luna para sacar del poder a Evo Morales; la matanza de campesinos urdida para justificar el golpe parlamentario contra Fernando Lugo; la insubordinación policial dirigida a derrocar a Rafael Correa; y, últimamente, las campañas de desestabilización y descrédito emprendidas contra el gobierno de Cristina Fernández y los escándalos mediáticos fabricados para desprestigiar al de Dilma Rousseff, con vistas a erosionar sus posiciones en vísperas de nuevos retos electorales, etc.

Ello sin contar más de medio siglo de conspiraciones, sabotajes, atentados y toda suerte de ataques materiales, económicos, diplomáticos y mediáticos contra la revolución y el pueblo de Cuba, entre los cuales últimamente han descollado el auspicio, entrenamiento, dotación y soporte internacional para “blogueros” y otros tipos de medios y operadores de redes digitales.

17. Por otra parte, nada de ello ocurre por gestión meramente local. Cada una de esas acciones, desde su etapa preparatoria, ha dispuesto de un coro internacional que va más allá de los medios y agencias de prensa, y los alimenta. Esto incluye declaraciones de organismos de derechos humanos, de clubes de escritores y de directivos del FMI, de congresistas norteamericanos y órganos de la Unión europea, etc. Es decir, las campañas de la llamada “nueva” derecha no se circunscriben a la asociación con sus congéneres latinoamericanos, españoles y estadounidenses; forman parte de una estructura global más articulada y extensa.

18. Entre los mayores objetivos de esa estructura y de las derechas locales está el de degradar el sentido del proceso latinoamericano de integración. El solo hecho de que en la gestación de la llamada Alianza del Pacífico hayan sobresalido personajes como Felipe Calderón Hinojosa, Álvaro Uribe y Sebastián Piñera, y de que eso inmediatamente recibiera fuerte aliento norteamericano, es de por sí un aviso elocuente. Por lo tanto, en la coyuntura que tenemos por delante, defender la proyección emancipadora, solidaria y desarrollista del proceso de integración deberá ser uno de nuestros mayores empeños, aunque las organizaciones latinoamericanas de izquierda aún disten de haber convertido ese tema en una aspiración de masas.

Pero esta historia continúa

19. Esa es la naturaleza del adversario que los gobiernos progresistas y las izquierdas latinoamericanas tienen por delante. No será con el respaldo de grandes recursos financieros, empresariales ni mediáticos que lo podrán superar. Esto solo podrá lograrse renovando tanto ideas y propuestas, como formas de lenguaje y comunicación juvenil y popular.

Tanto más cuando, tras las sucesivas reelecciones de los partidos y los líderes progresistas, los años no dejan de acumularse y, a los ojos de los jóvenes, nosotros mismos empezamos a formar parte del pasado. El tiempo reabre a los conservadores la oportunidad de presentarse como los portadores del “cambio” que anhelan los insatisfechos de hoy. A los doce años de gobiernos del PT, por ejemplo, las demoras de la reforma agraria o de la reorganización del transporte metropolitano no pueden achacarse a Collor de Mello o Fernando Enrique Cardoso, ni mucho menos a los militares.

20. Frente a la “magia” de la publicidad y la manipulación de la maquinaria mediática burguesa, y de su capacidad para reciclar el reinado de la vieja cultura de su conveniencia, solo construir una contracultura o nueva cultura política popular puede darle a nuestros pueblos la solidez de convicciones indispensable para enfrentar críticamente las ofertas de los grandes medios.

Esa contracultura es indispensable para contrarrestar y superar la hegemonía ideológica y política del bloque dominante. Precisamente porque eso no puede lograrse a corto plazo, debe ser la primera de nuestras dedicaciones, transversal a todos nuestros demás esfuerzos.

21. El impacto de la contraofensiva de las derechas no es un asunto colateral. Hace cuatro años algún optimismo o autosatisfacción imprudente podían tomarla como un asunto manejable. Sin embargo, durante este último período la reelección de los candidatos del PSUV, del FMLN y del PT fue más difícil y reñida de lo previsto; Alianza País sufrió reveses inesperados en Quito y otras ciudades, y los éxitos contundentes solo volvieron a producirse en Bolivia y, en menor grado, Uruguay. En Brasil la victoria presidencial se acompañó de importantes pérdidas parlamentarias; el fantasma de la derrota amenazó al destino de la integración latinoamericana y caribeña.

La izquierda progresista está a la defensiva y de eso ella debe extraer importantes lecciones y reajustes de métodos, estilos y objetivos. En esto la reacción reflexiva y política de Rafael Correa fue ejemplar, al convocar el encuentro latinoamericano de partidos, organizaciones y movimientos progresistas para debatir cómo derrotar la estrategia de “restauración conservadora” de nuestra América.

22. Más allá de aciertos y errores locales, y de mayores o menores dinámicas y alcances, ¿pueden tres lustros de surgimiento y reproducción de gobiernos progresistas reducirse a eventos coyunturales, o expresan fenómenos estructurales de mayor significado? Desde luego, la elección y reelección de gobiernos progresistas, y parte de sus realizaciones, son reversibles. Pero es irresponsable sostener que su paso no deja huellas. Aun en el peor de los desenlaces, durante este período ya hay acumulaciones que echaron raíces en la evolución de las culturas políticas de los pueblos latinoamericanos.

La movilización social y electoral de grandes masas, que puso en escena nuevos sujetos y objetivos políticos, derrumbó gobiernos o los hizo tambalear, expresa movimientos telúricos del desarrollo latinoamericano: las clases se movieron, sus exigencias continúan y las conciencias han pasado a hacer un nuevo balance de posibilidades. Nadie tiene por qué ser mejor que nosotros para aprender de sus errores y volver a la liza fortalecidos. Donde sea el caso, el revés sufrido puede ser parte de una historia donde las fuerzas progresistas retornarán mejor dotadas. En Honduras, Libre es muy superior a la anterior ala democrática del partido liberal; en Paraguay, el Frente Guasú posterior al derrocamiento de Lugo tiene mejores propuestas y arraigo social que aquel que en el pasado eligió al obispo.

23. Si el progresismo es síntoma de un fenómeno estructural, las eventuales ganancias de la contraofensiva de la derecha deben asumirse como reveses aleccionadores, cuyo análisis autocrítico ayudará a realimentar la continuación de la ofensiva de izquierdas.

Por su naturaleza, las derechas son inevitablemente conservadoras, pues su misión es conservar o recuperar estructuras y privilegios del pasado, por mucho que ellas pretendan envolverse en los ropajes del “cambio”. Como a su vez las izquierdas legítimas solo pueden ser innovadoras, una vez que expresan la fuerza creativa de quienes se nos indignan frente a las causas de las injusticias y desigualdades del presente que queremos reemplazar.

Esta verdad medular debe incidir sobre nuestras organizaciones y proyectos, sobre sus modos de abordar y sumar a nuestros pueblos, sobre sus lenguajes y modos de escuchar, renovar propuestas y persuadir. Solo así ellas podrán convocar, formar y ayudar a organizarse por sí mismos a los contingentes sociales necesarios para pasar del progresismo ahora posible a la necesaria transformación revolucionaria, y sostenerla.

Fuente: El Mercurio Digital

Gobiernos populares latinoamericanos en el ojo de la tormenta.

Por Isabel Rauber

Los recientes procesos electorales que finalizaron en Bolivia y Brasil sintetizan las diferentes dimensiones, los alcances estratégicos y los ejes políticos de las transformaciones sociales en curso en Latinoamérica; ponen al descubierto sus logros y carencias, sus horizontes y –en virtud de ello sus desafíos.

Está claro que ganar elecciones no es equivalente a “tomar el poder” mediante las urnas. Pero según interpreten esta afirmación, los gobiernos populares progresistas configuran distintas estrategias políticas y definen sus agendas políticas locales y regionales. Hay gobernantes que optan por lograr una administración prolija para mostrar su eficiencia a los poderosos o para conservar su posición, esperando ser aprobados por ellos. Otros, empeñados en realizar cambios sociales raizales, buscan caminos para hacer de sus administraciones herramientas políticas capaces de impulsar procesos socioculturales de cambios revolucionarios.

Esta posibilidad fue clara a partir del triunfo de Hugo Chávez en 1998, cuando replanteó a su gobierno como una herramienta política para construir con el pueblo el sujeto político colectivo capaz de buscar nuevos caminos revolucionarios y construirlos. Desde entonces, y con el impulso que ha significado para los pueblos del continente el triunfo de los movimientos sociales encabezados por Evo Morales en Bolivia, se afianza cada vez más la hipótesis política de que la disputa electoral puede abrir caminos democráticos para la realización de transformaciones revolucionarias.

Para quienes actualmente ganan elecciones desde posiciones populares, de izquierda o progresistas, la disyuntiva es clara: Convierten a sus gobiernos en herramientas políticas para impulsar procesos populares revolucionarios de cambios raizales, o se limitan a hacer un “buen gobierno” conservador, reciclador del sistema.

El camino revolucionario está marcado por la participación protagónica de los pueblos

La respuesta a esa disyuntiva política y los consiguientes posicionamientos políticos que de ella se derivan, devienen el parte aguas político del quehacer de los gobiernos populares latinoamericanos: mantenerse en los cauces fijados por el poder y cambiar “algo” cuidando que “nada” cambie, o colocarse en la senda de las revoluciones democrático culturales e impulsarlas. Esta opción revolucionaria está marcada por un factor político clave: la participación protagónica de los pueblos en el proceso de cambios, es decir, para crear, definir y realizar las transformaciones en la concepción y el quehacer del Estado, la democracia, el desarrollo, el buen vivir, la descolonización, la interculturalidad, la despatriarcalización.

Ciertamente, a pesar de las diferentes opciones políticas estratégicas, los gobiernos populares convergen hoy al compartir una postura posneoliberal o antineoliberal, centrada en la recuperación del papel socioeconómico del Estado en pos de obtener recursos para fomentar la inclusión social, recuperar índices positivos en la salud y la educación masiva, erradicar la pobreza extrema, apostar a la integración comercial regional y continental. Estas convergencias no indican, sin embargo, que los diversos gobiernos estén abocados a la realización de cambios estructurales orientados a la superación raizal del capitalismo.

Hacer de los procesos democrático-populares procesos revolucionarios es una posibilidad directamente articulada con el empeño conjugado entre movimientos sociopolíticos, partidos de izquierda y gobierno popular para fortalecer los procesos de construcción del sujeto político colectivo, impulsando su participación en la toma de las decisiones políticas que marcan los rumbos del quehacer estatal y político-social en cada momento, aportando a la construcción de la conducción colectiva del proceso revolucionario en cada país.

Va de suyo que cualquier opción de cambio político-social transcurre hoy dentro del sistema del capital. Sin embargo, unas se abocan a crear las bases sociales, culturales, políticas y económicas para transitar hacia su superación, mientras que otras buscan reacomodarse a lo existente para disputar en el mismo terreno del mercado un lugar de poder desde donde constituirse en el “contrapeso” del Sur a la tendencia neoliberal global asfixiante. La creación del bloque BRICS es un claro ejemplo de ello.

Este bloque desafía la hegemonía unipolar del poder del capital imperialista-guerrerista y su voracidad de rapiña, saqueo y destrucción global y –en la coyuntura global actual resulta un freno a la locura de muerte que favorece la vida, al igual que el MERCOSUR, la UNASUR, la CELAC. De conjunto, estos procesos y bloques tienen en el presente un importante valor como salvaguardas de la vida de los pueblos. No constituyen el horizonte de las luchas populares, sino su piso, una base de apoyo inicial.

El ALBA, en cambio, se perfila como una apuesta estratégica de los pueblos orientada a la creación y construcción de un mundo nuevo basado en el buen vivir y convivir.

En los procesos de participación política los sujetos van tomando conciencia de la necesidad de continuar sembrando las bases culturales, sociales y económicas en las que madure y se abra paso su propuesta revolucionaria encaminada a la superación definitiva de la civilización creada y controlada por el capital. Para ello se preparan y organizan, buscando permanentemente impulsar los procesos de cambio más allá de los límites que fijen los gobiernos de turno.

Transformar el Estado

En su primera etapa, los gobiernos populares latinoamericanos retomaron los postulados básicos de Keynes para la elaboración de su propuesta socio-económica. Esta mirada compartida resultó, en cierta medida, la base de un formato institucional para la constitución de los bloques regionales de integración. De ahí que en la mayoría de estos procesos, la apuesta productiva predominante esté marcada por lo que podría definirse como un neodesarrollismo de “izquierda”.

Esto en sí mismo no es positivo ni negativo. No cabe pretender que todo esté previamente definido y clarificado, menos aun cuando a los gobernantes actuales les ha tocado hacerse cargo de sus países en situaciones de crisis y fracturas sociales profundas, causadas por el saqueo y la corruptela neoliberal. Pero es importante tenerlo presente como referencia porque, ¿hacia dónde se encaminan estos gobiernos luego del empeño de los primeros años buscando poner “en orden” una propuesta integral de gobierno?

Recuperar el papel social del Estado es central, pero ello es apenas un primer paso en el inmenso océano de las transformaciones sociales. La mayor y más dura prueba de ello ha sido el socialismo del siglo XX. Mayor estatización que aquella es difícil de imaginar, sin embargo, no logró resolver temas medulares como: participación y empoderamiento popular, desalienación, liberación, plenitud humana. Tal vez fue precisamente por centrar los ejes del cambio social en el quehacer del Estado y sus funcionarios, por concebir al Estado como un actor social y no como una herramienta política institucional, que el proyecto socialista derrapó de sus objetivos estratégicos iniciales y un grupo de burócratas terminó suplantando el protagonismo popular, anulando al sujeto revolucionario.

El Estado es apenas una herramienta, medular, pero herramienta. Puede emplearse con la esperanza de recuperar un “capitalismo de bienestar”, sin poner en cuestión el contenido y el papel de clase del Estado, ni las bases jurídicas que configuran su institucionalidad. O puede convertirse –articulado con la participación popular en un instrumento político para impulsar cambios revolucionarios, apostando a transformar las bases, el carácter, los contenidos y el papel social de dicha institución.

Luego de dos o tres períodos de gobierno, el riesgo de caer en la tentación de conservar lo que se ha logrado es grande, más aun teniendo en cuenta los enormes desafíos que implica atreverse a “ir por más”, profundizar los cambios, cuestionar los resortes claves del poder local-global del capital. Conservar es fundamental, pero no se logrará deteniendo el proceso de cambios. Detenerse es retroceder y empezar el raudo camino hacia el declive.

Conservar lo logrado requiere profundizarlo, radicalizarlo, ampliar el protagonismo de los pueblos en la toma de decisiones, transformar la institucionalidad del capital reemplazándola por otra que responda a los intereses populares. No hay otra posibilidad en Latinoamérica, territorio azotado secularmente por la dependencia, la colonización, la corrupción y el sometimiento de las élites locales a los designios del poder imperialista.

Recuperar el Estado para el quehacer social es un paso inicial, pero solo podrá tomar un rumbo revolucionario si se abre a la participación de los movimientos populares en la toma de decisiones, en la realización y la fiscalización de las políticas públicas y de todo el proceso de gestión de lo público, abriéndolo a la pluralidad que imponga su diversidad.

Históricamente contrapuestos Estado y sociedad y, particularmente, Estado y movimientos sociales populares, hay grandes cambios que realizar para abrir el Estado, las políticas públicas y la gestión de lo público a la participación de los movimientos populares, indígenas, sindicales y campesinos para que puedan asumirse colectivamente como protagonistas con derecho y obligación de participar en la toma de decisiones.

Y ello no se producirá de golpe; requiere tanto de procesos jurídicos que lo habiliten, como de procesos político-educativos de los funcionarios públicos y de los movimientos sociales y la ciudadanía popular en general. En este proceso los sujetos van reconceptualizando las políticas públicas y la gestión de lo público en función de sus realidades, identidades y modos de vida, sus cosmovisiones, sabidurías y conocimientos, y –articulado a ello van definiendo el quehacer y alcance de “lo estatal”.

Apoyar estos procesos está entre las tareas político-revolucionarias de quienes se posicionan como conducción política: no sustituir al pueblo organizado, sino convocarlo, escucharlo, construir de conjunto, estimular y contribuir a organizar su protagonismo. Sumar y no restar. Dirigir no es mandar, sino orientar, coordinar y guiar el proceso, en primer lugar, aportando con el ejemplo concreto de nuevas prácticas en los lugares de trabajo y territorios del hábitat cotidianos.

Obviamente, como lo ejemplifican las experiencias concretas de los procesos políticos latinoamericanos actuales, esto configura un escenario sociopolítico y cultural contradictorio, sinuoso y complejo que se torna frecuentemente incomprensible para los propios protagonistas y, tal vez por ello, “peligroso” para quienes imaginan que los procesos de transformación social ocurren o deberían ocurrir según establece el “manual de procedimientos”, por decreto o mágicamente, o protagonizados por ángeles que supuestamente atravesarían los cismas históricos como quien se desplaza suavemente por un lecho de “pureza inmaculada”.

¿Se cometen errores? Seguramente, aunque se minimicen, siempre habrá errores, pero no serán responsabilidad de un grupo de funcionarios, sino por decisión colectiva de las mayorías participantes, precisamente una de las garantías fundamentales para minimizarlos. En tal caso, la reflexión colectiva y el saldo, no conducirán a una derrota frustrante, será sobre todo aprendizaje y crecimiento colectivos para nuevos emprendimientos revolucionarios.
La transición revolucionaria implica la descolonización y viceversa

La transformación del Estado y su apertura a la participación de los pueblos, el reconocimiento de la diversidad de sus identidades sociales, culturales, de sus cosmovisiones, saberes, sabidurías y modos de vida diversos es parte de un inter-articulado proceso revolucionario democrático intercultural que configura procesos de descolonización, en los que se proyectan y profundizan los horizontes estratégicos de los gobiernos populares revolucionarios. Esto se relaciona directamente con la definición de los perfiles sociopolíticos de lo que hoy podría entenderse como procesos de transición hacia una nueva civilización, superadora del capitalismo. Y tiene como elemento constitutivo central a la participación popular; en ella radica la posibilidad revolucionaria de los gobiernos populares de la región.

En tiempos de disputa de poder como ocurre hoy en Bolivia, Ecuador, Venezuela, florecen las luchas de pueblos y comunidades indígenas, de campesinos/as y diversos sectores sociales por participar plenamente de la democracia, ampliándola, es decir, luchando por extender la igualdad y la libertad a sus relaciones sociales, económicas, culturales y políticas. Esto es parte de las luchas políticas y culturales de los pueblos encaminadas a la transformación raizal de la democracia, rompiendo el paradigma neoliberal que considera a la democracia (y el Estado) como un terreno carente de conflictos, un ámbito neutral de competencia de intereses.

Poniendo fin a las relaciones de poder instauradas por la democracia excluyente y elitista del capital, los pueblos construyen desde abajo otra democracia, un nuevo poder (popular), un nuevo Estado para el Buen Vivir y Convivir, otra hegemonía: la de los pueblos.

La construcción de hegemonía popular requiere de un tipo de organización y conducción políticas que articule protagonismo y conciencia colectivos como sustrato del poder popular, basado en la solidaridad y el encuentro, en el reconocimiento y la aceptación de las diferencias sin pretender su eliminación, entendiéndolas como riquezas y no como “defecto”. Esta lógica no puede basarse en la antagonización y exclusión de lo diferente, sino en la complementariedad, en la búsqueda de espacios donde la diversidad sea cada vez más naturalmente incorporada aunque con conflictos y debates , propiciando el trabajo interarticulado, intercultural, de lo diverso.

Se trata de revitalizar una concepción de la política que, anclada en los sujetos del cambio, ponga la batalla por la hegemonía en el corazón de la disputa colectiva por el poder popular a crear y construir. Esto supone recuperar la política y lo político como eje central del quehacer de los gobiernos revolucionarios anudado con lo social, lo cultural y económico e implica dar un vuelco a la representación política tradicional enquistada en los partidos, incluyendo a los de la izquierda.

No se trata entonces solo de convocar para escuchar, sino también de generar ámbitos donde los diversos actores puedan crear, proponer, decidir y ser parte del proceso de realización, reapropiándose de sus experiencias en un proceso que contribuirá al empoderamiento colectivo. Es aquí donde la eficacia, la participación y la democracia, se entroncan con la descolonización y la interculturalidad enuna interrelación compleja, sin indicios de simplificación y perfilan los actuales procesos de transición hacia el nuevo mundo que tienen lugar en tierras indo-afro-latinoamericanas. En ellos destaca el protagonismo de sectores históricamente discriminados y marginados, hoy (auto)reivindicados como ciudadanos de pleno derecho.

Se ponen en cuestión saberes y poderes

Interculturalidad y descolonización llaman a dejar atrás el eurocentrismo negador de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos, a dejar atrás todo tipo de discriminación, a pensarse todos y todascomo sujetos-ciudadanos con plenos derechos y capacidades. Llaman también a abrir espacios políticos a las mujeres con sus pensamientos despatriarcalizadores, y a promover la participación plena de todos/as los marginados/as o excluidos/as acorde con sus capacidades, sus identidades culturales, sexuales, etc. En resumen, se trata de abrir el ámbito de “lo político” al terreno intercultural parareconfigurarlo desde este lugar, reclamando una mirada colectiva que dé cuenta de los disímiles intereses de los diversos actores y sectores que conforman el llamado “campo popular”.

Esto supone hacerse cargo también de las diferencias y pugnas de poder que tienen y tendrán lugar entre los diversos sectores del campo popular, en proceso de ruptura y superación de la hegemonía de la colonización. Teniendo en cuenta que la conquista y colonización de América genocidio mediante , implantó el capitalismo en estas tierras, los actuales procesos de descolonización comprenden todo el período histórico, desde tiempos de la llegada del capitalismo a nuestras tierras de la mano de la conquista y colonización hasta la liberación del yugo del capital en lo económico-social y cultural, en el modo de vida, de percepción, de conocimiento, de interrelacionamiento humano y con la naturaleza.

Por ello, interculturalidad y descolonización constituyen pilares claves promotores de la nueva civilización, anclados en la equidad, la solidaridad y la búsqueda de armonía en la convivencia humana y con la naturaleza y, todo ello, sustentado en un nuevo modo de producción y reproducción social, cuyo ciclo garantice la reproducción de la vida humana y de la naturaleza.

Aprender de las prácticas emancipatorias de los pueblos

La construcción de un nuevo mundo implica crear colectivamente una nueva racionalidad del metabolismo social. En tanto se trata de transitar procesos inéditos, la participación de los actores sociales resulta una de las claves sociopolíticas y culturales fundamentales de los actuales procesos revolucionarios.

En este empeño, la creación cotidiana de los pueblos es clave. Por ello, entre las labores revolucionarias de intelectuales “orgánicos” comprometidos, está la recuperación crítica de las experiencias concretas de los movimientos indígenas, de trabajadores, de mujeres, de pobladores, de los sin tierra, etc., para reflexionar –en conjunto acerca de las enseñanzas de lo que colectivamente van creando y construyendo.

La investigación-acción participativa, articulada con procesos de educación popular, desempeñan en ello un papel fundamental, particularmente, en lo que hace a la recuperación y sistematización de las experiencias locales de los pueblos, donde germina lo nuevo, aunque fragmentado, o balbuciente.

Una nueva mentalidad, un cambio cultural, epistemológico y político, se impone

Esto habla de la importancia actual que reviste para las ciencias sociales romper con la tradicional mirada “cientista” acerca de los estudios sociales, sus dinámicas y problemáticas. Se trata, en síntesis, de asumir el camino de la ruptura epistemológica con el viejo “saber hacer” y “saber pensar”, para reconstruir una nueva epistemología, desde los pueblos, con los pueblos, construyendo integral e interculturalmente nuevos saberes (colectivos) con los sujetos.

Hacerse cargo de la batalla ideológica cultural

Que no te “cuenten” los adversarios cómo creas y construyes lo nuevo

Si los procesos de revolución sociopolítica, democrática y cultural no son recuperados por los pueblos sus creadores y protagonistas , el recuento y la síntesis la hará el adversario político, con la intencional cuota de tergiversación ideológica de la realidad a la que está acostumbrado para mantener su hegemonía y dominación. A través de libros de textos, de los medios de comunicación masiva y de las redes sociales, nos re-contarán nuestra historia como si fuera ajena, llena de errores y desvaríos, pues harán el recuento a partir de sus parámetros culturales y sus intereses económicos y políticos. Este es, de última, el derrotero “subfluvial” del debate civilizatorio en curso. Llama a asumir con centralidad el proceso de descolonización o –caso contrario-, someterse a la continuidad de la colonización de las mentes y la espiritualidad, para someter a los cuerpos.

La educación política, la batalla cultural en los medios de comunicación masiva, en las escuelas, en las comunidades, en las organizaciones sociales y políticas, son parte de la permanente toma de conciencia del proceso de creación colectiva del nuevo mundo. Y resultan entre las claves de la construcción del poder popular desde abajo.

Construir la fuerza sociopolítica de liberación

El desafío civilizatorio supone un debate y una pulseada permanentes con el poder. Y ello no es una “tarea” de vanguardias, no es una cuestión de partidos políticos. Se trata del quehacer permanente del sujeto político colectivo del cambio: partidos políticos de izquierda, movimientos sociales populares, pueblos todos, reunidos, articulados intercultural y horizontalmente en una fuerza sociopolítica de liberación capaz de traccionar los procesos de cambio hacia mayores transformaciones, confluyendo en un gran proceso de cambios raizales donde irán superando desde la raíz -y desde su interior- el sistema del capital, su modo de producción y reproducción sobre el que se erige todo el sistema de relaciones sociales, culturales, económicas y políticas y jurídicas y las instituciones que lo representan, sostienen y perpetúan.

Este desafío resulta central en procesos como el que tiene lugar en Brasil, donde el impulso revolucionario supone un viraje hacia el protagonismo político social popular. Está presente también, aunque con otras intensidades, en procesos como los de Bolivia y Venezuela cuyos gobernantes están empeñados en profundizar el camino revolucionario iniciado, ampliando la participación popular, los procesos de descolonización, los diálogos interculturales y las búsquedas de un nuevo modo de producción de que abra las puertas de la humanidad a un nuevo tipo de desarrollo basado en el buen vivir y convivir entre nosotros y con la naturaleza.

En Brasil, el gobierno de Dilma se vio prácticamente arrinconado por un posible retorno a la era de la plena hegemonía neoliberal, y ello no ha sido solo por los embates mediáticos (externos) de sus adversarios, sino el resultado de concepciones políticas propias, que llevaron al PT a gobernar a través de acuerdos parlamentarios en bloques, a no escuchar a los movimientos sociales y sus históricos reclamos, como, por ejemplo, la reforma agraria, a desoír el reclamo de los jóvenes y sus movimientos en las grandes ciudades, cuyas protestas se pretendió estigmatizar y reducir tras el calificativo de “clases medias” disconformes y opuestas a un pueblo supuestamente contento y conforme con la Bolsa Familia.

Hace tiempo ya, el PT pudo haber abanderado la construcción de un foro de encuentro y articulación entre partidos de izquierda y movimientos sociales en Brasil y en el continente , abriendo cauces a una nueva política.

Silenciado el Foro Social Mundial por los apetitos hegemonistas internos, y con un Foro de Sao Paulo tercamente encriptado en su arcaico sectarismo político, la fuerza política de los de abajo se expresa donde se abren cauces para ello. Así, movimientos sociales históricos de Nuestra América con la presencia de Evo Morales, no dudaron en estar presentes en Roma, en la convocatoria del Papa Francisco a los movimientos sociales, para discutir ejes centrales de acciones globales encaminadas a la defensa de la vida.

Hoy como ayer, ser de izquierda no es sinónimo de ser revolucionario

Se puede ser “la izquierda” del sistema capitalista y gobernar para reflotarlo. Pero como lo ejemplifican Bolivia y Venezuela, se puede optar por otro carril, y en vez de intentar hacer “buena letra” con los poderosos de siempre, impulsar articulada y mancomunadamente con los movimiento sociales y los pueblos todos, procesos revolucionarios de cambios sociales, abonando el camino de las revoluciones democráticas culturales que se profundizan con la participación cada vez más protagónica de los pueblos que en tales procesos , tendrán la oportunidad para autoconstituirse en sujeto político del proceso revolucionario, creando y construyendo día a día avances de la civilización superadora del capitalismo, constituyéndose en fuerza político-social capaz de traccionar y conducir los procesos de cambio en revolución permanente.

Apostar a ello está entre las potencialidades políticas revolucionarias que laten en los procesos abiertos con los gobiernos populares latinoamericanos desde los movimientos indígenas, los movimientos de trabajadores de la ciudad y el campo, desde los movimientos de mujeres, de los pobres y excluidos por el poder del capital. Ampliar espacios para profundizar su participación es impostergable; el tiempo de hacer “como que” se ha agotado.

Fuente: ALAI

No hay diferencia entre narco, burguesía y élites.

Por Raúl Zibechi

PROPONGO QUE DEJEMOS de hablar de narco (narcotráfico o tráfico de drogas) como si fuera un negocio distinto a otros que realizan las clases dominantes. Atribuir los crímenes a los narcos contribuye a despolitizar el debate y desviar el núcleo central que revelan los terribles hechos: la alianza entre la élite económica y el poder militar-estatal para aplastar las resistencias populares. Lo que llamamos narco es parte de la élite y, como ella, no puede sino tener lazos estrechos con los Estados.

La historia suele ayudar a echar luz sobre los hechos actuales. La piratería, como práctica de saqueo y bandolerismo en el mar, jugó un papel importante en la transición hegemónica, debilitando a España, potencia colonial decadente, por parte de las potencias emergentes Francia e Inglaterra. La única diferencia entre piratas y corsarios es que éstos recibían patentes de corso, firmadas por monarcas, que legalizaban su actuación delictiva cuando la realizaban contra barcos y poblaciones de naciones enemigas.

Las potencias disponían así de armadas adicionales sin los gastos que implicaban y conseguían debilitar a sus enemigos tercerizando la guerra. Además, utilizaban los servicios de los corsarios sin pagar costos políticos, como si los destrozos que causaban fueran desbordes fuera del control de las monarquías, cuando en realidad no tenían la menor autonomía de las élites en el poder. La línea que separa lo legal de lo ilegal es tenue y variable.

Encuentro varias razones para dejar de considerar a los narcos como algo diferente de la burguesía y del Estado.

La primera, es histórica. Es bien conocido el caso de Lucky Luciano, jefe de la Cosa Nostra preso en Estados Unidos. Cuando las tropas estadounidenses desembarcaron en Sicilia, en 1943, para combatir al régimen de Mussolini, contaron con el apoyo activo de la mafia. El gobierno de Estados Unidos había llegado a un acuerdo con Luciano, por el cual éste movilizó a sus partidarios a favor de los aliados a cambio de su posterior deportación a Italia, donde vivió el resto de su vida organizando sus negocios ilegales.

Los mafiosos eran, además, fervientes anticomunistas, por lo que fueron usados en el combate a las fuerzas de izquierda en el mundo y como fuerza de choque contra los sindicatos estadounidenses.

En segundo lugar, la superpotencia utilizó el negocio de las drogas en su intervención militar en el sureste de Asia, en particular en la guerra contra Vietnam. Pero también a escala local, en el mismo período, para destruir al movimiento revolucionario Panteras Negras. En ambos casos la CIA jugó un papel destacado. Sobre estos dos primeros puntos hay decenas de publicaciones, lo que hace innecesario entrar en detalles.

En tercer lugar, Colombia ha sido el principal banco de pruebas en el uso de las bandas criminales contra las organizaciones revolucionarias y los sectores populares. Un informe de Americas Watch de 1990 establece que el cártel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar, atacaba sistemáticamente a líderes sindicales, profesores, periodistas, defensores de los derechos humanos y políticos de izquierda, particularmente de la Unión Patriótica (Americas Watch, La guerra contra las drogas en Colombia, 1990, p. 22).

A renglón seguido destaca que los narcotraficantes se han convertido en grandes terratenientes y, como tal, han comenzado a compartir la política de derecha de los terratenientes tradicionales y a dirigir algunos de los más notorios grupos paramilitares.

Este es el punto clave: la confluencia de intereses entre dos sectores que buscan enriquecerse y mantener cuotas de poder, o adquirir más poder, a costa de los campesinos, los sectores populares y las izquierdas. Todo indica que la experiencia colombiana –en modo particular, la alianza de los narcos y los demás sectores de las clases dominantes– está siendo replicada en otros países como México y Guatemala, y está disponible para aplicarla donde las élites globales lo crean necesario. De más está decir que esto no podía hacerse sin el concurso de la agencia antidrogas estadunidense, así como de sus fuerzas armadas.

En cuarto lugar, hace falta comprender que el negocio de las drogas forma parte de la acumulación por desposesión, tanto en su forma como en su contenido. Funciona como una empresa capitalista, como una actividad económica racional, como concluye el libro Cocaína & Co., de los sociólogos colombianos CiroKrauthausen y Luis Fernando Sarmiento (Tercer Mundo Ediciones, 1991). Tiene algunas diferencias con los demás negocios capitalistas, sólo por tratarse de una actividad ilegal.

La violencia criminal, considerada a veces como demencial, es el argumento que suelen utilizar los medios y las autoridades para enfatizar los aspectos especiales del negocio de las drogas. Es tan falso como lo sería atribuir un carácter criminal al cultivo y comercialización de bananas porque en diciembre de 1928 fueron asesinados mil 800 huelguistas que trabajaban en la United Fruit Company en la Ciénaga de Santa Marta, norte colombiano. Algo similar podría atribuirse al negocio minero o al petrolero, manchados de sangre en todo el mundo.

El negocio de las drogas está en sintonía con la financierización de la economía global, con la cual confluye a través de los circuitos bancarios donde se lavan sus activos. Es bueno recordar que durante la crisis de 2008 el dinero del narco mantuvo la fluidez del sistema financiero, sin cuyos aportes hubiera padecido un cuello de botella que habría paralizado buena parte de la banca.

Por último, eso que mal llamamos narco tiene exactamente los mismos intereses que el sector más concentrado de la burguesía, con la que se mimetiza, que consiste en destruir el tejido social, para hacer imposible e inviable la organización popular. Nada peor que seguir a los medios que presentan a los narcos como forajidos irracionales. Tienen una estrategia, de clase, la misma a la que pertenecen.

Fuente: La Jornada

El cerco a Julian Assange es una farsa.

Por John Pilger*

El asedio de Knightsbridge es una farsa. Desde hace dos años, una exagerada y costosa presencia policial en torno a la Embajada de Ecuador en Londres no ha servido para otra cosa que para hacer alarde del poder del Estado. Su presa es un australiano sobre el que no pesa acusación alguna por ningún delito, un refugiado de una repugnante injusticia y cuya única seguridad es el espacio que le brinda un valiente país de América del Sur.

El acoso a Julian Assange debe terminar; incluso el gobierno británico considera claramente que debe terminar. El 28 de octubre, el viceministro de Relaciones Exteriores, Hugo Swire, manifestó ante el Parlamento que “iba a dar una activa bienvenida” a Londres a la fiscal sueca, y “que haría absolutamente todo para facilitar su presencia.” El tono era de impaciencia.

La fiscal sueca, Marianne Ny, se ha negado a venir a Londres para interrogar a Assange por las imputaciones que se le hacen de supuesto comportamiento sexual incorrecto en Estocolmo en 2010. La fiscal se niega a viajar a pesar de que la ley sueca lo permite y el procedimiento es rutinario tanto para Suecia como para el Reino Unido. Las pruebas documentales de amenaza a la vida y la libertad de Assange por parte de EE.UU. –en caso de que salga de la Embajada– son abrumadoras. El 14 de mayo del presente año, expedientes judiciales estadounidenses revelaron que Assange es objeto de “múltiples investigaciones” de forma activa y permanente.

Ny nunca ha explicado satisfactoriamente por qué no desea venir a Londres, al igual que las autoridades suecas nunca han explicado por qué se niegan a dar a Assange una garantía de que no lo van a extraditar a EE.UU. en virtud de un acuerdo secreto firmado entre Estocolmo y Washington. En diciembre de 2010, el diario The Independent reveló que los dos gobiernos habían discutido su extradición a EE.UU., antes de la emisión de una orden de detención europea.

Tal vez la explicación sea que, en contra de su reputación como un bastión liberal, Suecia se ha acercado tanto a Washington que ha permitido “entregas” secretas de la CIA, incluyendo la deportación ilegal de refugiados. La entrega y posterior tortura de dos refugiados políticos egipcios en 2001, fue condenada por el Comité de la ONU contra la Tortura, Amnistía Internacional y Human Rights Watch; asimismo, la complicidad y la duplicidad del Estado sueco se han documentado más allá de toda duda en litigios civiles y cables de WikiLeaks. En el verano de 2010, Assange había estado en Suecia para hablar de las revelaciones de WikiLeaks sobre la guerra en Afganistán, en la que Suecia tenía fuerzas destacadas bajo mando estadounidense.

Los estadounidenses están persiguiendo a Assange porque WikiLeaks expone sus épicos crímenes en Afganistán e Irak: la matanza al por mayor de decenas de miles de civiles, encubierta por sus poderes públicos; y su desprecio por la soberanía y el derecho internacional, como demuestran vívidamente los cables diplomáticos difundidos.

Por su parte, por revelar cómo soldados estadounidenses asesinaron a civiles afganos e iraquíes, el heroico soldado Bradley (ahora Chelsea) Manning recibió una sentencia de 35 años, después de haber sido retenido durante más de 1 000 días en condiciones que, de acuerdo con el Relator Especial de la ONU, se consideran como tortura.

De acuerdo con documentos dados a conocer por Edward Snowden, Assange se encuentra en una “lista de caza del hombre”. Los esfuerzos de Washington por atraparlo, afirman los cables diplomáticos australianos, son “sin precedentes en su escala y naturaleza”. En Alexandria, estado de Virginia (EE.UU.), un gran jurado secreto ha pasado cuatro años tratando de inventar un delito por el que Assange pudiera ser procesado. Esto no es fácil. La Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU. protege a editores, periodistas y denunciantes. Cuando era candidato presidencial, en 2008, Barack Obama elogió a los denunciantes como “parte de una democracia sana [que] deben ser protegidos contra las represalias.” Bajo la presidencia de Obama, han sido procesados más denunciantes que durante los gobiernos de todos los demás presidentes de EE.UU. juntos. Incluso antes de que fuera anunciado el veredicto en el juic io contra Bradley Manning, Obama ya había declarado a éste culpable.

“Los documentos publicados por WikiLeaks desde que Assange se trasladó a Inglaterra”, escribió Al Burke, editor del diario on-line Nordic News Network, una autoridad en los múltiples peligros y vericuetos a que hace frente Assange, “indican claramente que Suecia ha cedido habitualmente a las presiones de EE.UU. en asuntos relacionados con los derechos civiles. Hay todo tipo de motivos de preocupación de que si Assange cayese bajo la custodia de las autoridades suecas, éstas pudieran entregarlo a EE.UU. sin la debida consideración de sus derechos legales.”

Hay indicios de que la comunidad pública y jurídica sueca no apoya la intransigencia de la fiscal Marianne Ny. La prensa sueca, antes implacablemente hostil hacia Assange, publica ahora titulares como: “Vaya a Londres, por el amor de Dios.”

¿Por qué no lo hará, la fiscal? Y más concretamente ¿por qué no permitirá el acceso de los tribunales suecos a cientos de mensajes de texto que la policía extrajo del teléfono de una de las dos mujeres involucradas en las acusaciones de comportamiento impropio? ¿Por qué no se los entregan a los abogados suecos de Assange? Ella dice que no está legalmente obligada a hacerlo hasta que se presente una acusación formal y ella misma haya interrogado a Assange. Entonces, ¿por qué no lo interroga?

Esta semana, la Corte Sueca de Apelación decidirá si ordena a Ny entregar los mensajes de texto o si el asunto va a la Corte Suprema y al Tribunal Europeo de Justicia. En una gran burla, a los abogados suecos de Assange sólo se les ha permitido la “revisión” de los mensajes de texto y la memorización de su lectura.

Uno de los mensajes de las mujeres deja claro que ella no quería formular cargos contra Assange, “pero la policía estaba interesada en echarle mano a éste”. Se sintió “conmocionada” cuando lo arrestaron porque ella sólo “quería que le hiciesen la prueba del HIV”.“No quería acusar a J.A. de nada” y “fue la policía la que presentó cargos”. (En una declaración de una testigo, se cita a esta mujer diciendo que había sido “injustamente presionada por la policía junto con otras personas de su entorno.”)

Ninguna de las dos manifestó que hubiera sido violada. De hecho, ambas han negado que fueran violadas y una de ellas ha lo ha puesto en un tuit: “No he sido violada.” El hecho de que fueron manipuladas por la policía y sus deseos ignorados es evidente, con independencia de lo que sus abogados afirmen ahora. Ciertamente, son víctimas de una saga digna de Kafka.

Para Assange, el único juicio ha sido el del tribunal de los medios de comunicación. El 20 de agosto de 2010, la policía sueca abrió una “investigación por violación” e inmediata e ilegalmente dijeron a la prensa sensacionalista de Estocolmo que había una orden de arresto contra Assange por la “violación de dos mujeres”. Esta fue la noticia que dio la vuelta al mundo.

En Washington, un sonriente secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, dijo a los periodistas que el arresto “suena como buenas noticias a mis oídos”. Algunas cuentas de Twitter asociadas con el Pentágono describen a Assange como un “violador” y un “fugitivo”.

Menos de 24 horas más tarde, la fiscal jefe de Estocolmo, Eva Finné, se hizo cargo de la investigación. No perdió tiempo en dejar sin efecto la orden de detención, afirmando: “No creo que haya razón alguna para sospechar que se haya cometido una violación.” Cuatro días más tarde, desestimó totalmente la investigación de violación con estas palabras: “No hay ninguna sospecha de delito alguno.” El expediente estaba cerrado.

El 30 de agosto, Assange se presentó voluntariamente a una comisaría en Estocolmo y respondió a todas las preguntas que se le hicieron. Entendió que eso ponía punto final al asunto. Dos días más tarde, Ny anunciaba la reapertura del caso. Un periodista sueco preguntó a Borgström cómo era que se estuviera llevando adelante el caso cuando ya había sido cerrado, citando a una de las mujeres que afirmaba que no había sido violada. Borgström respondió: “Ah, pero ella no es abogado.” El abogado australiano de Assange, James Catlin, respondió, “Esto es un hazmerreír… es como si lo fueran preparando a medida que avanzan.”

El día que Marianne Ny volvió a activar el caso, el jefe del servicio de inteligencia militar de Suecia denunció públicamente a WikiLeaks en un artículo titulado “WikiLeaks [es] una amenaza para nuestros soldados.” Assange fue advertido de que el servicio de inteligencia sueco (SÄPO) había sido amenazado por su contraparte en EE.UU. con que lo acuerdos para compartir inteligencia quedarían “interrumpidos” si Suecia protegía a Assange.

Durante cinco semanas, Assange esperó en Suecia a que la nueva investigación siguiera su curso. The Guardian estaba en ese momento a punto de publicar los War Logs de Irak, basados en las revelaciones de WikiLeaks, que Assange debía supervisar. Su abogado en Estocolmo pidió a Ny si tenía alguna objeción a su salida del país. Ella le dijo que era libre de irse.

Inexplicablemente, tan pronto como Assange salió de Suecia –en el apogeo de interés de los medios de comunicación y el público por las revelaciones de WikiLeaks–, Ny emitió una orden de detención europea y una “alerta roja” de Interpol que normalmente se utiliza para terroristas y criminales peligrosos. Publicado en cinco idiomas en todo el mundo, la medida se aseguró el interés de los medios.

Assange se presentó en una comisaría de Londres, fue arrestado y pasó diez días en la prisión de Wandsworth, en régimen de aislamiento. Liberado con una fianza de 340.000 libras; le colocaron un localizador electrónico, con obligación de presentarse a la policía a diario; y fue puesto bajo arresto domiciliario mientras su caso comenzaba un largo periplo hasta la Corte Suprema. A todo esto, todavía no había sido acusado de ningún delito. Sus abogados repitieron su oferta de que Ny lo interrogara en Londres, subrayando que ella le había dado permiso para salir de Suecia, y sugirieron un centro especial de Scotland Yard utilizado para tal fin. Ny se negó.

Katrin Axelsson y Lisa Longstaff, de Mujeres Contra la Violación, escribieron: “Las acusaciones en su contra [Assange] son una cortina de humo detrás de la cual una serie de gobiernos están tratando de tomar medidas drásticas contra WikiLeaks por haber revelado audazmente al público su planificación secreta de guerras y ocupaciones con sus secuelas de violaciones, asesinatos y destrucción… Las autoridades se preocupan tan poco por la violencia contra las mujeres que manipulan las denuncias de violación a voluntad. [Assange] ha dejado claro que está disponible para ser interrogado por las autoridades suecas, en Gran Bretaña o por Skype. ¿Por qué niegan este paso esencial en su investigación? ¿De qué tienen miedo?”.

Esta pregunta quedó sin respuesta a la vez que Ny emitía la orden de detención europea, un producto draconiano de la “guerra contra el terror” supuestamente diseñado para atrapar a terroristas y criminales organizados. La orden de detención europea anula la obligación de un Estado demandante de presentar las pruebas de un delito. Más de un millar de órdenes europeas se emiten cada mes; sólo unas pocas tienen algo que ver con posibles acusaciones de “terrorismo.” La mayoría se emiten por delitos triviales, como cuotas bancarias en mora y multas. Muchas de esas extradiciones comportan meses en prisión sin cargos, y se ha dado un número de impactantes malas prácticas jurídicas involuntarias, de las cuales los jueces británicos han sido muy críticos.

El caso Assange finalmente llegó a la Corte Suprema del Reino Unido en mayo de 2012. En una sentencia que confirmó la orden de detención europea –cuyas rígidas exigencias habían dejado a los tribunales casi sin margen de maniobra– los jueces encontraron que los fiscales europeos podían emitir órdenes de extradición en el Reino Unido sin ningún tipo de supervisión judicial, a pesar de que el Parlamento decidiera lo contrario. Los jueces dejaron claro que el Parlamento había sido “engañado” por el gobierno de Blair. El tribunal se dividió, 5-2, y en consecuencia se decidió en contra de Assange.

Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo, Lord Phillips, cometió un error. Aplicó la Convención de Viena sobre la interpretación del tratado, que autoriza que las prácticas de los Estados anulen la letra de la ley. Como señaló la abogada de Assange Dinah Rose QC, esto no se aplicó a la orden de detención europea.

La Corte Suprema de Justicia sólo reconoció este error crucial cuando abordó otra apelación contra la orden de detención europea, en noviembre del año pasado. La decisión sobre Assange era errónea, pero ya era demasiado tarde para volver atrás.

La elección que tenía ante sí Assange era difícil: por una parte, extradición a un país que se había negado a decir si lo enviaría a EE.UU. o no; por otra parte, buscar lo que parecía su última oportunidad de hallar refugio y seguridad. Con el apoyo de la mayor parte de América Latina, el valiente gobierno de Ecuador le concedió el estatuto de refugiado sobre la base de pruebas documentadas y asesoramiento jurídico de que se enfrentaba a la perspectiva de un castigo cruel e inusual en los EE.UU., que esta amenaza violaba sus derechos humanos básicos, y que su propio gobierno en Australia lo había abandonado en connivencia con Washington. El gobierno laborista de la primera ministra Julia Gillard incluso había amenazado con retirarle su pasaporte.

Gareth Peirce, la renombrada abogada de derechos humanos que representa a Assange en Londres, escribió al entonces ministro de Relaciones Exteriores de Australia, Kevin Rudd: “Teniendo en cuenta el alcance del debate público, a menudo sobre la base de totalmente falsas suposiciones… es muy difícil tratar de preservar para él cualquier presunción de inocencia. Assange tiene colgando sobre sí no una sino dos espadas de Damocles: la potencial extradición a dos jurisdicciones diferentes por dos presuntos delitos diferentes, ninguno de los cuales son delitos en su propio país; y el peligro hacia su propia seguridad personal, en circunstancias políticamente muy cargadas”.

No fue hasta que se comunicó con el Alto Comisionado de Australia en Londres que Peirce recibió una respuesta, la cual no respondía a ninguna de las cuestiones urgentes que planteaba. En una reunión con ella a la que asistí, el cónsul general australiano, Ken Pascoe, hizo la sorprendente afirmación de que sobre los detalles del caso él sabía “sólo lo que leo en los periódicos”.

Mientras tanto, la perspectiva de un grotesco error judicial fue ahogada en una injuriosa campaña contra el fundador de WikiLeaks. Ataques personales, mezquinos, crueles e inhumanos se dirigieron a un hombre no acusado de ningún delito, y sin embargo sometido a un tratamiento que ni siquiera se inflige a un acusado que enfrente extradición por el delito de asesinar a su esposa. Que la amenaza estadounidense hacia Assange era una amenaza a todos los periodistas y a la libertad de expresión fue algo que se les pasó por alto a los sórdidos y ambiciosos.

Se publicaron libros, se firmaron contratos de cine y hubo quien inició una carrera en los medios de comunicación –o la afianzó– a costa de WikiLeaks, basándose en el supuesto de que atacar a Assange era un juego permitido y que éste era demasiado pobre para demandar a sus atacantes. Hay quien ha hecho dinero, a veces grandes cantidades, mientras WikiLeaks luchaba por sobrevivir. El editor de The Guardian, Alan Rusbridger, llamó las revelaciones de WikiLeaks, publicadas por su periódico, “uno de las más grandes primicias periodísticas de los últimos 30 años”, y se convirtieron en parte de su plan de marketing para elevar precio de venta del diario.

Sin que un centavo haya ido a parar a Julian Assange o WikiLeaks, un libro publicado por The Guardian y ensalzado a bombo y platillo sirvió de base para una lucrativa película de Hollywood. Los autores del libro, Lucas Harding y David Leigh, describieron gratuitamente a Assange como “una personalidad dañada” y alguien “despiadado”. También revelaron la contraseña secreta que Assange había dado al periódico, en confianza, con el fin de proteger un archivo digital que contenía los cables de la embajada de EE.UU. Con Assange ahora atrapado en la embajada ecuatoriana, Harding, de pie entre la policía de guardia, se regodeó en su blog diciendo: “Puede que sea Scotland Yard quien ría último.”

La injusticia infringida a Assange es una de las razones por las que el Parlamento finalmente votará a favor de reformar la orden de detención europea. La draconiana fórmula utilizada contra éste no podrá utilizarse de nuevo: se deberán exponer los cargos en contra y un “interrogatorio” será insuficiente para motivar la extradición. “El caso ha sido ganado y cerrado, de cabo a rabo,” me dijo Gareth Peirce, “estos cambios en la ley significan que el Reino Unido reconoce ahora como correcto todo lo que se ha argumentado en su caso. Sin embargo, él no se beneficia. Y la autenticidad de la oferta de refugio de Ecuador no es puesta en cuestión por el Reino Unido o Suecia.”

El 18 de marzo de 2008, se anticipaba la guerra contra WikiLeaks y Julian Assange en un documento secreto del Pentágono preparado por el “Cyber Counterintelligence Assessments Branch”. El documento describía un plan detallado para destruir el sentimiento de “confianza” que constituye el centro de gravedad de WikiLeaks. Este objetivo se lograría con amenazas de “exposición [y] persecución penal.” El objetivo era silenciar y criminalizar esta rara fuente de periodismo independiente, desprestigiando el método.

Parafraseando la conocida frase, “el infierno no conoce furia como la de una gran potencia menospreciada.”

*Es un reportero australiano, vive en Londres.
Fuente: La Haine

Deixe o seu comentario